María Chivite y los partidos que sostienen su Gobierno han decidido llevar la huelga al Parlamento de Navarra para protestar por la crisis de vivienda que sus propias políticas no han conseguido resolver. La paradoja es evidente: las mismas formaciones que llevan años al frente de las instituciones forales han optado por suspender la actividad parlamentaria y sumarse a una movilización que reclama soluciones a ellos mismos, que son los que tienen la responsabilidad de gobernar.
La decisión se ha adoptado este lunes, cuando PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han acordado suspender la actividad del Parlamento de Navarra el próximo 11 de noviembre, coincidiendo con la huelga general convocada en defensa del derecho a la vivienda. La propuesta ha partido de EH Bildu y ha recibido el respaldo de todos los socios que sostienen a Chivite, mientras que UPN, PPN y Vox han votado en contra.
La convocatoria presenta una contradicción política difícil de ignorar. Los nacionalistas y luego los socialistas llevan 11 años gobernando Navarra, primero con su participación en el Ejecutivo de Uxue Barkos y después con María Chivite en la Presidencia desde 2019. Durante este periodo, las formaciones que ahora respaldan la huelga han tenido todas responsabilidades de gobierno en materia de vivienda.
Pese a ello, los partidos que respaldan a Chivite han decidido secundar una protesta que denuncia precisamente las dificultades de acceso a la vivienda. En lugar de limitarse a responder desde las instituciones por los resultados de sus políticas, han optado por trasladar la movilización al propio Parlamento, donde disponen de mayoría para impulsar medidas.
La decisión adquiere una dimensión todavía más política por el calendario. La huelga general se celebrará el 11 de noviembre, apenas 18 días antes de las elecciones generales del 29-N, con un Gobierno socialista también al frente de España. La movilización se producirá, por tanto, en plena campaña electoral, después de años de gobiernos socialistas tanto en Navarra como en el conjunto del país sin una sola movilización.
Esta circunstancia ha provocado una dura reacción de la oposición, que considera que los partidos gobernantes pretenden convertir una protesta por la vivienda en un instrumento electoral contra sus adversarios, eludiendo sus propias responsabilidades en una crisis que continúa sin resolverse.
El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha sido especialmente contundente con la decisión. A su juicio, la suspensión de la actividad parlamentaria demuestra que EH Bildu es quien realmente marca el rumbo de la mayoría que sostiene a María Chivite.
"Una muestra más de quién manda en el bloque de gobierno, quién marca las políticas, quién toma las decisiones", ha denunciado Esparza, quien ha acusado a los socialistas y a sus socios de aceptar las propuestas de EH Bildu sin cuestionarlas.
El dirigente regionalista ha asegurado que "esta es una huelga por motivos electorales, si no hubiera habido elecciones, no habría huelga". Además, ha advertido de que es la primera vez que el Parlamento de Navarra suspende su actividad ordinaria con motivo de una huelga general.
Pero su principal crítica se ha centrado en la responsabilidad política de los convocantes y de quienes han decidido respaldarlos desde las instituciones. "Se pretende responsabilizar a quien no gobierna de los fracasos de quien gobierna", ha afirmado Esparza.
"Gobierna el PSN, y es quien tiene que solucionar los problemas y, en lugar de eso, elige ponerse en la pancarta", ha reprochado el portavoz regionalista, que ha resumido la contradicción con otra frase: "Quieren gobernar y protestar como si gobernaran otros".
Esparza también ha cuestionado directamente el papel de la presidenta navarra. "¿Chivite no tiene ninguna responsabilidad ante esta huelga? Ahora no vale ponerse con la pancarta y que parezca que gobernaban otros", ha señalado.
La respuesta del Partido Socialista ha reforzado precisamente una de las críticas de UPN: el intento de dirigir el descontento social hacia los partidos de la oposición, pese a que los socialistas gobiernan Navarra y España.
La portavoz socialista Ainhoa Unzu ha defendido la suspensión de la actividad parlamentaria y ha asegurado que su formación está "absolutamente conforme" con la convocatoria. Además, ha sostenido que la movilización surgió después de que UPN, PP, Vox y Junts rechazaran en el Congreso los denominados decretos "Mari Carmen", relacionados con medidas de vivienda y alquileres.
Unzu ha atribuido a aquel rechazo parlamentario el origen de un supuesto "estallido social" que habría desembocado en la convocatoria de huelga. "Queremos darle fuerza a esa movilización social", ha manifestado.
