El dictamen aprobado por PSN, EH Bildu y Geroa Bai apunta irregularidades procedimentales en algunos contratos, especialmente en la licitación del túnel de Belate.
La comisión de investigación del Parlamento de Navarra ha determinado este miércoles 10 de junio de 2026 que no ha quedado acreditada la existencia de prácticas corruptas en las licitaciones y adjudicaciones de obras analizadas durante las cuatro últimas legislaturas.
El dictamen ha salido adelante con las conclusiones conjuntas de PSN, EH Bildu y Geroa Bai, mientras que el resto de propuestas han sido rechazadas. El texto aprobado sostiene que no se han probado sobornos, comisiones ilícitas, conflictos de intereses ni acuerdos irregulares en los expedientes investigados.
La comisión de investigación ha estudiado durante casi un año las licitaciones y adjudicaciones de obras llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra o financiadas por el Ejecutivo foral. El informe será elevado ahora al pleno del Parlamento de Navarra, previsto para el próximo 18 de junio, para su debate y votación definitiva.
El documento aprobado integra las conclusiones generales suscritas por PSN, EH Bildu y Geroa Bai, así como las recomendaciones planteadas por estas tres formaciones junto a Contigo-Zurekin. Estas recomendaciones han sido rechazadas por UPN, PPN y Vox.
Las aportaciones presentadas por separado por los cuatro grupos tampoco han salido adelante. Tampoco lo han hecho las conclusiones de UPN, PPN y Vox, que han recibido el voto contrario de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.
El plazo para mantener las conclusiones rechazadas como votos particulares concluye este viernes, 12 de junio, a las 12 horas. Después, el dictamen seguirá su tramitación parlamentaria hasta llegar al pleno de la Cámara foral.
Según el informe consensuado, las comparecencias, la documentación examinada y el resto de actuaciones desarrolladas en sede parlamentaria no han aportado pruebas directas que permitan afirmar la existencia de prácticas corruptas. El texto se refiere tanto a responsables políticos como a funcionarios y empresas adjudicatarias.
El dictamen señala que no se han acreditado sobornos, comisiones ilícitas, conflictos de intereses o acuerdos irregulares dirigidos a alterar los procesos de contratación pública investigados. Esta es la principal conclusión política y parlamentaria del informe aprobado.
Sin embargo, la comisión de investigación sí ha constatado la existencia de “irregularidades y deficiencias procedimentales” en determinados expedientes. El caso más señalado ha sido la licitación de las obras de duplicación del túnel de Belate.
Entre esas incidencias, el informe menciona defectos formales en la tramitación, discrepancias sobre la aplicación de la normativa de contratación, reparos formulados por órganos de control y distintas interpretaciones jurídicas sobre el alcance de las irregularidades detectadas.
En el capítulo de recomendaciones, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han planteado medidas para reforzar la integridad, la transparencia y los mecanismos de control en la contratación pública de la Comunidad foral.
Entre las principales propuestas figura la aprobación de un Plan de Integridad en la Contratación Pública. También se ha planteado la modificación de la ley foral de Contratos Públicos para mejorar los procedimientos y evitar deficiencias en futuros expedientes.
UPN, por su parte, ha defendido en sus conclusiones rechazadas que los trabajos de la comisión han reforzado los indicios sobre la posible existencia de una trama de influencia y adjudicación irregular de contratos públicos. La formación ha vinculado esas sospechas a las empresas Servinabar y Acciona, en el marco de investigaciones que desarrollan la Guardia Civil y los órganos judiciales competentes.
Durante el turno de los grupos, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que “hay comisiones de investigación que nacen para investigar y hay otras comisiones parlamentarias que nacen para proteger”. A su juicio, han aumentado los indicios “que apuntan a posibles prácticas corruptas”.
Esparza ha sostenido que la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, tiene “una responsabilidad política clara en todo lo ocurrido, por acción o por omisión”. También ha afirmado que, “según la UCO, la trama investigada nace en Navarra y se articula desde relaciones políticas del PSN para luego expandirse por toda España”.
El socialista Javier Lecumberri ha señalado que el PSN está “muy satisfecho” porque, según ha defendido, se ha llegado a un punto en el que se puede afirmar que no se han hallado indicios de corrupción, injerencias o participación política en ninguna de las adjudicaciones.
Lecumberri ha acusado a UPN, PPN y Vox de sostener “mucho relato político” y “poco hablar de la comisión”. También ha señalado que no ha quedado confirmada ninguna de sus teorías y que siguen siendo “conjeturas” sin hechos concretos.
Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha explicado que, a la vista de los trabajos realizados por la comisión, “no se puede acreditar” la existencia de prácticas corruptas. Ha señalado que no se han aportado pruebas directas de sobornos, reparto de comisiones, apropiaciones de fondos públicos u otras conductas asociadas a la corrupción política o administrativa.
Araiz ha matizado, no obstante, que esta conclusión no impide constatar irregularidades y deficiencias en la tramitación de algunos contratos. En especial, ha citado la licitación del túnel de Belate, uno de los expedientes que más debate ha generado en el Parlamento de Navarra.
El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha insistido en que los trabajos de la comisión no han permitido acreditar prácticas corruptas por parte de responsables políticos ni de personal de la Administración foral. También ha defendido que la comisión ha sido útil para “arrojar luz” sobre actuaciones que habían generado preocupación social y política.
Azcona ha señalado que el objetivo de la comisión era confirmar hechos y no “alimentar indicios ni relatos interesados”. Con ello, ha defendido la posición de los grupos que han apoyado el dictamen aprobado.
El portavoz del PPN, Javier García, ha criticado la actitud del Partido Socialista durante la comisión. Ha afirmado que ha visto a un PSN “mucho más preocupado por defenderse políticamente que por esclarecer los hechos”.
García también ha cargado contra los socios del Gobierno foral, a los que ha acusado de actuar como “escuderos del Partido Socialista”. Además, ha mostrado su preocupación por el mensaje que, a su juicio, trasladan las conclusiones al “minimizar la gravedad de los hechos”.
Desde Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha destacado que es la primera vez en la historia de la Comunidad foral que la misma mayoría que sostiene un Gobierno impulsa una comisión de investigación. Ha rechazado los relatos políticos de la derecha, aunque ha reconocido que “no todo se ha hecho bien”.
Garrido ha señalado que existen comportamientos incompatibles con los principios básicos de la contratación pública y que deben corregirse. También ha apuntado que hay evidencias de una “falta de ética política” y también empresarial.
Finalmente, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha opinado que la investigación continuará “seguramente en otros foros”. Ha calificado la comisión como “un auténtico teatro” y ha criticado tanto al Partido Socialista como a los partidos que apoyan al Gobierno foral.
Jiménez ha acusado a esas formaciones de “arropar” al Ejecutivo y ha pedido la dimisión de la presidenta María Chivite. El dictamen aprobado por la comisión será debatido y votado de forma definitiva en el pleno del Parlamento de Navarra del 18 de junio.
