POLÍTICA
El gobierno de Chivite ocultó contratos de patrocinio del Navarra Arena al Parlamento
Una senetencia del TSJN obliga al Gobierno de Navarra a facilitar la información a UPN y le condena a pagar las costas.

El gobierno socialista de Navarra ocultó deliberadamente al Parlamento la identidad de los firmantes de al menos dos contratos de patrocinio con el Navarra Arena. A pesar de las reiteradas solicitudes de información por parte del parlamentario foral, Javier Trigo, el gobierno de Chivite se negó a facilitar dicha información.
Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha estimado el recurso interpuesto por UPN contra la denegación de esa información solicitada "para conocer la relación completa de las empresas y personas físicas firmantes de los 49 contratos de patrocinio del pabellón Navarra Arena llevados a cabo en 2024".
La sala de lo contencioso-administrativo de este tribunal declara que la ocultación de las personas que firman dos de los contratos vulnera el derecho fundamental a la participación política recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española y condena en costas al Gobierno de Navarra.
Así, concluye que “el demandante tenía derecho, en el ejercicio de su función de parlamentario foral, a obtener de la Administración Foral una respuesta completa sobre la documentación solicitada” y que “se ha producido una restricción ilegítima de los derechos y facultades” que le asisten.
Además, sentencia que la “Administración debió explicar por qué se niega a proporcionar una información a un parlamentario y qué perjuicios concretos se causan a la persona física que contrató con la Administración, o a esta misma, así como a los intereses generales, que deban prevalecer sobre el derecho fundamental afectado”.
La formación foralista ha denunciado que “se pone de manifiesto la voluntad del Gobierno de Chivite de no querer ser transparentes y entorpecer la labor de control de la oposición”. Y ha recordado que “no es la primera vez que los tribunales de justicia sacan los colores al Gobierno de Navarra por negar información y vulnerar derechos fundamentales”.