La Fiscalía de Navarra ha solicitado ocho años de prisión para un hombre de origen portugués acusado de una agresión sexual cometida en el interior de un bar del centro de Pamplona. Los hechos se remontan a la noche del 1 de junio de 2024 y serán juzgados esta semana en la Audiencia Provincial.
Según el relato del Ministerio Público, el acusado y la víctima coincidieron en un establecimiento de la calle San Nicolás. Durante las primeras horas, el hombre intentó entablar conversación con la mujer utilizando una aplicación de traducción en su teléfono móvil, en un contacto inicial que no hacía prever lo ocurrido después.
Fue más tarde cuando, al dirigirse la joven a los baños del local, situados en la planta inferior, el acusado la siguió. Una vez allí, accedió de forma brusca al interior del cubículo donde se encontraba la víctima y bloqueó la salida apoyando su cuerpo contra la puerta.
En ese espacio reducido, y según la acusación, el procesado actuó con ánimo libidinoso y empleó la fuerza física y el amedrentamiento para obligar a la mujer a realizar distintos actos sexuales. El escrito recoge que se produjeron tocamientos y penetración, mientras el acusado sujetaba con fuerza el brazo de la víctima, provocándole dolor.
La situación se prolongó hasta que la madre de la joven, alertada por su ausencia, bajó a los aseos y comenzó a golpear la puerta de manera insistente. Fue entonces cuando el hombre permitió que la mujer saliera del baño.
Tras lo ocurrido, la víctima presentaba lesiones físicas visibles y un importante impacto emocional. Según detalla la Fiscalía, sufrió desgarros que requirieron asistencia médica.
Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicita la inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena y una medida de libertad vigilada durante ocho años una vez cumplida la pena. También pide que el acusado no pueda residir ni trabajar en lugares con contacto habitual con menores durante un periodo de quince años.
En materia de protección, la Fiscalía reclama una orden de alejamiento que impida al procesado acercarse a menos de 200 metros de la víctima o comunicarse con ella durante quince años.
Por último, en concepto de responsabilidad civil, solicita que el acusado indemnice a la mujer con 18.000 euros por los daños morales y las lesiones sufridas. Durante el juicio se practicarán pruebas testificales y periciales, entre ellas el análisis de ADN recabado en la investigación.
