El Gobierno de Navarra ha lanzado una campaña institucional para promover el euskera en plena matriculación escolar, con carteles que incluyen mensajes en árabe y que se han colocado en distintas localidades de la Ribera. La iniciativa, impulsada desde Euskarabidea, se presenta bajo el lema “Dales nuestro legado, dales euskera” y busca captar a familias con hijos menores en el momento de elegir modelo educativo.
La campaña ha sido defendida por el Ejecutivo como una acción para reforzar el “valor social y cultural” del euskera. La vicepresidenta Ana Ollo ha insistido en que la lengua es un “legado lleno de futuro” para las nuevas generaciones. Sin embargo, el contenido y el contexto de la campaña han reabierto el debate sobre la imposición lingüística y la estrategia del Gobierno para sostener una política que no logra traducirse en uso real.
La campaña tiene un coste de 75.000 euros y busca específicamente captar “vascoparlantes” entre niños de familias inmigrantes, con materiales dirigidos a colectivos árabes, rumanos y búlgaros. La presencia de cartelería en árabe en plena campaña de escolarización refuerza esa línea de actuación.
El giro no es casual. Llega después de que un informe elaborado por las propias ikastolas, con motivo del Nafarroa Oinez 2026, haya reconocido que lo que ellos llaman "normalización del euskera" no se ha logrado en Navarra. El documento admite que el uso social está “más lejos de lo que quisiéramos” y que los resultados “no son suficientes”.
Los datos que aporta ese informe desmontan el relato de éxito institucional. El uso del euskera apenas ha pasado del 5,9% en 1991 al 6,7% en 2021, una subida mínima en tres décadas. En varios municipios, incluso con presencia de ikastola, el porcentaje de población vascohablante no crece o retrocede, y en Pamplona permanece estancado.
Pese a ese balance, el coste de la política lingüística no ha dejado de crecer. El programa de Euskarabidea ha pasado de cifras modestas a más de 14 millones de euros anuales, y la suma de sus presupuestos desde 2015 supera los 105 millones de euros. Es decir, un gasto sostenido y creciente que no se corresponde con un aumento proporcional del uso social.
Con ese contexto, la campaña en árabe se interpreta como un intento de ensanchar artificialmente la base social del euskera ante la incapacidad de que crezca de forma natural entre la población. La estrategia se desplaza así hacia la captación de nuevos hablantes en colectivos donde el euskera no tiene arraigo previo, coincidiendo además con el momento clave de elección del modelo D en los colegios.
El mensaje institucional apela a la integración y al futuro, pero el fondo político es otro: tras años de gasto millonario y resultados limitados, el Gobierno intensifica la presión y la promoción para sostener un proyecto lingüístico que no despega en la calle. Y lo hace recurriendo a campañas específicas, financiadas con dinero público, en un contexto de escaso uso social y de cuestionamiento interno incluso desde el propio mundo euskaltzale.
La imagen de los carteles resume esa realidad. Mientras el Ejecutivo insiste en presentar el euskera como un legado compartido, los datos y las campañas revelan una política que necesita buscar nuevos hablantes allí donde aún no existen, para compensar un fracaso evidente en su implantación social.
