• miércoles, 24 de abril de 2024
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PAMPLONA

Bildu sigue enrabietado: insinúa irregularidades en la pasarela de Labrit pero no las denuncia

Navarra Suma le aclara que el expediente ha sido auditado por la Cámara de Comptos y que los pagos han sido avalados por Intervención municipal.

Reapertura de la pasarela del Labrit, 6 años después del cierre de la estructura por los problemas que presentaba. IÑIGO ALZUGARAY
Reapertura de la pasarela del Labrit, 6 años después del cierre de la estructura por los problemas que presentaba. IÑIGO ALZUGARAY

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, con el ex alcalde Joseba Asirón a la cabeza, continúan enrabietados tras la reapertura de la pasarela de Labrit. Este viernes han tirado la piedra y escondido la mano sobre unas presuntas irregularidades en el fraccionamiento de pagos que desde su punto de vista son ilegales. Eso sí, sin acudir a los tribunales, y denunciándolo sólo ante los micrófonos de una rueda de prensa, ante la cercanía de las elecciones del mes de mayo.

El equipo de Gobierno municipal de Navarra Suma ha salido al paso recordando al edil abertzale que “la Cámara de Comptos ya ha auditado el expediente de la pasarela de Labrit sin apreciar ilegalidad alguna y que todos los pagos cuentan con el visto bueno de la Intervención municipal”. Por tanto, han subrayado que “las acusaciones vertidas hoy por Asirón, además de absolutamente falsas, no son más que una demostración de su frustración por la reapertura del tránsito peatonal entre el Casco Antiguo y el Ensanche, que es una buena noticia para Pamplona y parece que, por tanto, una mala noticia para Asirón”.

En concreto, Asiron cree que existe una "estrategia de fraccionamiento" en los pagos relacionados con las obras que trataría de ocultar que esta intervención acumula al menos un 70,7 % de desvío respecto al precio de adjudicación (593.000 euros), lo que "sería ilegal".

Asiron ha dicho en rueda de prensa que están estudiando si puede "suponer un fraude por fraccionamiento del contrato", tras subrayar que la ley contempla que intervenciones de este tipo no pueden suponer más del 50% del precio de adjudicación y en este caso ya superaría el 70%".

Así, ha anunciado que van a pedir la constitución de una comisión especial que aclare todas las dudas del proyecto y en función de los resultados pedirán responsabilidades. Si no se constituye la comisión o si los resultados no aclaran las dudas, ha apuntado su "compromiso" de "abrir en torno a este expediente y todo lo que le rodea un exhaustivo proceso de auditoria" en cuanto lleguen al gobierno municipal.

 


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