La consejera Rebeca Esnaola ha explicado en el Parlamento que la empresa dispone de 15 días hábiles para presentar alegaciones al expediente.
Sendaviva deberá devolver de forma parcial más de 652.000 euros de las subvenciones recibidas por las obras realizadas en el parque, según ha explicado este miércoles 24 de junio la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, en una comisión parlamentaria.
El Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física ha fijado en 652.222,66 euros la cantidad reclamada a Parquenasa como reintegro parcial de las ayudas vinculadas a esas actuaciones en Sendaviva. La empresa dispone ahora de un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones.
Esnaola ha comparecido en el Parlamento de Navarra a petición de UPN y ha pedido “rigurosidad en el lenguaje y los términos” al abordar una cuestión que ha definido como sensible. La consejera ha señalado que su presencia se había solicitado como presidenta del consejo de NICDO, aunque ha remarcado que no tiene “nada que ver” con la toma de decisiones de Parquenasa.
La consejera ha recordado que Parquenasa es una sociedad mercantil con sus propios órganos sociales. También ha defendido que las decisiones sobre las obras de Sendaviva deben analizarse desde ese marco y no desde la responsabilidad directa que UPN le ha atribuido.
El origen del expediente se remonta a diciembre de 2025, cuando la Intervención General emitió un informe sobre la subvención concedida en 2023 a Parquenasa. En ese documento advirtió de un “riesgo de fraccionamiento indebido” de contratos, apreció “un incumplimiento parcial de la subvención” e instó al INDAF a iniciar un expediente de reintegro.
Esnaola ha explicado que existía una diferencia clara entre los criterios manejados por los distintos informes. Según ha indicado, tanto el análisis de una empresa externa como el informe del INDAF señalaban que no había fraccionamiento, mientras que Intervención sí apreciaba indicios y pedía actuar.
La consejera ha subrayado que la propia Intervención General reconocía que la ejecución material de las actuaciones se había realizado correctamente. Por ello, ha hablado de una “clara y evidente disparidad” en la interpretación jurídica de la ley foral de Contratos.
El primer expediente de reintegro parcial se inició el pasado 14 de abril. En ese momento, el INDAF fijó la cantidad a devolver por Parquenasa en 56.449,24 euros, al considerar que las actuaciones ejecutadas en Sendaviva eran independientes entre sí.
Ese informe sostenía que no existía un vínculo operativo entre las distintas obras que obligase a contratarlas de forma conjunta ni a ejecutarlas en un orden concreto. Sin embargo, también reconocía que las modificaciones de los contratos introducían condiciones que, de haber figurado desde el inicio, habrían obligado a acudir a un procedimiento abierto.
Por ese motivo, el INDAF propuso exigir la devolución de un porcentaje de los fondos coincidente con las facturas consideradas fraccionadas. La referencia utilizada fue la diferencia entre el precio de adjudicación de los contratos y el coste final de ejecución de los mismos.
La propuesta inicial no fue aprobada por el servicio de Intervención, que el 23 de abril de 2026 comunicó que no compartía esas conclusiones. En su reparo, consideró que las actuaciones realizadas por la beneficiaria alcanzaban de modo significativo el cumplimiento de la finalidad de la subvención, pero propuso elevar el reintegro a 652.222,66 euros, más los intereses de demora correspondientes.
A partir de ese criterio, el INDAF ha iniciado un nuevo expediente de reintegro parcial “exclusivamente” en cumplimiento de la propuesta planteada por la Intervención General. Ese expediente fue aceptado por Intervención y notificado a Parquenasa el pasado 18 de junio.
Esnaola también se ha referido a la petición de la Intervención para que el INDAF valorase una posible infracción por una eventual intención fraudulenta del beneficiario en la contratación de las inversiones analizadas. El organismo foral respondió que, al estar las contrataciones bajo procedimiento judicial, no procede iniciar ahora ningún expediente sancionador ni valorar posibles consecuencias sancionadoras.
Además, la consejera ha señalado que el INDAF llamó la atención sobre otro aspecto del expediente. Según ha explicado, la Intervención General no hizo mención a esa cuestión en su informe de omisión de fiscalización del 11 de diciembre de 2025 y sí lo hizo en el reparo de abril de 2026, sin aportar nueva información.
En el turno de los grupos parlamentarios, Javier Trigo, de UPN, ha acusado a Esnaola de haber perdido la oportunidad de dar un cambio de rumbo a este caso. También le ha reprochado que haya intentado “eludir responsabilidad” y “ponerse de perfil”.
Trigo ha sostenido que Parquenasa no tiene competencia para adjudicar contratos y que esa competencia corresponde al administrador general, NICDO, cuya presidencia ostenta Esnaola. Por ello, ha reclamado responsabilidades y la incoación de un expediente sancionador al afirmar que “no puede salir gratis defraudar”.
El socialista Ibai Crespo ha defendido la “transparencia” de Esnaola y ha pedido a UPN que pida disculpas a la consejera por haberle acusado de ocultar información. También ha puesto el foco en las “discrepancias notables” entre informes del mismo técnico sobre la subvención a Parquenasa.
Crespo ha indicado que en 2023 se señalaba que no se observaban deficiencias en el expediente, mientras que en 2024 se aludía al reintegro de las subvenciones. A su juicio, UPN no busca defender el interés público, sino desgastar al Gobierno de Navarra “a cualquier precio”.
Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha cuestionado la insistencia de UPN en incoar un expediente sancionador a una empresa que, según ha afirmado, sobrevive exclusivamente del dinero público. El parlamentario se ha preguntado si el objetivo es cerrar Parquenasa, ya que una sanción podría impedirle acceder a subvenciones durante un periodo determinado.
Araiz también ha preguntado a Esnaola si se ha valorado si Parquenasa va a alegar el informe y qué puede ocurrir en el procedimiento penal abierto. La consejera ha situado ese escenario dentro de los plazos y trámites que todavía debe recorrer el expediente.
Desde Geroa Bai, Blanca Regúlez ha señalado que existen opiniones contradictorias sobre si ha habido fraccionamiento en los contratos de las obras del parque. También ha criticado que a UPN le guste ser “juez y parte” en las cuestiones relacionadas con este Gobierno.
Regúlez ha defendido que habrá que esperar a que el asunto se resuelva penalmente para hacer valoraciones y determinar qué decisiones se toman desde el departamento. La representante de Geroa Bai ha situado el debate en el terreno jurídico y administrativo pendiente de resolución.
La parlamentaria del PPN, Maribel García Malo, ha evitado valorar el fondo de un asunto que está judicializado, pero sí ha cuestionado la responsabilidad política de Esnaola y de su departamento en la gestión del expediente. Ha criticado que durante este tiempo no se cuestionara el procedimiento seguido, sino que se avalara “una y otra vez” pese a conocer el criterio de la Intervención General.
Finalmente, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha defendido la obligación de esperar a que termine el proceso judicial antes de contemplar la incoación de un expediente sancionador. Garrido ha diferenciado entre una discrepancia de gestión sobre un posible fraccionamiento y una acusación de corrupción con intencionalidad para favorecer una adjudicación concreta.
