El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado que el Gobierno de Navarra ejerza la acusación particular contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
En una providencia dictada este mismo lunes, el instructor sostiene que el escrito presentado por el Gobierno de Navarra, "en extremo lacónico, omite efectuar referencia alguna a qué concretos hechos (y/o eventuales figuras delictivas), de entre los que conforman el objeto de la presente causa especial, determinarían la condición de víctima o perjudicado" del Gobierno foral.
Fue el pasado viernes cuando el Gobierno de Navarra celebró una sesión extraordinaria para acordar su personación como acusación en la causa en la que se investiga el presunto cobro de comisiones por la adjudicación de contratos públicos, después de que trascendiera el contenido del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que refleja que la presunta trama conformada por Ábalos, Koldo y Cerdán actuó también en Navarra.
Los agentes sitúan a Cerdán como el origen de una trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública que habría comenzado en 2015 con él y Koldo en Navarra --su área de influencia-- y habría crecido en paralelo a su ascenso político, y el de Ábalos, hasta tener el Ministerio de Transportes como epicentro.
El informe se apoya en ocho audios grabados por el propio Koldo entre 2019 y 2023 que contienen conversaciones con Cerdán y Ábalos. De ellas se desprende que la relación de este trío fue fluctuando: en un primer momento Cerdán estaría a los mandos pero las tornas cambiaron con el desembarco del tándem Ábalos-Koldo en el Ministerio y, finalmente, éstos --ya defenestrados-- le acabaron persiguiendo en busca de oxígeno económico.
La UCO sostiene que los contratos de obra pública que se investigan fueron adjudicados a las constructoras Acciona, OPR y LIC. La Guardia Civil calcula que solo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros, aunque se les adeudarían 450.000 euros. "Voy a ir a por todo", aseguró Cerdán.
Al margen de dicho informe, los agentes encontraron en el registro realizado el pasado 10 de junio en el domicilio del empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola un documento que revela que Cerdán era dueño del 45% de Servinabar, una de las principales empresas vinculadas a la presunta trama de amaños de obra pública. Los investigadores precisan que se hizo con adjudicaciones del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.
El pasado miércoles, Ramón Alzórriz presentó su dimisión como vicesecretario general del Partido Socialista de Navarra tras las investigaciones de la UCO. Alzórriz informó en una rueda de prensa de que su pareja ha trabajado en la empresa Servinabar, una de las adjudicatarias de las obras de los túneles de Belate y de la que, según ha trascendido, la UCO apunta que Cerdán era propietario del 45%.
El Gobierno de Navarra volverá a solicitar la personación ante el Tribunal Supremo si en la causa penal del 'caso Cerdán' se observara un posible daño para la Hacienda Foral en la adjudicación de contratos de obra pública.
Así lo ha asegurado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Ejecutivo navarro, Félix Taberna, tras conocer la desestimación como acusación particular del Gobierno navarro en providencia dictada este lunes por el juez instructor.
Ha indicado que el Gobierno de Navarra aprobó este viernes en sesión extraordinaria la personación ante el Tribunal Supremo, desde la premisa de que al menos parte de las empresas citadas en el informe de la UCO de la Guardia Civil han resultado adjudicatarias de obra pública del Ejecutivo foral y, por tanto, éste podía ser víctima de los hechos que se están enjuiciando, ha expuesto el Gobierno en una nota.
La iniciativa se adoptó "en defensa máxima de los intereses de la ciudadanía navarra" y está alineada con las auditorías ya anunciadas como "garantías adicionales", sin prejuzgar ninguna eventual ilegalidad en las adjudicaciones del Gobierno de Navarra, ha comentado.
Por su parte, la portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha afirmado que es una "buena noticia" que el Tribunal Supremo no permita la personación del Gobierno foral en el 'caso Cerdán' y ha argumentado que ello se debe a que no hay indicios de "fraude" a la Hacienda Foral.
Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, Unzu ha señalado en declaraciones a los medios que la personación "no ha podido ser admitida a trámite simplemente porque no han encontrado indicios de delito y de fraude a nuestra Hacienda". "Por lo tanto, basta ya de estas teorías que están sin cesar por parte de la derecha", ha señalado.
Así, la portavoz socialista ha considerado que "es una buena noticia" que el Supremo no admita la personación del Gobierno, "porque lo que viene a decir es que no podemos ser parte porque no se ha puesto en cuestión ninguno de los contratos que fueron gestionados por parte del Gobierno de Navarra". "Así que hoy se ha caído esa sospecha permanente de la derecha hacia la acción de Gobierno, es un ataque absolutamente continuo y constante. Pedimos que empiecen a tener por parte de la derecha un poco de rigor en todo lo que están diciendo y acusando", ha señalado.
Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que la semana pasada el Gobierno de Navarra "intentó buscar un titular" al anunciar su personación en el caso. "Todos sabemos que tú te puedes personar y que te pueden aceptar la personación o no. La realidad es que hoy las cosas se ponen en su sitio y los vuelven a arrollar. En este caso es un juez el que dice que no ha lugar porque en el escrito no hace referencia alguna ha hechos concretos por los que el Gobierno se pudiera sentir víctima", ha señalado.
Asimismo, el magistrado también ha rechazado la petición del investigado Koldo García de suspender su declaración prevista este lunes a las 12 horas en la causa que instruye por diversos delitos contra él y el exministro de Transportes José Luis Ábalos, entre otros.
En otra providencia le vuelve a advertir que, en caso de que no comparezca, "podrá adoptar las medidas cautelares de naturaleza personal que procedan para asegurar su presencia ante este tribunal cuantas veces fuere llamado". El magistrado afirma que "no corresponde al investigado organizar la agenda del tribunal y que debe comparecer en la fecha y la hora señaladas".
