La gestión de las rentas de inserción en Navarra se ha convertido en un desafío financiero que el Gobierno foral no logra estabilizar. Según documentación oficial del Departamento de Derechos Sociales a la que ha tenido acceso este medio, el presupuesto destinado a sostener la Renta Garantizada (RG) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) durante el ejercicio 2025 se vio desbordado sistemáticamente, obligando a la consejera Carmen Maeztu a firmar inyecciones de fondos de urgencia hasta el último mes del año.
En total, la factura final de estas prestaciones ascendió a 181.374.322 euros en 2025. Esta cifra supone un gasto récord que contrasta con los apenas 30 millones que el Gobierno de Navarra destinaba a la Renta Garantizada en el peor año de la crisis económica anterior.
Los datos revelan una falta de previsión en los cálculos iniciales del Ejecutivo de María Chivite. Lo que comenzó como una partida de 156 millones de euros terminó necesitando una ampliación de más de 25 millones de euros adicionales para evitar el colapso del sistema.
Según los datos a los que ha tenido acceso Navarra.com, la Renta Garantizadapartía de un crédito inicial de 99 millones de euros. Sin embargo, se tramitaron modificaciones presupuestarias por valor de 9.878.308 euros adicionales para cubrir la demanda real. El gasto consolidado final fue de 108.878.308 euros.
Por otro lado, el Ingreso Mínimo Vital fue el que sufrió el desajuste más acusado. Se presupuestaron 57 millones de euros, pero las ampliaciones necesarias superaron los 15,4 millones de euros (+27% sobre lo previsto). La cifra final se disparó hasta los 72.496.014 euros.
La urgencia por cubrir los pagos llevó a la Consejería a realizar movimientos de fondos y ampliaciones de forma casi mensual durante el último tramo del año. Especialmente llamativa fue la ampliación de octubre en el IMV, que supuso una inyección de 15,5 millones de euros de una sola tacada.
Incluso en el mes de diciembre, el Gobierno tuvo que realizar ajustes de última hora: el 18 de diciembre se autorizaron más de 1,5 millones extra para la Renta Garantizada y otros 1,2 millones para el IMV para cerrar el ejercicio.
Estas cifras refuerzan las críticas del Partido Popular de Navarra, que denuncia un "claro efecto llamada". Según el análisis de los datos, el 63,3% de los solicitantes de la Renta Garantizada son de origen migrante, y Navarra ya concentra al 141,83% de los migrantes que cobran una renta de inserción en España en relación a su peso poblacional.
A este gasto desbocado se suma la sombra del fraude. Según datos de la Policía Foral, recogidos en un informe de la Cámara de Comptos, el 76% de las inspecciones realizadas sobre estas ayudas detectaron algún tipo de infracción o irregularidad. Mientras el presupuesto se agota mes tras mes, Navarra se ha convertido en la comunidad donde más ha crecido la pobreza en la última década (un 28%), lo que pone en entredicho la eficacia de un modelo que gasta más que nunca pero no logra la inserción laboral de sus beneficiarios.
