El Gobierno de Navarra incluirá en la futura ley sanitaria una fórmula para desplazar médicos a zonas con carencias asistenciales concretas.
El Departamento de Salud ha defendido este lunes uno de los puntos más delicados del futuro anteproyecto de la ley foral de Salud de Navarra: la posibilidad de desplazar a profesionales sanitarios a otros puntos de la Comunidad foral en situaciones concretas para evitar que sean los pacientes quienes tengan que recorrer kilómetros hasta Pamplona.
El consejero de Salud, Fernando Domínguez, y el director general de Salud, Antonio López, han presentado los avances de un texto que ya se ha publicado en el portal de participación, junto al informe de las aportaciones recibidas durante el proceso. Según han explicado, se han considerado cerca de 1.000 aportaciones, mientras la norma sigue ahora su recorrido administrativo antes de llegar al Parlamento de Navarra.
Uno de los aspectos que más atención ha concentrado ha sido la llamada movilidad de profesionales. Domínguez ha querido rebajar el alcance de la medida y ha insistido en que no supondrá trasladar de manera habitual a sanitarios de un lugar a otro. “No significa que vayamos a estar moviendo a los profesionales de un lado para otro”, ha asegurado, antes de precisar que se aplicará “en casos muy concretos” en los que falten profesionales en determinados sitios y se quiera evitar que sean los pacientes quienes tengan que desplazarse.
La idea, según ha resumido el consejero, parte de un criterio que considera evidente. “Lo más fácil, es de sentido común, es que se desplace el profesional”, ha señalado. Aun así, ha querido dejar claro que esa movilidad estará acotada y sometida a reglas. “Va a ser una movilidad que va a estar regulada y va a ser negociada. Van a seguir prevaleciendo la contratación y la voluntariedad”, ha afirmado.
Además, el titular de Salud ha detallado que el sistema incluirá incentivos para quienes acepten esos desplazamientos. “Primero, lógicamente, se pagará el desplazamiento y, además, el tiempo empleado en el desplazamiento se considerará como parte de la jornada laboral”, ha explicado. En los casos en los que no exista voluntariedad, ha añadido, se aplicarán criterios objetivos y pactados. “Cuando no haya esa voluntariedad, se establecerán criterios objetivos, pactados, como la edad, la experiencia, para decidir qué profesional es el que se mueve”.
Domínguez ha enmarcado esta medida como una herramienta excepcional y ha considerado que afectará casi exclusivamente al estamento médico y a muy pocas especialidades. “Esta movilidad va a afectar prácticamente de forma exclusiva al estamento médico y a muy pocas especialidades, y va a ser excepcional”, ha dicho. A su juicio, la Administración necesita respaldo legal para poder actuar en momentos puntuales: “La Administración precisa un soporte legal que le permita, en un momento determinado, movilizar profesionales y recursos allá donde hagan falta”.
El consejero también se ha referido a la recepción que ha tenido este planteamiento tanto en el ámbito sindical como en el político. Ha recordado que hace unas semanas estas cuestiones se llevaron a la mesa sectorial y que los sindicatos no respaldaron todo el texto, sobre todo por la naturaleza jurídica del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Sin embargo, ha señalado que, una vez confirmada su configuración como órganos autónomos, algunas centrales ya han mostrado su conformidad.
En el terreno parlamentario, Domínguez ha afirmado que el Gobierno cree contar con apoyos suficientes para sacar adelante la ley. Aun así, ha señalado que seguirán buscando más respaldos. “Seguiremos trabajando para conseguir los apoyos de aquellos grupos que han manifestado silencio, porque no han dicho ni sí ni no”, ha afirmado. Todo ello después de que EH Bildu anunciara el pasado viernes que había presentado varias propuestas para desbloquear la tramitación del anteproyecto.
