La segunda fase del Canal de Navarra ha dado ahora un paso clave, pero lo ha hecho después de años de retrasos y promesas incumplidas. El Consejo de Administración de Canasa ha aprobado los precios máximos y la relación de bienes y derechos afectados por las obras, un trámite imprescindible que llega con la Ribera cansada de esperar.
La decisión se ha adoptado en la sesión celebrada el lunes 16 de marzo de 2026 en Artajona. Sobre la mesa han quedado ya fijados los importes para abordar unas 1.500 expropiaciones, un movimiento que acerca la futura licitación, aunque vuelve a evidenciar que la infraestructura sigue avanzando más despacio de lo que se había anunciado.
Este acuerdo fija el marco económico para negociar de forma amistosa con los propietarios afectados y da cobertura jurídica al procedimiento. Las afecciones se reparten por municipios de la Ribera Navarra como Pitillas, Ujué, Santacara, Mélida, Valtierra, Arguedas, Tudela, Corella, Cintruénigo, Cascante y Tulebras, además del territorio de las Bardenas Reales.
Los terrenos afectados incluyen regadío, secano, frutales, frutos secos, olivar, huertas y pastos. También se verán implicadas edificaciones, zonas urbanas y cauces de ríos o corrientes, lo que da idea de la magnitud territorial que sigue teniendo esta segunda fase en la Ribera.
El importe máximo estimado para adquirir los bienes y derechos necesarios asciende a 5.845.151,60 euros. A esa cifra se añade una previsión extra del 30% para contingencias e indemnizaciones complementarias, de modo que el presupuesto máximo aprobado alcanza los 7.598.697,08 euros.
Canasa considera que este paso era previo e imprescindible para poder avanzar con garantías hacia la licitación definitiva de las obras durante este 2026. El proyecto constructivo, además, ya había sido aprobado por la Dirección General del Agua del MITECO el 13 de noviembre de 2025, por lo que el foco vuelve a ponerse ahora en que el proceso deje de encadenar demoras.
Y ahí está precisamente la clave política y económica del momento. La segunda fase del Canal de Navarra no solo se sigue presentando como una infraestructura estratégica, sino también como una obra que acumula demasiados aplazamientos para una zona que lleva años esperando el agua prometida.
Esta fase debe completar una infraestructura hidráulica pensada hace décadas para llevar agua desde Itoiz hasta la Ribera Tudelana y otras zonas del sur de Navarra. Su ejecución permitirá poner en riego hasta 20.214 hectáreas adicionales, distribuidas en 11 sectores, además de reforzar el abastecimiento de agua de boca de calidad en distintos núcleos de población.
El proyecto también se sostiene sobre una expectativa económica muy alta para la Ribera Navarra. Las previsiones apuntan a una mejora de la productividad agraria, más capacidad para introducir cultivos de mayor valor, mayor resistencia frente a la sequía y un impulso relevante para fijar población y atraer actividad.
Sin embargo, el problema lleva tiempo siendo el mismo: los plazos no se han cumplido. Agricultores, regantes, ayuntamientos de la Ribera y empresarios locales han venido denunciando que cada nuevo retraso frena inversiones, resta competitividad y prolonga una espera que para muchos ya resulta difícil de justificar.
La frustración del sector no ha surgido ahora. Durante los últimos meses se habían sucedido los avisos por el nuevo aplazamiento de la licitación, primero prevista para 2025 y después desplazada a 2026, en un contexto marcado por trámites administrativos, ajustes financieros y cambios de calendario que han ido enfriando las expectativas iniciales.
El respaldo financiero, en cualquier caso, parece encarrilado. El Banco Europeo de Inversiones aprobó en enero de 2026 un préstamo de 228 millones de euros para financiar parcialmente esta segunda fase, aunque antes de licitar las obras todavía debe cerrarse un nuevo convenio entre el Ministerio y el Gobierno de Navarra.
Sobre el papel, el horizonte sigue siendo ambicioso. El coste total de esta fase ronda los 373 millones de euros y la previsión es que, una vez arrancadas las obras, puedan completarse en unos cuatro años para que la infraestructura entre en funcionamiento antes de 2030.
Por eso, el acuerdo aprobado ahora con las expropiaciones se interpreta como una señal positiva, pero todavía insuficiente para despejar todas las dudas. La Ribera Navarra espera que este nuevo avance no se quede en otro anuncio previo y que la licitación llegue por fin este año para una obra que ha acumulado ya demasiado retraso.
