La crisis del empleo en Navarra se agrava con la sucesión de anuncios de cierres y expedientes de regulación que afectan a distintas empresas del territorio. Tras la reciente confirmación del cierre de Nano Automotive en Tudela y de BSH en Esquíroz, ahora es Geoalcali, promotora del proyecto Mina Muga, la que se suma a la lista de compañías afectadas, con la presentación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que impactará a su plantilla, compuesta por aproximadamente 30 trabajadores.
La medida, que se aplicará del 1 al 31 de marzo, responde a la "inseguridad jurídica" derivada de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) de septiembre de 2024, que dictaminó que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) debía firmar el permiso de la mina en lugar del Gobierno de Navarra.
Según la empresa, este nuevo contratiempo pone en jaque el futuro de Mina Muga, un proyecto clave para la economía local, con una inversión prevista de más de 700 millones de euros y el potencial de generar hasta 7.000 empleos directos e indirectos.
La empresa ha comunicado a sus empleados que este miércoles comenzará el periodo de consultas para negociar los términos del ERTE. Según ha informado Geoalcali, la paralización del proyecto Mina Muga tiene un impacto económico y social considerable. La compañía ha estimado que la pérdida de oportunidad derivada de este bloqueo asciende a 3.800 millones de euros en pagos a proveedores y 1.246 millones de euros en ingresos fiscales.
El proyecto minero, que había obtenido más de 42 permisos favorables y había superado 14 trámites de información pública, se encuentra en una situación crítica debido a la incertidumbre regulatoria. En una entrevista con Servimedia, el Secretario de Estado de Transición Energética, Hugo Morán, reconoció que, aunque el procedimiento de evaluación ambiental de Mina Muga se había completado satisfactoriamente, "cuando un procedimiento se judicializa, resulta temerario anticipar qué se puede hacer o dejar de hacer".
Ante este panorama, Geoalcali ha solicitado una reunión urgente con el MITECO para encontrar una solución administrativa que permita retomar el desarrollo del proyecto. La empresa insiste en que Mina Muga tiene el potencial de generar hasta 7.000 empleos directos e indirectos durante su construcción y explotación, consolidándose como un motor estratégico para la economía de la región.
La paralización definitiva de la mina también podría afectar gravemente a la cadena de suministro y a las economías locales de Navarra y Aragón, donde se desarrolla el proyecto. Además, la falta de seguridad jurídica ha generado inquietud entre los inversores asiáticos, quienes comprometieron una financiación de 500 millones de euros, condicionada a la resolución del conflicto antes del 31 de marzo.
El pasado lunes, el CEO de Geoalcali, Ignacio Salazar, y el consejero de la empresa, Sixto Jiménez, se reunieron con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y el consejero de Industria y Transición Ecológica, Mikel Irujo, para abordar la situación. Durante el encuentro, trasladaron su preocupación por el futuro del proyecto y la urgencia de encontrar una solución administrativa que garantice su viabilidad.
El Gobierno de Navarra y Geoalcali han mantenido varias reuniones para tratar de desbloquear la situación. La sentencia del TSJN señalaba un defecto de forma en la asignación de competencias entre Navarra y el Gobierno central, lo que ha llevado al proyecto a un estado de parálisis a pesar del respaldo del Ejecutivo Foral. La empresa ha reiterado que, a pesar de 12 años de tramitación, la inseguridad jurídica ha puesto en riesgo una inversión de más de 700 millones de euros y la viabilidad del proyecto.
Mina Muga es una iniciativa de extracción de potasa, situada en los términos municipales de Sangüesa y Javier (Navarra), así como en Undués de Lerda (Aragón). Es promovida por la empresa Geoalcali S.L.U., filial de Highfield Resources Ltd., y está considerada como el mayor proyecto minero de España, con una inversión superior a 150 millones de euros hasta la fecha.
Sus impulsores destacan que el proyecto supondrá un importante impulso socioeconómico, contribuyendo a la fijación de población en zonas rurales afectadas por la despoblación. Además, recalcan que Mina Muga producirá potasa, un mineral estratégico clave para la agricultura y la industria química.
El pasado 29 de enero, en Madrid, se celebró una reunión entre la vicepresidenta del Gobierno central, Sara Aagesen, y la presidenta María Chivite, en la que ambas reafirmaron su compromiso de colaboración. En el encuentro, se abordó la situación de Mina Muga, considerándolo un proyecto de prioridad estratégica para la economía local y la lucha contra la despoblación.
El CEO de Geoalcali, Ignacio Salazar, agradeció el apoyo institucional y subrayó la importancia de resolver cuanto antes el bloqueo administrativo. "Estamos muy agradecidos con el respaldo del Gobierno y de la Presidenta. En este momento es clave que todas las partes trabajemos juntas para que esta inversión de 500 millones de euros que ya hemos alcanzado pueda finalmente materializarse en el territorio", afirmó.
