El Gobierno de Navarra ha escenificado este miércoles su enfado e intento de polémica con UPN por las posiciones y declaraciones críticas en torno a la llegada de 118 menores migrantes no acompañados a la Comunidad foral a lo largo del próximo año.
La vicepresidenta segunda, Ana Ollo, ha cargado con dureza contra el alcalde de Valtierra, Manuel Resa (UPN), por unas afirmaciones que ha calificado de “intolerables e inaceptables” y que, según ha dicho, “incitan al odio y a la violencia”.
Resa había señalado en una entrevista en una emisora de radio local que “los menas esos, los señoritos esos que tenemos aquí, nos cuestan 5.000 euros al mes”, añadiendo que “tienen todos los derechos pero ninguna obligación”. Ollo ha mostrado su “vergüenza e indignación” por esas palabras y ha advertido de que “su partido (UPN) algo tendrá que decir sobre unas declaraciones que fomentan el odio”. Además, ha asegurado que el Ejecutivo foral analizará si puede emprender acciones legales contra el alcalde por un posible delito de odio.
La polémica se suma al dictamen conocido este miércoles del Consejo de Navarra, que cuestiona la legalidad de las ayudas a la natalidad impulsadas por el Ayuntamiento de Valtierra, que exigen a uno de los progenitores llevar empadronado en la localidad al menos 20 años. El informe considera que esas ayudas plantean “serias dudas sobre su adecuación al ordenamiento jurídico” al discriminar a parte de la población. Ollo ha remarcado que el informe “ratifica lo que decía el Gobierno: se creaban ciudadanos de primera y de segunda”.
En paralelo, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha criticado la gestión del Ejecutivo de María Chivite, al que acusa de “generar inquietud” con el reparto de menores tras el “caos de Marcilla”. Ibarrola sostiene que la sobreocupación del COA en esa localidad ha provocado reticencias en otros municipios ante la llegada de los 118 jóvenes y denuncia la “falta de transparencia” del Gobierno de España sobre la distribución.
La líder regionalista ha pedido a la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, que aclare dónde serán alojados los menores, qué coste económico tendrá para Navarra y qué medidas adoptará para evitar problemas de convivencia. Además, ha exigido que se garantice el “adecuado acompañamiento e integración” de los recién llegados.
Ibarrola ha cuestionado también que Cataluña y País Vasco queden exentas de acoger más menores, lo que, en su opinión, demuestra que los criterios del reparto “se hicieron a medida” de esas comunidades. “Solidaridad, sí, como siempre lo ha sido Navarra, pero con orden, información y recursos”, ha sentenciado.
