El Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente y acabó anulando la ley aprobada en Navarra por los socios del Gobierno foral.
Los grupos parlamentarios del cuatripartito (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra) han registrado este jueves una proposición de ley foral para el reconocimiento y la reparación de las víctimas de actos violentos de motivación política provocados por grupos de ultraderecha y funcionarios públicos.
En un comunicado conjunto, los cuatro socios de Gobierno han recordado que el Tribunal Constitucional "suspendió cautelarmente y posteriormente anuló a finales de julio de 2018 la anterior ley foral de reconocimiento y reparación a las víctimas de actos violentos de motivación política de grupos de extrema derecha y funcionarios públicos, aprobada en el Parlamento de Navarra en marzo de 2015".
Los cuatro grupos han rechazado "rotundamente" la decisión y han criticado que la sentencia "dejaba a estas víctimas absolutamente desamparadas y que, aun reconociendo su derecho a la reparación y reconocimiento, la sentencia, de facto, negaba el derecho a la verdad".
"Partiendo de esa base y de las dificultades jurídicas existentes, los cuatro grupos parlamentarios nos comprometimos a analizar todas las vías posibles para hacer efectivos sus derechos. Con ese objetivo, hemos estado trabajando intensamente durante los últimos meses, habiendo constatado los obstáculos impuestos por la sentencia del TC, pero con el firme compromiso de intentar sortearlos para que estas víctimas, que a día de hoy no ostentan oficialmente la condición de víctima ni son titulares de derecho alguno, puedan acceder al reconocimiemto y reparación que les corresponde con mayor seguridad jurídica", ha expuesto el cuatripartito.
Según han indicado los socios del Ejecutivo, la nueva proposición de ley es "el resultado del consenso alcanzado a lo largo de estos meses". Y han afirmado que son "conscientes" de que "el texto nace con una carencia fundamental, que es la impuesta por la doctrina del Constitucional, que impide avanzar en el derecho a la verdad y la asunción de responsabilidades".
"Una doctrina y un impulso político al que también responde", en su opinión, "la anulación por parte del TSJN de la subvención del Gobierno de Navarra a equipos universitarios para realizar estudios e informes sobre las torturas y otros hechos violentos provocados por grupos de ultraderecha o funcionarios públicos".
Para el cuatripartito, "en este contexto donde las limitaciones para sacar a la luz la existencia de este tipo de hechos y de estas víctimas son cada vez mayores, es más necesario que nunca dar un paso adelante y abrir un camino para intentar superar los obstáculos impuestos".
