La regularización extraordinaria de personas extranjeras que el Gobierno prevé activar en abril ha encendido las alarmas de CSIF en Navarra, donde el sindicato ha reclamado refuerzos urgentes de plantilla y una planificación específica para evitar un nuevo atasco administrativo. La central sindical sostiene que el arranque del proceso puede tensionar todavía más unos servicios que ya arrastran una elevada carga de trabajo.
CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha advertido de que el proceso se desarrollará entre el 1 de abril y el 30 de junio y, según las primeras estimaciones trasladadas en reuniones con distintos departamentos, podría recibir entre medio millón y un millón de solicitudes en toda España. Por eso, ha pedido que se refuercen todos los niveles de la Administración afectados y que se compense el esfuerzo extra del personal.
La regularización extraordinaria fue anunciada por el Gobierno en el Consejo de Ministros del 27 de enero. Según la información oficial, está dirigida a personas extranjeras que ya estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025, acrediten al menos cinco meses de estancia y carezcan de antecedentes penales.
En el caso de Navarra, la información oficial difundida por el propio Gobierno foral añade que, además de esos requisitos generales, las personas solicitantes deberán acreditar trabajo o contrato, unidad familiar en determinadas circunstancias o situación de vulnerabilidad. El Ejecutivo navarro también ha precisado que el plazo se prevé para abril y que la solicitud podrá presentarse hasta el 30 de junio.
El sindicato ha avisado de que la presión ya se está dejando notar en el ámbito de Extranjería y de la expedición de documentación, con más demanda y saturación en las oficinas. A juicio de CSIF, esa situación empeorará con la apertura del procedimiento, por lo que insiste en que la Administración no puede afrontar este volumen sin medios humanos suficientes.
Según las informaciones recabadas por la central sindical, el proceso tendrá dos fases: una primera de recogida de solicitudes y documentación, y una segunda de tramitación y resolución de expedientes, que se centralizaría en Vigo. Además, buena parte de las presentaciones presenciales se canalizarían a través de Correos, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, algunas oficinas de la Seguridad Social y otros puntos habilitados.
Mientras tanto, el Gobierno de Navarra ya ha empezado a mover ficha. En febrero editó un folleto informativo y organizó sesiones para trasladar información oficial a entidades y personas migrantes, y esta misma semana ha reforzado la coordinación con la FNMC ante un proceso que, según admite el propio Ejecutivo foral, movilizará a miles de personas en la Comunidad foral.
El debate también ha llegado al Congreso de los Diputados. El pasado 18 de marzo, la Cámara aprobó una moción del PP para instar al Gobierno a renunciar a esta regularización, con el apoyo de Vox, Junts y UPN, mientras el PSOE defendió que el procedimiento se enmarca en la iniciativa legislativa debatida en los últimos años y que cumple las reglas europeas.
Como contexto, Funcas estimó en enero que la población extranjera en situación irregular en España pudo alcanzar las 840.000 personas a comienzos de 2025, frente a las 107.000 calculadas en 2017. Ese escenario explica la dimensión del proceso que ahora se prepara y la advertencia lanzada por CSIF sobre el riesgo de colapso si no llegan refuerzos a tiempo.
