• lunes, 22 de julio de 2024
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POLÍTICA

El profundo pesimismo de los empresarios navarros ante la gestión de Chivite y Sánchez

Los empresarios consideran que las políticas aplicadas por los gobiernos de España y Navarra no favorecen en absoluto la actividad empresarial.

Fotomontaje de María Chivite y Pedro Sánchez ante la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra.
Fotomontaje de María Chivite y Pedro Sánchez ante la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra.

La mitad de los empresarios navarros tienen una "percepción pesimista" sobre la situación económica en España tanto en 2023 (51,3 %) como en 2024 (49,9 %), y menos de la cuarta parte se muestra positivo sobre la evolución en estos años.

Es una de las principales conclusiones de la “Encuesta Empresarial Círculo 2023”, presentada este miércoles en Pamplona y elaborada el pasado verano, que cuenta con 420 respuestas obtenidas, el 37 % (154) correspondientes a empresarios de Navarra.

De las respuestas destaca que entre las principales amenazas para la economía resaltan la elevada inflación subyacente (67,7 % de los encuestados) y el abultado nivel de endeudamiento público (61,2 %), mientras que entre los principales obstáculos que identifican en su actividad, destacan la elevada fiscalidad (para el 78,6 % del empresariado navarro) y los altos costes de suministros y energía, ambos con más de 40 % de porcentaje de voto.

Por otro lado, casi el 70 % de los encuestados seleccionaron la gestión y organización del trabajo (69,7 %) y la tecnología e innovación (67,8 %) entre los principales factores que mejoran la productividad de su empresa, seguidos por la capacitación y el talento (62 %).

En el último año ha empeorado la evolución de diferentes aspectos, que los empresarios navarros identifican en la calidad institucional, transparencia en las decisiones gubernamentales, y la percepción del Gobierno sobre el empresario.

También, la valoración general del impacto sobre la economía española de las últimas medidas de política económica adoptadas es negativa, especialmente en el caso de las relacionadas con los desequilibrios en las cuentas públicas (84,3 %), el incremento de los tipos de interés (81 %) y la no deflactación de los tipos impositivos (72,5 %).

Las tres principales propuestas de reforma del sistema de pensiones que se consideran prioritarias por las empresas encuestadas son incentivar tanto al trabajador como a la empresa a prolongar la vida activa más allá de la edad legal de jubilación (68,1 %), fomentar los planes de pensiones privados como complemento del sistema público (54,5 %) y constituir un fondo de capitalización individual bajo el modelo de “mochila austriaca” (52,7 %).

En general los empresarios consultados consideran que la gestión del gasto público en España no es eficiente (88,1 %),de forma que el 67,8 % la considera ineficiente y el 20,3 % regular.

A la hora de mejorar la situación del mercado laboral, las empresas encuestadas continúan considerando imprescindible que se vincule la evolución de los salarios a la productividad y no a la inflación (70,2 %).

En segundo lugar, con un peso de casi el 60%, señalan la mejora de la formación para el empleo y las políticas activas, especialmente dirigidas a jóvenes, mujeres y sénior.

La carga impositiva es un factor que perjudica notablemente la competitividad de las empresas y sectores respecto a sus principales competidores internacionales. Así lo manifiestan el 73,1 % de los encuestados (el 78,6 % en Navarra).

Las reformas impositivas más favorables para una mayor competitividad empresarial, según los encuestados, son los incentivos fiscales a la inversión (72,2 %), la reducción de las cotizaciones sociales a cargo de la empresa (59,5 %) y las que incentiven el incremento del tamaño empresarial (53,3 %

Entre las prioridades de política económica en España a corto/medio plazo destaca reformar la estructura y el funcionamiento de las Administraciones Públicas (58,4 %) y mejorar la calidad de la educación a través de un Pacto de Estado (55,7 %).

Menos de la mitad de las empresas (43,7 %) había solicitado los Fondos NextGen en el momento de realización de la encuesta. El 56,3 % que no lo ha hecho aduce para ello la complejidad de los trámites administrativos requeridos (50,7 %) y la no inclusión en las políticas palanca del sector en el que la empresa desarrolla su actividad (38,4 %).


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