Unión del Pueblo Navarro ha responsabilizado al alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, por el “chanchullo de Maristas” que deja tirados a un centenar de familias adjudicatarias de vivienda protegida. “Quienes presumen del derecho a la vivienda la están convirtiendo en un negocio para unos pocos abandonando a quienes necesitan una vivienda protegida”, han reprochado.
Los regionalistas han denunciado “otro nuevo retraso en el inicio de obra, más incumplimientos y más sobrecostes y riesgos económicos que se suman a la larga cadena de irregularidades y deficiencias en la promoción de 108 viviendas protegidas en la manzana de Maristas de Pamplona.
UPN ha recordado que seis años después de que los representantes de EH Bildu, de la mano de la promotora Arrasate, presentasen la recalificación urbanística de Maristas, “se observa que no se ha iniciado la construcción de las viviendas protegidas prometidas al tiempo que las viviendas de lujo de alta gama están a punto de finalizarse. Entre tanto, se vuelve a incumplir el enésimo plazo de inicio de obra comprometido por la promotora el pasado 30 de abril”.
Además, los regionalistas han lamentado que “casi una cuarta parte de los adjudicatarios de vivienda protegida se han visto obligados a renunciar ante la amenaza de nuevos sobrecostes e incertidumbre. Estos riesgos se han confirmado al saber que ahora se exige a los adjudicatarios un nuevo aval o afianzamiento, asumiendo los riesgos de posibles impagos de otros adjudicatarios”.
Para UPN, “es una vergüenza que esto suceda ante la actitud impasible de los responsables de gobierno y ayuntamiento que ven cómo en la práctica se están exigiendo sobrecostes y asunción de riesgos a unos adjudicatarios de vivienda protegida que por ley tienen derecho a obtener su vivienda al precio regulado”.
Por ello, la formación foralista ha anunciado que va a exigir ante los responsables de ambas instituciones, mañana en el Ayuntamiento de Pamplona y la próxima semana en el Parlamento a la vicepresidenta del Gobierno de Navarra y responsable de vivienda, Begoña Alfaro, “para que garanticen que las viviendas protegidas se construyan a su precio y en un plazo definido, haciendo recaer los riesgos y los sobrecostes en la promotora encubierta que fue quien asumió la operación urbanística diseñada por el gobierno de EH Bildu”.
Si esto no sucede así, UPN ha advertido de que “los máximos responsables urbanísticos del Ayuntamiento y también del gobierno, como garantes del cumplimiento de la legalidad, serán corresponsables de esta estafa social ante las instancias que proceda”.
Los regionalistas han concluido lamentando que “aquellos a los que se les llena la boca con frases pomposas como ‘no vale privatizar beneficios y socializar pérdidas’ promueven lo que denuncian. Quienes presumen del derecho a la vivienda la están convirtiendo en un gran negocio para una promotora mientras abandonan a quienes necesitan una vivienda protegida”.
