La batalla por el futuro del Monumento a los Caídos se traslada a los tribunales. El presidente de VOX Navarra, José María García Elorz, ha registrado un recurso administrativo de impugnación contra el concurso internacional convocado por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, para transformar el edificio en un museo memorial y reurbanizar su entorno.
Desde la formación califican el procedimiento como un "expediente inválido" que nace viciado. Según el escrito de alegaciones, el concurso original de 2018 ha perdido toda eficacia jurídica tras siete años de parálisis, por lo que el nuevo trámite de la Gerencia de Urbanismo supone, a juicio de VOX, una vulneración flagrante del principio de seguridad jurídica.
Uno de los puntos más polémicos del recurso se centra en el valor arquitectónico y religioso del inmueble. García Elorz denuncia que el plan de Asiron prevé la eliminación de las tres cruces que coronan el edificio sin que exista una ponderación de derechos ni informes jurídicos que avalen este "ataque" a la libertad religiosa.
"Pretenden eliminar los símbolos de nuestra fe y de nuestra identidad compartida", advierte el líder de VOX, quien recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo protege los espacios y símbolos religiosos frente a interpretaciones políticas sesgadas.
Para VOX, el pliego del concurso carece de la necesaria neutralidad ideológica que se exige a una administración pública. Sostienen que el Ayuntamiento de Pamplona está imponiendo una "visión parcial de la historia" que vulnera el pluralismo político y la libertad ideológica recogida en la Constitución Española.
En su escrito, la formación también se ampara en resoluciones europeas que exigen una "memoria equilibrada" y condenan por igual todos los regímenes totalitarios, acusando al equipo de gobierno de Asiron de utilizar la memoria democrática como una "imposición totalitaria" al servicio de sus objetivos separatistas.
Ante lo que consideran una "nulidad de pleno derecho", VOX ha solicitado formalmente:
La anulación del concurso y el archivo del procedimiento.
La suspensión cautelar de cualquier trámite mientras se resuelven las vulneraciones de derechos fundamentales.
La apertura de un proceso que respete la pluralidad ideológica y la protección del patrimonio histórico de Pamplona.
