La regularización extraordinaria de personas extranjeras que el Gobierno prevé activar en abril ha encendido las alarmas de CSIF en Navarra, donde el sindicato ha reclamado refuerzos urgentes de plantilla y una planificación específica para evitar un nuevo atasco administrativo.
La central sindical sostiene que el arranque del proceso puede tensionar todavía más unos servicios que ya arrastran una elevada carga de trabajo.
La regularización extraordinaria fue anunciada por el Gobierno en el Consejo de Ministros del 27 de enero. Según la información oficial, está dirigida a personas extranjeras que ya estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025, acrediten al menos cinco meses de estancia y carezcan de antecedentes penales.
En el caso de Navarra, la información oficial difundida por el propio Gobierno foral añade que, además de esos requisitos generales, las personas solicitantes deberán acreditar trabajo o contrato, unidad familiar en determinadas circunstancias o situación de vulnerabilidad. El Ejecutivo navarro también ha precisado que el plazo se prevé para abril y que la solicitud podrá presentarse hasta el 30 de junio.
CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas,ha reclamado en Navarra un refuerzo urgente de plantillas y una planificación adecuada del trabajo ante el inminente proceso extraordinario de regularización de extranjeros que arrancará el 1 de abril. El sindicato, mayoritario en la función pública, ha advertido de que la Administración se enfrenta a un procedimiento de gran impacto sin los medios humanos ni materiales necesarios.
La organización sindical ha exigido que se diseñen con antelación los procedimientos y que se establezcan compensaciones por objetivos en todos los ámbitos afectados. Todo ello, según ha explicado, ante la previsión del Gobierno de recibir entre medio millón y un millón de solicitudes en el conjunto del país desde el próximo martes.
En el caso de Navarra, CSIF ha señalado que, según las estimaciones del Gobierno foral, este proceso podría afectar a alrededor de 10.000 personas. Además, ha recordado que la población total de la Comunidad foral supera los 686.000 habitantes, de los que unas 138.752 personas son de nacionalidad extranjera.
A juicio del sindicato, esta regularización extraordinaria alcanzará a una parte relevante de la comunidad migrante residente en Navarra. Por eso, ha insistido en que la planificación previa resulta clave para evitar problemas tanto en la atención pública como en la carga de trabajo de las plantillas.
CSIF ha asegurado que ha sido informada de que la mayoría de las oficinas de Extranjería quedarán fuera del proceso de recepción de solicitudes. Según ha indicado, tras una reunión mantenida con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, las oficinas implicadas serán únicamente las de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Islas Baleares, Murcia, Málaga, Almería y Bizkaia.
Eso deja fuera a la oficina de Extranjería de Navarra, una situación que, según el sindicato, ha generado desconcierto y malestar entre los trabajadores y trabajadoras. CSIF ha denunciado además que la Administración no está cumpliendo el principio de igualdad de trato entre funcionarios.
El sindicato también ha advertido de las dificultades que tendrán los solicitantes para presentar la documentación. Según ha explicado, las solicitudes solo podrán entregarse en la oficina principal de la Seguridad Social y únicamente en horario de tarde.
Esa limitación, siempre según CSIF, puede provocar que muchas personas recurran a otras entidades autorizadas para tramitar su expediente. El sindicato ha alertado de que esa situación puede favorecer un posible mercadeo por parte de personas o empresas no autorizadas.
Por su parte, CSIF ha vuelto a denunciar la falta de previsión y de organización de la Administración ante un proceso de gran envergadura. A su entender, no se han previsto ni los recursos humanos ni los medios materiales necesarios para afrontar con garantías esta regularización extraordinaria.
Ante esta situación, el sindicato ha insistido en la necesidad de adoptar medidas inmediatas para asegurar una atención correcta a la ciudadanía y unas condiciones laborales dignas para los empleados públicos. Además, ha solicitado una reunión urgente con la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría Jaime, para abordar este problema y buscar una solución.
Mientras tanto, el Gobierno de Navarra ya ha empezado a mover ficha. En febrero editó un folleto informativo y organizó sesiones para trasladar información oficial a entidades y personas migrantes, y esta misma semana ha reforzado la coordinación con la FNMC ante un proceso que, según admite el propio Ejecutivo foral, movilizará a miles de personas en la Comunidad foral.
El debate también ha llegado al Congreso de los Diputados. El pasado 18 de marzo, la Cámara aprobó una moción del PP para instar al Gobierno a renunciar a esta regularización, con el apoyo de Vox, Junts y UPN, mientras el PSOE defendió que el procedimiento se enmarca en la iniciativa legislativa debatida en los últimos años y que cumple las reglas europeas.
Como contexto, Funcas estimó en enero que la población extranjera en situación irregular en España pudo alcanzar las 840.000 personas a comienzos de 2025, frente a las 107.000 calculadas en 2017. Ese escenario explica la dimensión del proceso que ahora se prepara y la advertencia lanzada por CSIF sobre el riesgo de colapso si no llegan refuerzos a tiempo.