Junto a este debate sobre la movilidad, el consejero ha reconocido que el Departamento no ha encontrado los apoyos necesarios para sacar adelante la reforma de la atención en las urgencias rurales. “Lamentablemente, tengo que ser realista, y esa propuesta no tiene el consenso que necesita, porque tiene que pasar por el Parlamento”, ha admitido. Según ha explicado, la iniciativa no cuenta ahora mismo con respaldo suficiente ni a nivel político, ni entre los profesionales, ni tampoco en el ámbito municipal.
Aun así, ha matizado que algunas voces sí han entendido la necesidad de introducir cambios. Algunos profesionales, incluso más de los que esperaba, le han trasladado su acuerdo a título individual, y también algunos alcaldes han comprendido la reforma, aunque el consejero ha reconocido que explicar ese planteamiento a la población no siempre resulta sencillo.
Más allá de esta cuestión, la nueva ley quiere redefinir de forma amplia la organización del sistema sanitario navarro. Antonio López, que ha liderado el proceso de elaboración del anteproyecto, ha explicado que el objetivo pasa por reorganizar territorialmente los recursos para ganar en equidad y en eficiencia, introducir sistemas de rendición de cuentas, incorporar nuevas tecnologías y nuevas prestaciones, y dotar de una mayor autonomía a los organismos sanitarios públicos.
López ha resumido esa filosofía con una idea central: “El objetivo principal” de la ley es “priorizar a la ciudadanía en el centro del sistema sanitario de manera global”, de forma que toda la organización, los recursos, la territorialidad y los circuitos asistenciales se ordenen en función de “las necesidades reales de las personas”.
Uno de los cambios más destacados del texto es la configuración de un nuevo mapa sanitario para Navarra, que quedará estructurado en un área única de salud, ocho distritos sanitarios y zonas básicas de salud. Según ha explicado el director general, ese nuevo esquema permitirá que toda la Comunidad foral funcione como un único marco de referencia para planificar, gestionar y evaluar los servicios y recursos sanitarios.
A ello se sumará, según López, una mayor capacidad organizativa en los centros y servicios. “Apostamos por la introducción del concepto de autonomía de gestión de los centros y servicios”, ha indicado, de forma que cuenten con contratos programa y pactos de gestión como fórmulas de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Además, se contempla la evaluación del desempeño de los profesionales, ligada a posibles incentivos vinculados a objetivos medibles.
En el apartado asistencial, la futura ley incorpora de forma expresa materias que no figuraban como tales en la norma vigente desde 1990. Entre ellas aparecen la atención sociosanitaria, la salud mental, la salud sexual y reproductiva, la salud bucodental y todo lo relacionado con una muerte digna, los cuidados paliativos y la eutanasia.
El texto ha llegado hasta este punto después de un largo recorrido. Según ha detallado Domínguez, tras la presentación de un primer borrador en septiembre de 2024, se abrió un periodo de cuatro meses de participación y exposición pública en el que se recogieron alrededor de un millar de aportaciones. Una vez analizadas una a una, el Departamento ha vuelto a redactar el documento incorporando aproximadamente la mitad.
A partir de ahora, el anteproyecto deberá superar nuevos trámites antes de su registro en la Cámara foral. Entre ellos figuran informes de la Dirección General de Función Pública, del Instituto Navarro para la Igualdad, de la Oficina de Cambio Climático y de la Dirección General de Presupuestos. Después pasará por el Consejo Navarro de Salud, la Comisión de Régimen Local y la consulta a los secretarios generales técnicos de todos los departamentos, antes de regresar al Gobierno y ser remitido al Consejo de Navarra.
El Departamento de Salud confía en poder registrar la ley antes de que termine el mes de junio, aunque el consejero ha reconocido que los plazos ya no dependen exclusivamente de su área. Con ese horizonte, el Ejecutivo trata de sacar adelante una norma que quiere reorganizar la sanidad navarra con una idea de fondo muy clara: acercar la atención a la ciudadanía y evitar, siempre que sea posible, que el peso de los desplazamientos recaiga en el paciente.
