El Hogar del Jubilado Bonaparte, en el barrio bilbaíno de Santutxu, ha quedado envuelto en una fuerte polémica después de que la Ertzaintza haya advertido a sus responsables de que sus habituales tardes de bingo podrían derivar en una sanción de hasta 60.000 euros.
Lo que para muchos de sus usuarios ha sido durante años una actividad cotidiana y casi doméstica, para la normativa vigente puede constituir una infracción grave. La intervención policial ha sembrado la inquietud en un centro que cuenta con alrededor de 2.400 socios y que ahora teme perder una de sus propuestas más asentadas.
La situación se ha desencadenado tras una denuncia presentada por un local de juego profesional cercano. A raíz de ese aviso, hace apenas dos semanas, tres agentes de la policía autonómica se han personado en el centro para comunicar a la directiva que jugar con dinero, aunque sea una cantidad mínima, no está permitido en locales no autorizados.
El aviso ha sido directo. Según han trasladado los agentes, si el centro mantiene esta práctica podría enfrentarse a sanciones administrativas que alcanzarían los 60.000 euros. El origen del problema está en que los cartones se venden por un precio simbólico de 20 céntimos, una cantidad mínima que, sin embargo, introduce un intercambio económico.
La actuación se apoya en el Reglamento General del Juego en Euskadi, que establece que este tipo de actividades solo pueden celebrarse en salas autorizadas, con cartones homologados y con controles de acceso estrictos. La misma norma, no obstante, sí recoge una excepción para los juegos de “puro pasatiempo o recreo” con fines sociales o familiares.
Ahí es donde se ha abierto el gran debate. El Departamento de Seguridad no ha aclarado si ese bingo de 20 céntimos puede encajar en esa excepción legal, ya que existe movimiento de dinero, aunque sea simbólico y aunque no haya ánimo de lucro. Esa falta de concreción ha dejado al centro en una situación de plena incertidumbre.
Entre los usuarios, la reacción no se ha hecho esperar. Muchos de los asistentes sostienen que estas partidas no son un negocio ni una actividad de juego comparable a la de una sala profesional, sino una fórmula para socializar, combatir la soledad, mantenerse ocupados y ejercitar la mente.
En un entorno como el de un hogar de jubilados, defienden, el valor de estas tardes va mucho más allá del premio. Para muchos mayores se trata de una rutina social, de un punto de encuentro y de una manera sencilla de salir de casa y compartir tiempo con otras personas.
La presidenta del centro, Rosa Raimundo, ha mostrado públicamente su incomprensión ante la medida. Ha defendido que esta práctica es habitual en muchos centros de mayores del país y ha insistido en que no existe beneficio económico detrás de las partidas.
Raimundo ha subrayado además que la finalidad principal de esta actividad es evitar que los jubilados permanezcan aislados en sus casas. “Los usuarios solo vienen para entretenerse. ¿Qué estamos haciendo mal?”, ha planteado, reflejando el malestar que se ha extendido entre los socios tras la visita policial.
Después del aviso de la Ertzaintza, la directiva ha optado por actuar con prudencia. Por ahora, ha decidido mantener únicamente la partida de los lunes, una decisión tomada con cautela mientras persiste el temor a que esta tradición pueda desaparecer.
El caso ha abierto en Santutxu un debate de fondo que trasciende el propio bingo. De un lado está la aplicación estricta de la ley y la protección del sector del juego autorizado. Del otro, la función social que cumplen estas actividades en los hogares de jubilados, donde una partida de 20 céntimos puede representar mucho más que un simple juego.
