Los permisos por asuntos propios en Educación han generado una fuerte polémica este mes tras la denuncia del sindicato CSIF, que ha alertado de la aplicación “ilegal y restrictiva” que, según asegura, está realizando el Departamento de Educación. La organización afirma que numerosos docentes han comunicado dificultades para ejercer un derecho reconocido por ley.
CSIF ha explicado que las instrucciones vigentes están limitando el uso normal de los permisos por asuntos particulares en educación y que, además, están obligando a los equipos directivos a aplicar medidas que no se ajustan a la normativa laboral. Entre ellas, que compañeros del mismo departamento asuman horas del docente ausente sin figurar en su horario oficial.
El sindicato ha señalado una situación especialmente grave: casos en los que la concesión del permiso quedaba supeditada a la recuperación posterior de los días solicitados. Según CSIF, esta práctica convierte un derecho en una obligación añadida y genera una “inseguridad jurídica inaceptable” para el profesorado navarro.
Estas instrucciones, apunta el sindicato, también están provocando tensión en los equipos directivos, que deben cumplir indicaciones de Inspección Educativa que consideran contrarias a la legislación vigente. CSIF recuerda que los docentes están amparados por decretos forales y leyes que reconocen estos derechos sin condicionantes adicionales.
Tras conocer las últimas instrucciones enviadas a los centros por la Dirección General de Personal e Infraestructuras, CSIF ha interpuesto un recurso al entender que imponen requisitos que no aparecen en ninguna norma superior. La central defiende que las instrucciones administrativas no pueden restringir derechos ni introducir obligaciones no previstas en la ley.
Por ello, el sindicato exige modificar de inmediato la instrucción que limita los permisos por asuntos particulares en educación, así como eliminar cualquier condición ilegal como recuperaciones, permutas u otras obligaciones añadidas. CSIF asegura que actuará “con firmeza”, incluida la vía judicial, para garantizar la protección de los derechos del profesorado.
