El pleno del Parlamento de Navarra ha convalidado este jueves, con el apoyo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai, el rechazo de UPN, PPN y Vox, y la abstención de Contigo, el decreto-ley foral de medidas extraordinarias y urgentes en materia de personal para la reducción de la temporalidad en las Administraciones públicas de Navarra.
A la medida se oponen la mayoría sindical de la administración foral, representada por los sindicatos Afapna, CCOO, ELA y UGT, que consideran que se está utilizando como "instrumento legal para modificar materias que nada tienen que ver con la temporalidad y que no hace más que recortar derechos" a los empleados públicos.
El decreto establece un periodo mínimo de permanencia de dos años en la plaza obtenida en un procedimiento selectivo de ingreso antes de poder acceder a una excedencia voluntaria, la simplificación administrativa en los procesos selectivos y de provisión, y mejoras en las modalidades de ingreso en Salud para incentivar la ocupación de plazas de difícil cobertura.
La consejera de Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha afirmado que los "esfuerzos" llevados a cabo por el Ejecutivo foral en esta materia "han sido eficaces, pero no suficientes" para "conseguir ese objetivo del 8%". "Al mismo tiempo, se ha constatado que diversos aspectos de la normativa regulatoria de los procesos selectivos y de provisión hacen que no sea de todo eficaz el procedimiento que estamos llevando a cabo. Hay situaciones administrativas que lo están impidiendo", ha señalado, tras considerar que este decreto-ley "puede ser la solución".
A su juicio, esta modificación normativa "permitirá, gracias a nuestra capacidad de autogobierno, dotar a la Administración foral de Navarra de las herramientas y mecanismos jurídicos necesarios para intentar alcanzar ese 8% de temporalidad". "Y lo hacemos a través de un decreto-ley foral, al concurrir una extraordinaria y urgente necesidad", ha subrayado.
Marta Álvarez, de UPN, ha afirmado que "no sé cómo no les da vergüenza" presentar "un texto sin debate, rechazado por prácticamente todos los sindicatos de la función pública". "Un atropello y un menosprecio a los empleados públicos es lisa y llanamente lo que la señora Chivite y su Gobierno han hecho al aprobar esta norma por la vía de urgencia, sin negociación, y a espaldas de la abrumadora mayoría sindical", ha dicho. A su juicio, "ni en la forma ni en el fondo tiene un pase esta norma". "Otra vez este Gobierno, abusando de una figura jurídica que solo debe usarse para supuestos de extraordinaria y urgente necesidad y que debe ser excepcional", ha criticado.
Por parte del PSN, Ainhoa Unzu ha advertido de que actualmente "hay un exceso" de excedencias voluntarias tras obtener una plaza fija, una situación que "se ha quintuplicado desde mayo de 2023". "Navarra sí ha reducido su temporalidad, ha pasado del 43% al 16% en tan solo tres años, pero lo cierto es que, pese a todos los esfuerzos que se han hecho, no hemos conseguido llegar a ese 8%", ha indicado. Según ha añadido, el PSN solicitará que el decreto se tramite como proyecto de ley para que esta medida sea también de aplicación en las entidades locales.
Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha afirmado que las medidas adoptadas hasta el momento "han demostrado cierta eficacia y han contribuido a la reducción de la temporalidad, aunque sin llegar a alcanzar un porcentaje tan reducido como el deseado". Por ello, "es necesario incrementar el ritmo de reducción" a fin de "acercarse al objetivo del 8%". Entre los argumentos que justificarían la "urgente necesidad" de modificar la normativa, ha destacado, entre otros, "la necesidad de introducir limitaciones a la concesión de excedencias voluntarias".
Desde Geroa Bai, Blanca Regúlez ha considerado que las medidas del decreto-ley van a suponer "un avance no solo en la reducción de la temporalidad, que va a más a más, sino que se van a ver mejorados algunos de los procedimientos de ingreso o concurso, y va a redundar en la calidad de los servicios que va a obtener la ciudadanía a través de la regulación, por ejemplo, de las excedencias voluntarias". "Estamos conformes con el fondo, pero sí que nos hubiera gustado que la tramitación se hubiera llevado a cabo a través de un proyecto de ley", ha subrayado Regúlez, que ha añadido que "nos hubiera gustado también que el consenso sindical hubiera sido mucho más amplio".
Irene Royo, del PPN, ha indicado que "podría llamarse decreto fraude, decreto trampa o decreto timo, porque con la excusa de reducir la temporalidad en la Administración toman una serie de medidas que vulneran los principios de mérito y capacidad y discriminan a los funcionarios", algo "inaceptable en un Estado de derecho". "Cuelan por la puerta de atrás métodos de admisión que más bien recuerdan a los procesos a dedo que a un proceso abierto en igualdad de condiciones de una oposición", ha subrayado, tras anunciar que solicitará la tramitación como ley para poder presentar enmiendas.
Desde Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha explicado la posición "ciertamente incómoda" de la coalición, "que nos ha hecho, además, tener una intensa reflexión sobre cómo debíamos posicionarnos, y que ha resultado en una abstención crítica", que se debe no tanto al contenido sino a la forma. "Esa transformación que requiere la administración pública o se logra mediante un diálogo social real o no se logrará", ha apuntado, tras añadir que "necesitamos que tanto Gobierno como sindicatos se escuchen, se entiendan".
Emilio Jiménez, del Grupo Mixto (Vox), ha comentado que "no podemos quedarnos de brazos caídos" ante "las brechas y necesidades" de la Administración y que "estamos a favor de buscar soluciones a esos problemas", pero "hay que hacerlo con seguridad jurídica". A su juicio, el texto "no ha sido trabajado ni negociado", y "no sabemos si se ha confeccionado de modo alevoso y desconocemos sus últimas razones". "Se está ante un fracaso y ante un error", ha dicho, tras añadir que "genera mucha incertidumbre" que "los sindicatos, exceptuando uno, muestren su rechazo al mismo".
