El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, José Abaurrea, ha asegurado este lunes que debería ser el Gobierno de Navarra quien asuma la tramitación del derribo de la antigua ikastola Jaso, aunque ha recordado que el procedimiento permanece paralizado hasta que se resuelva judicialmente la petición de desalojo. Según ha apuntado, el Ejecutivo foral podría asumir esta gestión en 2026.
De esta forma, el alcalde, Joseba Asirón, y su mano derecha, el condenado judicialmente José Abaurrea, despejan de un puntapié el principal problema de inseguridad que tiene Pamplona y se lo endosan sin pudor al Gobierno de Navarra que preside María Chivite gracias al apoyo mutuo que se profersan.
Abaurrea ha explicado que el edificio, sin uso desde hace años, se encuentra dentro del PSIS de Etxabakoitz relacionado con el Tren de Alta Velocidad, está declarado como “fuera de ordenación” y es de titularidad privada. La ikastola solicitó al Ayuntamiento que intercediera ante el Consorcio del TAV para agilizar su derribo, una gestión que ya se ha realizado. “Hay buena receptividad por parte del Consorcio, se ha dado el visto bueno y se están haciendo los análisis jurídicos pertinentes para dar cobertura a esas actuaciones, que se tienen que hacer mediante convenios”, ha detallado.
El concejal ha señalado que no solo resulta necesario actuar sobre la antigua ikastola, sino también sobre el conjunto de edificios fuera de ordenación que permanecen vacíos y que, en su opinión, generan problemas de seguridad y salubridad en el entorno. “Mientras no prospera el PSIS, nos parece muy bien que se vaya realizando todo eso”, ha remarcado.
En su intervención, Abaurrea ha reiterado que el derribo debería tramitarlo directamente el Gobierno de Navarra, ya que el Consorcio del Tren de Alta Velocidad está adscrito a la Administración foral. “Tenemos la confianza o la esperanza, a caballo entre una y otra, en que lo haga en 2026”, ha expresado.
El edil ha reconocido también la preocupación que existe entre el vecindario por la situación del inmueble, aunque ha aclarado que el Ayuntamiento no puede actuar en su interior porque la cuestión está en manos de los juzgados. La propietaria presentó hace unos meses la petición de desalojo, aún pendiente de resolución.
“Hay un punto de preocupación, porque pasa mucho tiempo, demasiado tiempo, y la ciudadanía termina creyendo que el Ayuntamiento no tiene voluntad de intervenir”, ha comentado. En ese sentido, ha pedido a la judicatura que tenga en cuenta los riesgos que se generan en situaciones de este tipo.
Finalmente, Abaurrea ha defendido la necesidad de acelerar los procesos judiciales para permitir que tanto el Ayuntamiento como la entidad privada titular puedan desarrollar actuaciones. “Hablamos del derribo, pero podrían ser también otro tipo de medidas desde los servicios sociales para dar solución a esta y otras situaciones que encontramos en la ciudad”, ha concluido.
