Era el jefe de una unidad en el prestigioso Hospital de Galdakao, pero el actual director gerente del Servicio Navarro de Salud, Jon Guajardo, le hizo la vida laboral "imposible". Así lo sostiene el propio médico, que asegura que toda la inquina procede de su negativa a participar en un "proyecto político, supuestamente voluntario, de cara a unas elecciones autonómicas".
Tras un calvario judicial del que salió victorioso, fue relegado a trabajar en un ambulatorio médico de Durango, aunque desprovisto de los medios imprescindibles para el ejercicio de la medicina. En esas condiciones se vio obligado a trabajar durante 10 años: aislado del hospital, sin pacientes y destinado a un espacio que define como un “cuartucho”, al que llega a llamar su “Guantánamo”.
Ese relato aparece en la carta inicial que el facultativo remitió al consejero de salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, tras conocer el nombramiento de Guajardo. Sostiene que el entonces responsable del hospital tuvo un papel “sumamente activo” en su “largo y brutal acoso laboral” y sitúa el aislamiento físico y profesional como una de las piezas centrales de ese hostigamiento.
La descripción del destino impuesto coincide con lo que posteriormente ha quedado reflejado en resoluciones judiciales ligadas a denuncias por riesgos laborales y condiciones de trabajo, en las que se detalla el tipo de espacio asignado en el ambulatorio de Durango y sus carencias.
El médico afirma que estuvo diez años confinado en el ambulatorio de Durango, el “más alejado del hospital”, a unos 20 kilómetros de su domicilio, sin que se le permitiera acudir al Hospital de Galdakao “para absolutamente nada” y sin función clínica real.
La sentencia vinculada al litigio por riesgos laborales recoge, dentro del relato del caso, que el destino se situó en una habitación destinada a almacén/office o vestuario y que en la puerta figuraba el rótulo de “Donantes de Sangre”.
El propio médico remarca que no se trataba de una consulta. Lo define como un “cuartucho” y sostiene que ese espacio funcionaba como una “burbuja de aislamiento”, con el objetivo de mantenerle “lo más aislado y alejado posible” del hospital.
La resolución judicial relacionada con la denuncia por riesgos laborales incluye una relación pormenorizada de carencias materiales en ese destino. Se menciona la ausencia de camilla para explorar, la falta de biombos para garantizar intimidad y la ubicación de la puerta “directamente al hall público de la entrada”, además de otras deficiencias vinculadas al equipamiento asistencial.
En esa misma línea, la sentencia recoge que el facultativo denunciaba que no contaba con enfermera de apoyo, que carecía de medios y que la situación le impedía desarrollar su actividad con normalidad.
El médico insiste en que, pese a seguir cobrando como jefe, permaneció sin actividad clínica real, sin pacientes y sin posibilidad práctica de atenderlos.
Uno de los pasajes más duros describe el cierre físico del hospital para el facultativo. Afirma que se llegó a cambiar la cerradura de su despacho en Galdakao para impedirle el acceso y que también se le anularon las claves informáticas, lo que —según sostiene— hacía “absolutamente imposible” atender a pacientes.
En el mismo texto añade que la mayoría de enseres del despacho eran suyos y que quedaron dentro. Asegura que no pudo recogerlos hasta cuatro años después, “de una sola vez” y “con vigilancia de un celador”, mientras empaquetaba sus cosas “en cajas de cartón”.
El médico no se limita a describir la falta de actividad. También relata episodios que presenta como humillaciones progresivas dentro del propio ambulatorio. Cuenta que, tras unas vacaciones navideñas, encontró que la mesa había sido sustituida por “una micromesa en la que apenas cabía un folio” y que la silla con apoyabrazos fue cambiada por “un simple taburete sin respaldo”.
Sostiene además que se realizaron cambios “cosméticos” tras advertencias técnicas, pero que el grueso de las deficiencias se mantuvo. También afirma que un perito en ergonomía llegó a calificar su situación como un ejemplo “clarísimo” de acoso laboral.
El relato incluye la pérdida completa del vínculo con su servicio y asegura que se le impidió volver al hospital, participar en sesiones clínicas, asistir a reuniones y desarrollar docencia, además de impedirle ejercer con normalidad su especialidad.
En la documentación judicial se recoge también esa idea de aislamiento: se describen limitaciones en el acceso al hospital, la imposibilidad de relacionarse con el entorno clínico habitual y la falta de un marco que justificara mantenerle en Durango en esas condiciones.
El médico sostiene que trasladó todo este historial al consejero de Salud por “deber cívico”, para que el Gobierno de Navarra conociera de primera mano lo que describe como un largo conflicto laboral con consecuencias judiciales. En la carta, el facultativo insiste en que no busca “protagonismo” ni compensación, sino que se valore el pasado antes de consolidar el nombramiento del gerente.
Navarra.com ha tratado de ponerse en contacto con Jon Guajardo, pero ha declinado hacer declaraciones a través de los responsables de comunicación de la consejería de Salud.
