El Ejecutivo foral defiende su propia reforma de la Renta Garantizada y el Ingreso Mínimo Vital, mientras el PP reclama más control sobre las ayudas.
El Gobierno de Navarra ha rechazado este miércoles la proposición de Ley foral de inclusión activa presentada por el PPN, al considerar que la iniciativa “restringe sustancialmente la protección social” en la Comunidad foral.
El Ejecutivo foral ha mostrado su disconformidad con la toma en consideración de esta propuesta del Partido Popular de Navarra, que plantea una nueva regulación del derecho navarro a la inclusión activa. El PPN, por su parte, ha criticado la decisión del Gobierno y le ha acusado de querer “seguir despilfarrando dinero público”.
El acuerdo ha sido adoptado en la sesión del Gobierno de Navarra celebrada este miércoles 20 de mayo. El Ejecutivo ha defendido, frente a la proposición del PPN, la reforma de la Ley foral 15/2016 en la que trabaja el departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo.
Esa reforma busca, según ha explicado el Gobierno, armonizar las prestaciones principales del sistema de garantía de ingresos, en especial el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada. También pretende dar coherencia al sistema, mejorar la gestión y hacer prevalecer el derecho a la inclusión social desde el primer momento en el que se activa el cobro de la Renta Garantizada.
El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno, Javier Remírez, ha señalado que la reforma que prepara el Ejecutivo sigue las directrices fijadas por la Unión Europea en 2023. El objetivo, ha indicado, es modernizar los sistemas de protección social para “combatir la pobreza y fomentar la inclusión activa”.
Según ha expuesto el Ejecutivo foral, la Unión Europea plantea que estos sistemas deben garantizar una renta mínima adecuada para cubrir necesidades básicas. También deben tener en cuenta el nivel de vida y los precios del país, además de ir acompañados de acceso a servicios esenciales como la sanidad, la vivienda o la educación.
El Gobierno ha añadido que las prestaciones deben incluir formación, apoyo al empleo y políticas de inclusión activa. Además, ha recordado que deben ser fáciles de solicitar, poder pedirse de forma individual y aplicarse con criterios transparentes, no discriminatorios y no limitados en el tiempo.
La proposición del PPN, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra el pasado 30 de abril, plantea, según el Gobierno, “endurecer los requisitos de acceso a prestaciones económicas”. Entre ellos figura acreditar un período mínimo de cuatro años de residencia legal y efectiva en la Comunidad foral.
El Gobierno de Navarra considera que esta proposición se aleja de la evidencia científica existente sobre este tipo de prestaciones. También sostiene que se aparta de la recomendación dictada por la propia Unión Europea en 2023 sobre los sistemas de protección social y las políticas de inclusión.
“Aunque son muchas las políticas que pueden tener un efecto importante sobre las tasas de pobreza de una sociedad, hace tiempo que sabemos que los programas de prestaciones dinerarias tienen un papel fundamental en combatir la pobreza, tanto en países avanzados como en desarrollo”, ha expuesto el Ejecutivo.
El Gobierno ha defendido que la capacidad de una sociedad para reducir la pobreza mediante sus políticas públicas es uno de los principales indicadores de equidad, solidaridad y cohesión social. En este sentido, ha remarcado que la pobreza y la exclusión social son fenómenos multidimensionales y deben abordarse como tal.
El acuerdo aprobado este miércoles sostiene que la Ley Foral 15/2016 puede mejorarse, pero rechaza que eso justifique su derogación. El Ejecutivo ha señalado que esa derogación es lo que plantea la proposición de ley foral presentada por el grupo parlamentario del Partido Popular de Navarra.
El Gobierno de Navarra ha recordado, además, que ya manifestó recientemente su disconformidad con otra proposición de Ley foral presentada por UPN. En ese caso, la iniciativa buscaba limitar a tres años el período de percepción de la Renta Garantizada y reducir el importe de la ayuda en función del tiempo transcurrido desde su concesión.
El PPN ha respondido con dureza al acuerdo del Gobierno. En un comunicado, la formación ha criticado la disconformidad del Ejecutivo foral y ha asegurado que sus argumentos “demuestran que ni siquiera se han leído la ley”.
El presidente del PPN, Javier García, ha defendido que la propuesta de su partido “no elimina las ayudas sociales”, ya que existe una prestación suelo estatal como el Ingreso Mínimo Vital. Según ha explicado, el objetivo de la ley es que “el dinero de los navarros se destine a ayudar a las personas a encontrar un empleo, formarse y volver a formar parte activa de la sociedad”.
García ha censurado la postura del Ejecutivo foral y ha afirmado que “lo que quieren es seguir despilfarrando dinero público”. El presidente del PPN ha hablado de “más de 111 millones de euros al año” y ha criticado que, a su juicio, no se sepa “si quienes reciben estas ayudas viven realmente en Navarra o si rechazan ofertas de trabajo”.
El dirigente popular ha calificado de “vergüenza” que quienes tienen la responsabilidad de gestionar y custodiar el dinero público prefieran, según ha dicho, “mantener un sistema sin control”. También ha vinculado esta crítica con el deterioro de los servicios públicos en Navarra.
“Esos 111 millones de euros deberían servir para ayudar a las personas a salir adelante, encontrar un empleo y construir un proyecto de vida, pero también para garantizar a los navarros unos servicios públicos de calidad”, ha concluido Javier García.
