El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción para impulsar la implantación del sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) en toda la Comunidad foral, con la idea de reforzar la recogida separada y cumplir los objetivos que marcan el Plan de Residuos y la normativa vigente.
El SDDR funciona con una mecánica sencilla: el consumidor paga un importe extra al comprar un envase y recupera esa cantidad cuando lo devuelve vacío. El sistema pretende aumentar la devolución de latas y botellas y reducir el abandono de envases en la vía pública.
La iniciativa la han presentado conjuntamente PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. En la votación, UPN y PPN se han abstenido, mientras que Vox y la parlamentaria no adscrita han votado en contra.
La moción ha llegado al pleno tras una prueba piloto desarrollada en Sangüesa entre junio y agosto de 2025. En ese periodo se recogieron 237.789 latas y botellas de plástico, con un 82% de retorno, según los datos trasladados al Parlamento.
El texto aprobado también defiende que la implantación del SDDR en Navarra será beneficiosa para los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, al facilitar el cumplimiento de su responsabilidad ampliada del productor (RAP) y permitir inversiones “seguras y controladas” a menor escala, con opción de replicarlas después.
Además, el Parlamento ha emplazado al Gobierno de Navarra a adoptar los acuerdos e iniciativas necesarios, dentro de sus competencias, para desplegar el SDDR en toda la Comunidad foral. La resolución plantea incluso modificar, si hiciera falta, el Plan de Residuos de Navarra para incorporar este modelo de recogida de envases.
Por último, el Legislativo ha acordado trasladar estas resoluciones a las entidades locales competentes en la recogida de residuos y al Consorcio de Residuos de Navarra, para que tengan en cuenta la posición favorable de la Cámara.
Durante el debate, UPN ha presentado dos enmiendas que no han sido aceptadas por los grupos proponentes. La formación pedía un informe técnico y económico detallado antes de cualquier decisión general, y la creación de una mesa técnica con la FNMC, mancomunidades y asociaciones de comercio y hostelería, para buscar consenso y evitar que la financiación recaiga en ayuntamientos o consumidores.
