El departamento de Educación propone cambiar de centro al agresor para siempre, nuevos protocolos y más protección a las víctimas.
El acoso escolar ha vuelto a colocar a Navarra frente al espejo tras el doloroso suceso de Cintruénigo, donde ha muerto Sara, una joven de 17 años, después de años de bullying en el instituto, según ha denunciado su familia. La localidad ha quedado conmocionada y ha convocado una concentración silenciosa, mientras los padres han explicado que, de momento, no han acudido a la Policía, aunque no han descartado acciones.
En ese contexto, Navarra ha planteado endurecer su respuesta ante el acoso escolar y el ciberacoso con el proyecto del nuevo Decreto Foral de Convivencia, que ha remitido al Portal de Transparencia para recibir aportaciones.
La propuesta ha sustituido al decreto vigente desde 2010 e ha introducido medidas orientadas a reforzar la convivencia escolar y la protección de las víctimas. Entre las más llamativas, el texto ha fijado que el alumnado que participe como agresor en situaciones de acoso o ciberacoso deberá abandonar de forma definitiva el centro educativo en el que haya protagonizado esas conductas.
El nuevo decreto ha contemplado el traslado de centro para el estudiante responsable de conductas graves de maltrato entre iguales, violencia contra las mujeres o agresiones especialmente graves contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
La medida deberá contar con el visto bueno de la Dirección General de Educación, tras escuchar al Consejo Escolar del centro. Según el planteamiento del documento, el objetivo ha sido proteger a la víctima y facilitar la recuperación de su bienestar emocional en su entorno habitual.
El traslado se realizará preferentemente dentro de la misma red de centros y la misma modalidad lingüística. De forma excepcional, si no se han podido garantizar condiciones adecuadas de escolarización en otro centro, se podrá suspender el derecho de asistencia durante quince días lectivos, aplicando medidas de protección para las víctimas.
En el caso de alumnado mayor de edad, el proyecto también ha previsto la posibilidad de rescindir la matrícula. El texto ha enmarcado estas decisiones en un esquema de actuación para frenar conductas graves y evitar que la víctima tenga que cambiar su vida escolar para sentirse a salvo.
El decreto ha incorporado además por primera vez la salud mental y el malestar socioemocional como factores relacionados con la convivencia. También ha definido y diferenciado el conflicto del acoso e ha incluido tipologías de violencia como la racial o xenófoba, la LGTBI+fobia, la violencia contra las mujeres o la discriminación por discapacidad.
La norma ha previsto un protocolo específico de evaluación e intervención ante sospechas de acoso entre iguales. Se activará cuando cualquier miembro de la comunidad educativa comunique una posible situación y formará parte del Plan de Convivencia integrado en el Proyecto Educativo de cada centro.
Educación ha justificado la actualización normativa por la elevada prevalencia de conflictos y casos de acoso escolar detectados en los últimos estudios en la comunidad foral. Y lo ha hecho mientras el caso de Cintruénigo ha reabierto una pregunta incómoda: ¿se ha llegado tarde en demasiadas ocasiones?
Un estudio presentado en noviembre de 2025 ha reflejado un incremento del 6% en los casos de acoso escolar respecto al curso 2022-2023. En ese análisis, basado en una muestra voluntaria y anónima de 15.544 estudiantes, el 48,4% del alumnado ha afirmado haber sufrido acoso escolar presencial.
Otra investigación posterior, realizada en el curso 2024-2025 con 3.410 estudiantes y 1.481 docentes, ha indicado además que el 46% del alumnado reconocía haber realizado alguna conducta de bullying presencial, más de diez puntos por encima del 32% registrado en 2023, lo que ha evidenciado una tendencia creciente y considerada preocupante por los responsables educativos.
