Los colectivos sociales, políticos y sindicales se han mostrado contrarios a las penas de cárcel "totalmente desproporcionadas e injustificables".
Diferentes colectivos sociales, políticos y sindicales juveniles han rechazado este martes el tratamiento jurídico y mediático del conocido como 'caso Alsasua' y han exigido justicia para los imputados que se enfrentan, en su opinión, a penas de cárcel "totalmente desproporcionadas e injustificables".
En un acto celebrado en El Sario han mostrado su apoyo a los encausados, sus familiares y todo Alsasua, según señalan en un comunicado, en el que han recordado que permanecen en la cárcel tres de los jóvenes que fueron acusados de terrorismo por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas, en lo que consideran un "altercado en un bar" ocurrido el 15 de octubre de 2016.
Denuncian que esos jóvenes "no han tenido derecho a la intimidad", ya que sus identidades fueron publicadas, así como que se les detuvo "sin citación judicial, en lugares y horarios públicos a pesar de haberse personado anteriormente y de forma voluntaria a declarar".
A eso añaden que se les "ha negado el derecho al juez natural", que "se les han negado garantías procesales como el derecho a la defensa, individualización de las responsabilidades, interpretaciones no extensivas de la Ley, proporcionalidad o la no arbitrariedad".
En esa línea indican que los máximos órganos institucionales de Navarra se han posicionado en contra de la calificación de los hechos como delito de terrorismo y han instado a que la causa sea instruida la Comunidad Foral.
Tras opinar que el tratamiento tanto jurídico como mediático de estos hechos "denota un intento de criminalización de la juventud de Alsasu", llaman a la concienciación de todos los jóvenes al respecto y se suman a las voces que reclaman "proporcionalidad, justicia y equidad".
Sus demandas se recogen en un manifiesto en el que denuncian que los hechos sean juzgados en la Audiencia Nacional bajo la tipificación de delito terrorista, con una petición de penas de cárcel por parte de la Fiscalía y acusaciones "totalmente desproporcionadas e injustificables".
Además rechazan "el enorme interés que ha habido desde determinados sectores por politizar el caso y darle un carácter terrorista que de ningún modo tiene, mostrando una imagen distorsionada del pueblo y sus jóvenes", de quienes ponen en valor "la solidaridad y la capacidad movilizadora y participativa mostrada para con sus vecinos".
