Las adjudicaciones de contratos temporales de larga duración para puestos de administrativo en el Gobierno de Navarra han provocado un fuerte malestar entre aspirantes y opositores, que denuncian un uso “arbitrario” de los mecanismos de contratación. La polémica ha vuelto a poner el foco en los principios de igualdad, mérito y capacidad dentro del acceso al empleo público.
El origen del conflicto está en la cobertura de vacantes tras los recientes procesos de traslados, un paso habitual antes de una nueva oposición. La elevada oferta de plazas ha generado numerosos movimientos internos y, según explican fuentes afectadas, “las plazas que interesan se cubren, pero muchas otras quedan desiertas”.
El contexto de estas adjudicaciones no es menor. Hace cerca de dos años, la Administración foral impulsó procesos de estabilización para reducir la temporalidad, en línea con la normativa europea.
De esos procesos salieron dos escenarios distintos. Por un lado, quienes lograron una plaza fija. Por otro, quienes no aprobaron pero pasaron a formar parte de listas subsidiarias, que ahora son las que siguen vigentes tras la caducidad de las anteriores de 2019.
Según ese sistema, primero deberían ser llamados los aspirantes que sí superaron pruebas y, después, quienes no lo hicieron. Además, a diferencia de las listas ordinarias, estas listas no caducan hasta la celebración de una nueva oposición.
Sin embargo, varios afectados sostienen que ese orden no se está respetando. Y ahí es donde se concentra buena parte de la indignación.
Las denuncias apuntan a que la Administración no estaría siguiendo el orden fijado en las listas de estabilización. “Se está saltando las listas y llamando a personas de otros ámbitos que no tienen preferencia”, aseguran.
En concreto, los aspirantes críticos con el proceso afirman que se está recurriendo a personas de listas del ámbito sanitario, sometidas a otra normativa, e incluso a candidatos que no participaron en el último proceso de estabilización.
“Se están creando plazas estructurales con personal que no tiene derecho preferente, en detrimento de quienes sí están correctamente posicionados en las listas vigentes”, sostienen.
A su juicio, esta práctica no solo altera el orden legal de adjudicación. También provoca un perjuicio directo a personas con mejor puntuación y más méritos, que estarían siendo desplazadas por otras sin esa posición reconocida.
Uno de los puntos más polémicos está en la llamada prioridad excepcional de llamamiento, una figura que permite que una persona cesada recientemente pueda volver a ser contratada con preferencia durante un periodo breve.
Los denunciantes consideran que este mecanismo se está aplicando de forma irregular. “Se está aplicando a aspirantes que pertenecen a listas de otro organismo, algo que la propia normativa excluye”, advierten.
Según relatan, esta interpretación habría permitido que personas sin puntuación en las listas correspondientes hayan accedido a determinados puestos antes que otros candidatos mejor situados. “En la práctica, alguien sin puntos ha pasado por delante de centenares de aspirantes legítimos”, lamenta uno de los afectados.
La controversia no se ha quedado solo en las quejas verbales. Algunos aspirantes aseguran que advirtieron a la Administración antes de que se resolvieran las adjudicaciones cuestionadas.
“Con 24 horas de antelación presentamos una instancia por registro oficial alertando de lo que iba a ocurrir, pero se ignoró y se siguió adelante con la adjudicación”, explican.
Al menos uno de los afectados ya ha presentado un recurso de alzada para impugnar el proceso. Considera que las actuaciones podrían ser incluso nulas de pleno derecho.
Esta nueva polémica llega además en un momento especialmente delicado en las oposiciones de administrativo en Navarra. El proceso ya venía marcado por el descontento de muchos aspirantes tras los suspensos masivos registrados en la última convocatoria.
En aquel examen, solo un 13% de los aspirantes logró superar la primera prueba. Esa cifra provocó críticas por parte de opositores y sindicatos, que cuestionaron tanto la dureza del examen como varios de sus contenidos.
“Habrá plazas desiertas finalmente. Estamos indignados”, resumía recientemente uno de los aspirantes. Entre las críticas más repetidas figuran la dificultad de las pruebas, la presencia de preguntas fuera de temario y el peso de los psicotécnicos.
“Se está premiando una especie de lotería más que los conocimientos reales”, denuncian. Y esa situación tiene un efecto directo en el funcionamiento del sistema: si hay menos aprobados, también hay menos listas disponibles y aumenta la dependencia de las contrataciones temporales.
Para los afectados, la combinación entre la falta de aprobados y las supuestas irregularidades en los llamamientos dibuja un escenario muy preocupante dentro del empleo público en Navarra.
“Se está vulnerando el orden de las listas para favorecer a determinadas personas, principalmente de otros ámbitos o que no participaron en el proceso”, denuncian.
A su entender, el problema ya no afecta solo a quienes se sienten perjudicados de forma individual. También golpea a la credibilidad del propio sistema, porque se estarían consolidando puestos con criterios cuestionados y aumentando la desconfianza entre los aspirantes.
Mientras los recursos siguen su curso y la Administración no ha dado explicaciones públicas, entre muchos opositores se ha extendido la sensación de que el sistema no está funcionando como debería. Una percepción que, lejos de enfriarse, gana fuerza con cada nueva adjudicación.
