El
Consorcio de Residuos de Gipúzcoa (GHK) ha asegurado este viernes que "ha operado siempre con total
transparencia y
legalidad" en el
envío de lixiviados procedentes de la incineradora de Zubieta a Navarra.
GHK hace esta reflexión en un comunicado emitido hoy, después de que el pasado martes el
consejero navarro de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Navarra, José María Aierdi, desvelara que la empresa
Ecofert Sansoain había recibido ilegalmente lixiviados de la planta de incineración de residuos de Gipuzkoa, en concreto, 2.100 toneladas en 2022 y 3.400 más en 2023.
El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa ha defendido ahora su forma de proceder y ha recordado que el
Gobierno Vasco, "como único órgano ambiental competente en la calificación de los residuos" en su ámbito "avala la legalidad" de estas acciones.
Ha recordado en este sentido que el
Gobierno Vasco "respalda" su actuación en este asunto, sobre el que ya ha aclarado que la "codificación" de los residuos tuvo lugar "de conformidad con las directrices de la Unión Europea", si bien es preciso que también "en el
tratamiento de destino" se establezcan "
controles de aceptación por parte del destinatario" para asegurar que, "independientemente de su codificación, la
composición del residuo recibido es apta para el producto final y su uso".
Por este motivo, GHK insististe en que los "
controles de aceptación del tratamiento que realiza Ecofert son responsabilidad exclusiva del
Gobierno de Navarra" y su "
control e inspección le corresponden únicamente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente navarro".
Este consocio de residuos recalca además que los
lixiviados enviados "
no son ecotóxicos, como demuestran el origen del tratamiento biológico de los mismos y el análisis realizado".
Recuerda finalmente que "los lixiviados recibidos por Ecofert
provienen de diversas fuentes y no exclusivamente de Zubieta y que por lo tanto es erróneo atribuir la toxicidad únicamente" a esta planta.
