Los diputados del PSOE y las dos independientes presentarán este lunes sus alegaciones apelando al voto en conciencia.
El PSOE maneja como sanción más probable para los diputados que no se abstuvieron en la investidura de Mariano Rajoy la máxima multa que prevé el reglamento, de 600 euros, y la expulsión de la dirección del Grupo Socialista de aquellos que, como la catalana Meritxell Batet y la balear Sofía Hernanz, forman parte de ese núcleo, según indicaron a Europa Press fuentes socialistas.
Dos días después de la votación en el Pleno del Congreso, el presidente del Comité de Disciplina del Grupo Socialista, el conquense Luis Sahuquillo, comunicó la apertura del expediente a los 15 diputados que desatendieron el acuerdo adoptado en el Comité Federal de abstenerse y les dio una semana para presentar alegaciones.
Siete de esos quince diputados son militantes del PSC y ese mismo lunes ya presentaron sus alegaciones recordando que el máximo órgano de su partido, el Consell Nacional del PSC, aprobó una resolución por unanimidad el 25 de octubre defendiendo el voto en contra del líder del PP.
EL PSC YA SE REMITIÓ A LA DECISIÓN DE SU PARTIDO
"Atendiendo a la discrepancia de estos dos acuerdos decidí, en conciencia, votar que 'no' en la segunda sesión del debate de investidura", explicaba cada uno en su respuesta, en la que, además, reiteran su voluntad de "seguir trabajando" con el PSOE.
El resto de diputados 'díscolos' del Grupo Socialista --seis del PSOE y las independientes Margarita Robles y Zaida Cantera-- se pusieron en contacto tras recibir la carta y acordaron presentar las mismas alegaciones, amparándose, al igual que el PSC, en su voto "en conciencia".
Para quitar la Vicepresidencia de Comisión que tenía el exconsejero andaluz José Antonio Viera, que en su día se negó a renunciar al escaño cuando fue imputado por los ERE, el PSOE tuvo que forzar primero su expulsión del Grupo Socialista para que, una vez en el Mixto, dejara de estar adscrito a esa comisión y, por tanto, perdiera el puesto en la mesa. Llegar a ese extremo no se plantea para este caso pues en el PSOE no contemplan echar a ninguno de sus diputados del Grupo Socialista.
Otra cosa son las Comisiones Mixtas (Congreso-Senado) que aún no se han constituido, una de cuyas presidencias el PSOE había reservado al PSC --en principio para José Zaragoza-- y que ahora se está a tiempo de readjudicar si así se decide.
Tampoco hay que descartar que, más adelante y de acuerdo con la Comisión Gestora del partido, la dirección del Grupo Socialista pueda hacer algún reajuste en las portavocías de área para quitar la titularidad a alguno de los 'díscolos' y dársela a otro.
En todo caso, la sanción que imponga el Comité Director podrá ser recurrible ante el Comité Permanente del Grupo Parlamentario, integrado, además de por la dirección, por los portavoces socialistas y miembros de las Mesas de las Comisiones y del Congreso.
EL PARTIDO HARÁ SU PROPIO EXPEDIENTE
Una vez haya un informe definitivo, se comunicará también a la Gestora que, al margen de este procedimiento parlamentario podría abrir un expediente a los diputados que son militantes del PSOE. Es decir, este proceso paralelo sólo podría afectar a seis de los que votaron 'no', ni a los siete del PSC, ni a las dos independientes.
En este caso, los estatutos del partido contemplan castigos que llegan a la suspensión de militancia e incluso la expulsión del partido, un extremo que desde la Gestora se asegura que no se contempla. Así lo expuso el mismo día de la votación de investidura el presidente de la Gestora, Javier Fernández, quien defendió que no contemplaba esta posibilidad.
