SOCIEDAD
Exigen responsabilidades tras la denuncia de maltrato en una residencia de mayores de Navarra
Reclaman la intervención del Gobierno de Navarra y una investigación inmediata para aclarar los presuntos abusos.

Los socialistas de Fustiñana y Cabanillas han mostrado este fin de semana su firme condena tras la denuncia pública de una extrabajadora de la residencia de mayores del municipio, que ha relatado en televisión presuntos episodios de maltrato, insultos y vejaciones hacia los residentes.
El PSN-PSOE ha reclamado la intervención inmediata del Gobierno de Navarra y una investigación “independiente y rigurosa” que permita aclarar lo sucedido y depurar responsabilidades.
El partido ha exigido también que se convoque con urgencia una reunión con el Departamento de Derechos Sociales para analizar esta “grave situación” y establecer medidas de protección para las personas mayores.
En su comunicado, los socialistas recuerdan que no aceptarán “ninguna forma de abuso, humillación o violencia en los centros de cuidado”, subrayando que los ancianos “merecen respeto, cuidados dignos y una atención que prime siempre su bienestar y dignidad como seres humanos”.
Las declaraciones surgen tras la intervención de María, una extrabajadora de la residencia de Fustiñana, en el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3.
En su testimonio aseguró que los residentes sufrían “gritos, insultos y vejaciones de forma habitual”. La exempleada añadió que lo mostrado en un vídeo difundido por televisión “no es nada” en comparación con lo que, según ella, ocurría a diario: “hay cosas peores”.
La denunciante apuntó además que los abusos eran conocidos por el personal y que la dirección habría prohibido el uso de teléfonos móviles tras descubrir grabaciones internas. “No puedes hacer nada”, señaló, sugiriendo incluso la existencia de vínculos familiares con autoridades locales, lo que, a su juicio, dificultaba la denuncia.
El caso ha generado una gran inquietud tanto en Fustiñana como en Cabanillas, y el PSN ha pedido que se determinen las responsabilidades legales y administrativas que correspondan para garantizar la protección de los mayores y evitar que se repitan este tipo de situaciones.