Sin embargo, la explicación socialista ha dejado una cuestión política de fondo: si la huelga reclama soluciones a la crisis de vivienda, ¿por qué los partidos que gobiernan se presentan como parte de la protesta y no como responsables de ofrecer esas soluciones?
Preguntada expresamente por esta contradicción, Unzu ha insistido en responsabilizar a la oposición del bloqueo de las medidas estatales. Incluso cuando se le ha planteado si se trataba de una huelga contra la oposición, ha respondido que la protesta se dirige "en contra de ese bloqueo que la oposición hace para mejorar en avances sociales".
De esta manera, el PSN ha defendido su participación en una huelga general por la vivienda presentando como principal responsable a la oposición parlamentaria, mientras deja en segundo plano la gestión desarrollada durante los años en los que ha estado al frente de las instituciones.
La iniciativa para suspender la actividad del Parlamento ha partido de EH Bildu, la formación que sostiene parlamentariamente al Gobierno de María Chivite y que vuelve a situarse en el centro de una decisión política de la mayoría foral.
Su portavoz, Laura Aznal, ha explicado que propuso al resto de grupos progresistas participar en la movilización por la vivienda y que estos aceptaron. "Los derechos también sin duda se defienden en la calle", ha señalado.
Aznal ha justificado la decisión porque considera que la vivienda es "la primera preocupación de la ciudadanía navarra". También ha asegurado que cada parlamentario podrá decidir libremente si acude a trabajar durante la jornada de huelga.
La representante de EH Bildu ha añadido que su formación ha encontrado una fórmula para no percibir el dinero correspondiente a esa jornada. Como precedente, ha recordado que durante una huelga general feminista sus representantes donaron el importe correspondiente al movimiento feminista.
Por su parte, Pablo Azcona, portavoz de Geroa Bai, ha defendido la suspensión como "un gesto político" ante una demanda social. Ha insistido en que el Parlamento permanecerá abierto y que quienes quieran acudir a trabajar podrán hacerlo.
Azcona también ha tratado de desvincular la convocatoria de una protesta contra los gobiernos. "Las huelgas se hacen por reivindicaciones o necesidades sociales que a veces puedes acompañar desde los espacios políticos o no", ha explicado.
El portavoz del Partido Popular de Navarra, Javier García, ha calificado la decisión de "espectáculo político" y ha denunciado que los partidos que sostienen al Gobierno pretendan utilizar una huelga general para confrontar con la oposición.
García ha destacado que nunca se había producido una situación semejante en el Parlamento foral y ha relacionado directamente la suspensión de la actividad con la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre.
"Si no quieren venir a cumplir con su deber, que no vengan, con sus consecuencias económicas", ha afirmado el dirigente popular, quien ha reclamado que se descuente la remuneración correspondiente a los parlamentarios que decidan secundar la huelga.
El portavoz del PPN también ha advertido de un problema derivado de la suspensión de las sesiones previstas: al no celebrarse actividad parlamentaria, resultará más difícil comprobar quién ha ejercido realmente el derecho a la huelga.
Por ello, ha pedido que quienes participen comuniquen su decisión a los servicios económicos de la Cámara y asuman las consecuencias correspondientes. "Nosotros seguiremos ejerciendo nuestra labor legislativa en este Parlamento", ha asegurado.
También Emilio Jiménez, portavoz de Vox, ha cargado contra la suspensión de la actividad parlamentaria, que ha presentado como una decisión sin precedentes en la historia de la institución.
"Chivite y sus socios piden parar el Parlamento por una huelga política contra un problema que ellos mismos no han sabido solucionar", ha denunciado.
Jiménez ha criticado además que los representantes políticos decidan paralizar su actividad institucional para sumarse a una movilización por la vivienda. "Ya trabajan poco los parlamentarios como para ponerse en huelga, y se han puesto en huelga", ha censurado.
La suspensión afectará a las dos comisiones parlamentarias que estaban previstas para el 11 de noviembre, aunque la Cámara permanecerá abierta y los parlamentarios podrán acudir a sus puestos.
La decisión deja una imagen política especialmente significativa a menos de tres semanas de las elecciones generales: los partidos que sostienen a María Chivite han utilizado su mayoría parlamentaria para suspender la actividad institucional y respaldar una huelga por una crisis de vivienda que, después de años gobernando, tampoco han conseguido solucionar.
