POLÍTICA
Denuncian fraude, sobrecostes y uso irregular de dinero público en la construcción de VPO en Navarra
UPN considera que el Gobierno foral ha eludido controles y ha generado sobrecostes de hasta 40 millones en viviendas públicas.

UPN ha pedido responsabilidades a María Chivite por lo que considera irregularidades graves en la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) ejecutadas por Nasuvinsa, la empresa pública del Gobierno foral. Según ha denunciado el partido regionalista este lunes, el informe de Intervención del propio Ejecutivo navarro ha puesto de manifiesto "sobrecostes millonarios" y el incumplimiento de la normativa vigente.
En una nota de prensa, UPN ha calificado de “alarmante” el uso de dinero público para construir viviendas a precio de libre mercado, pese a estar destinadas a protección oficial. "Hacer vivienda de VPO a precio de vivienda libre es un engaño y un fraude", han denunciado.
El partido ha sido especialmente crítico con la labor de Nasuvinsa, a la que acusa de "ineficiencia" y de generar sobrecostes por valor de 40 millones de euros, eludiendo los controles habituales de la Administración. Según UPN, ese dinero podría haberse invertido en nuevas promociones de vivienda pública, especialmente en un momento en el que "la lista de espera está desbordada".
A su juicio, este caso refleja un nuevo episodio en el que el Gobierno de María Chivite “incumple las leyes” que rigen para todos los ciudadanos, lo que consideran “un desprecio” hacia ellos.
También han recordado que la consejera Begoña Alfaro advirtió hace unos días a los adjudicatarios de las viviendas del antiguo colegio Maristas de que no se concedería la calificación de VPO si el precio excedía los límites del módulo. UPN ve ahora una contradicción: “El Gobierno aplica exigencias a particulares mientras él mismo incumple las normas”.
Por todo ello, UPN ha registrado una solicitud de comparecencia de Begoña Alfaro en el Parlamento de Navarra. Quieren que explique los sobrecostes y las posibles irregularidades en estas promociones públicas, que según los regionalistas, “están pagando todos los ciudadanos”.