La Comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes una declaración en la que insta al Gobierno de Navarra a “buscar una solución urgente” para la apertura de las piscinas de Larrabide durante el verano de 2026.
La iniciativa ha partido del PSN y su primer punto ha salido adelante por unanimidad tras una enmienda pactada entre socialistas y UPN. En ese apartado, el Ayuntamiento reclama al Gobierno foral, “en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona”, una solución urgente para que las piscinas puedan abrir el próximo verano “de acuerdo con el decreto foral que regula las condiciones de las piscinas”.
El debate ha ido más allá de la apertura de Larrabide en 2026. La declaración también ha incorporado, con los votos a favor de UPN, PSN y PP y el rechazo de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, el rescate, revisión y actualización del proyecto de ciudad deportiva del Soto de Lezkairu. El texto aprobado plantea incorporarlo a la planificación estratégica municipal como una infraestructura clave para ampliar la oferta pública de piscinas, reequilibrar los equipamientos deportivos y responder al crecimiento urbanístico de esa zona.
Además, la comisión ha acordado iniciar los trabajos técnicos necesarios sobre viabilidad, dimensionamiento, financiación y modelo de gestión de ese futuro proyecto. Los acuerdos se trasladarán al Gobierno de Navarra, al Instituto Navarro del Deporte y a los colectivos de usuarios afectados.
Durante el debate, la concejala del PSN Marina Curiel ha defendido que la respuesta no puede limitarse a las actuales alternativas. “Guelbenzu es insuficiente”, ha señalado, antes de reclamar una mayor implicación municipal para que “ningún vecino se quede sin una alternativa real”. Curiel ha sostenido que el proyecto de Lezkairu “lleva años esperando” y que ahora es el momento de “rescatarlo, revisarlo y actualizarlo”.
La edil socialista ha asegurado que esa futura instalación podría atender la demanda de Lezkairu, Azpilagaña y el Ensanche, aunque ha subrayado que su grupo no plantea ejecutar ya una gran inversión. “No proponemos gastar 20 millones, sino que se planifique”, ha afirmado. También ha reclamado medidas inmediatas para este mismo verano, con refuerzo de aforos, bonificaciones y otras acciones complementarias que permitan ampliar la capacidad disponible en las piscinas. “Si hay voluntad política, las soluciones aparecen”, ha dicho.
Desde UPN, Raúl Armendáriz ha respaldado la necesidad de centrar la prioridad en la próxima campaña estival. “Lo primero, lo prioritario y lo responsable es garantizar que Larrabide abra en el verano de 2026”, ha afirmado. El regionalista ha explicado que su grupo ha planteado una enmienda para reforzar el compromiso político y para instar tanto al Gobierno de Navarra como al Ayuntamiento a adoptar las medidas necesarias para lograr esa apertura.
En cambio, EH Bildu ha rechazado que el debate municipal sobre Lezkairu se plantee en estos términos. Maider Beloki ha criticado que la declaración del PSN llega de forma sobrevenida y sin una reflexión previa del Ayuntamiento. “La solución la debe dar el Gobierno de Navarra”, ha defendido, antes de advertir de que el Consistorio “no tiene capacidad financiera” para levantar una instalación de ese calibre salvo que el Ejecutivo foral asumiera las obras mediante una cesión de suelo.
También desde la oposición al proyecto de Lezkairu, la portavoz del PP, Carmen Alba, ha cargado contra el PSN por llevar a la comisión una iniciativa derivada, a su juicio, de una decisión del propio Gobierno foral. “En su mano está que los usuarios no queden desatendidos. No cierren las piscinas”, ha afirmado. Alba ha admitido que Lezkairu “sería lo ideal”, pero ha considerado que el Ayuntamiento no puede asumir ni la construcción ni el mantenimiento de una instalación de ese tamaño.
Por su parte, Contigo-Zurekin ha defendido que no deben mezclarse dos debates distintos: el cierre de Larrabide, cuya decisión compete al Gobierno de Navarra, y la discusión sobre nuevas infraestructuras deportivas para la ciudad. Ese ha sido también uno de los ejes del choque político en una comisión en la que todos los grupos han coincidido en la necesidad de dar una respuesta a los usuarios, pero no en quién debe asumirla ni en qué plazos.
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