El Derecho Foral de Navarra ha quedado en el centro de un juicio millonario que decidirá el reparto de una fortuna de 14 millones de euros. La batalla judicial enfrenta a los herederos y legatarios de Antonio Fernández Díez, un empresario leonés fallecido en 2021, con su hijo, Álex Aranzábal, cuya paternidad tuvo que ser reconocida por los tribunales.
La clave del caso está en el testamento navarro que firmó el empresario y en su vinculación con Pamplona. La defensa del hijo sostiene que Fernández recurrió al Derecho Foral de Navarra para evitar que su patrimonio acabara en manos de su descendencia, algo que no habría podido hacer de la misma forma bajo el derecho común que rige en la mayor parte de España.
El empresario, heredero del grupo de autobuses Fernández, había vendido la compañía a Alsa por 5.000 millones de las antiguas pesetas. Nunca se casó y, según ha trascendido en el proceso, llevó una vida muy reservada en Madrid, con escasa vida social más allá de la caza y un carácter hermético que también marcó su relación familiar.
Esa distancia fue especialmente evidente con Álex Aranzábal, que tuvo que recurrir a una prueba de paternidad y llegar hasta el Tribunal Supremo para lograr que la Justicia reconociera oficialmente su filiación. Ahora, años después, mantiene una nueva batalla en los tribunales para desmontar el reparto de la herencia que dejó su padre.
Según ha publicado Diario de León, el juicio celebrado en los juzgados de Plaza de Castilla se ha centrado en cuestionar la validez del testamento apoyado en el Derecho Foral de Navarra. La defensa de Aranzábal sostiene que el empadronamiento del empresario en un piso de 70 metros de Pamplona fue una ficción legal pensada para acogerse a la normativa foral y apartar a su hijo de la sucesión.
El abogado del hijo, Fernando Osuna, ha asegurado que la declaración de un detective privado y de varios vecinos de Pamplona ha servido para reforzar esa tesis. En la vista se ha enfrentado a cinco letrados que representan a órdenes religiosas, a sobrinos lejanos y al albacea Ricardo de Guindos, a quien Antonio Fernández fijó un sueldo mensual de 10.000 euros apenas 48 horas antes de morir.
La versión del entorno de Aranzábal apunta a una mudanza ficticia a Navarra entre 2001 y 2004 con un único objetivo: aprovechar el Derecho Foral de Navarra para dejar fuera a su hijo. Por su parte, De Guindos defiende que el empresario sabía perfectamente cómo quería repartir su patrimonio y niega cualquier irregularidad en su paso por Pamplona.
Si el juez da la razón al hijo, la herencia podría dar un giro completo. Aranzábal pasaría a recibir el 80% del patrimonio, mientras que perderían peso en el reparto varias instituciones religiosas de León y Zamora que figuran como beneficiarias en el testamento navarro.
En ese debate sucesorio también aparecería la finca de caza de La Cenia, cedida al oftalmólogo Luis Fernández-Vega, además de acciones, viviendas, tierras y otros bienes acumulados por el empresario. Antonio Fernández murió sin esquelas en León ni funerales públicos, pero su nombre ha vuelto ahora a primer plano por una causa en la que Navarra y su régimen civil propio resultan decisivos.
