El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha manifestado este viernes que la elección del exetarra Bixente Nazabal como miembro del Consejo de Administración de la empresa Sunsundegui "fue realizada de manera autónoma y conforme a la normativa vigente por las y los representantes del personal trabajador con acciones, quienes tienen el derecho a elegir su representación en el Consejo".
"Esta decisión no ha sido influida ni determinada en ningún modo por Sodena", ha aseverado.
En una comisión parlamentaria a petición de UPN, PPN y Vox, Irujo ha querido resaltar que "la prioridad para este Gobierno es trabajar en el futuro de Sunsundegui y en el futuro de sus trabajadores y trabajadoras". "En este sentido seguimos trabajando día a día por tratar de asegurar un futuro para esta empresa", ha comentado.
En cuanto a la legalidad del nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de Sunsundegui, ha afirmado que "todas las personas nombradas como administradoras del Consejo de la empresa Sunsundegui cumplen con los requisitos legales establecidos en la ley de Sociedades de Capital, ya que no se incurre en prohibición alguna de las marcadas por la norma y su nombramiento, por tanto, era ajustado a derecho".
"Prueba de ello es que el Registro Mercantil, revisada y comprobada la documentación de los nuevos nombramientos y al no advertir ningún tipo de prohibición que impidiera el nombramiento de alguno de los propuestos como administradores, procedió a darle validez y a inscribir debidamente el nuevo Consejo de Administración", ha añadido.
Según ha expuesto el consejero, "al margen del cumplimiento de los requisitos legales exigidos para poder ser nombrado administrador, debemos poner de manifiesto nuevamente que es la junta de socios de la empresa quien nombra a sus administradores".
"Esta cuestión resulta sumamente relevante, ya que serán los socios quienes nombren a los administradores, y en este caso concreto, este precepto adquiere una mayor relevancia ya que los trabajadores de la empresa tienen cerca del 40% de las acciones, lo cual les legitima para proponer candidatos y por supuesto, nombrarlos como sus representantes en el Consejo de Administración", ha precisado.
Ha explicado Irujo que "durante la toma de decisión del Consejo de Administración de Sodena de 25 de noviembre del 2023 no se consideró, en una primera instancia, que los trabajadores/as tuvieran presencia en el Consejo de Administración, si bien, se informó de que, al tener condición de accionistas, les correspondía disponer de representación". "En cuanto que accionistas, los trabajadores y trabajadoras de Sunsundegui tenían derecho a la elección de miembros en el Consejo de Administración", ha expuesto.
En su intervención, el consejero ha aclarado que "nunca he tenido relación, ni contacto con el señor Nazabal, a quien no conozco personalmente". "Es por tanto evidente, que el nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración responde y se ajusta a los diferentes requisitos exigidos por la ley y resultan válidos en cumplimiento del derecho que tienen los accionistas de la empresa a proponer y nombrar a los mismos", ha insistido.
Por ello, ha reiterado, "todos los nombramientos fueron realizados cumpliendo con lo establecido en la ley de Sociedades de Capital y respetando, de acuerdo a los porcentajes de los accionistas, el derecho de los socios a proponer y nombrar representantes en el Consejo de Administración, y a la validez otorgada por el Registro Mercantil aceptando la inscripción del Consejo de Administración, prueba del respeto mantenido a las normas legales correspondientes".
El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha considerado "una falta de respeto a las víctimas del terrorismo y a la sociedad navarra que Nazabal forme parte de un Consejo de Administración que está participado por el Gobierno de Navarra a través de Sodena". "Es inexplicable porque creemos que no ayuda y no contribuye absolutamente para nada a mejorar la posición de una empresa que además está en una posición delicada. Hay ocasiones en las que hay que plantarse, hay veces que hay que decir que no por decencia democrática, por respeto a la familia Ulayar, por respeto a la propia Sakana", ha dicho, para afirmar que "no se puede dar carácter de normalidad a lo que no es normal".
Desde el PPN, Maribel García Malo ha opinado que "no se trata de un tema menor" y "esta situación tiene importantes implicaciones desde el punto de vista ético y moral, político, incluso económico". A su juicio, "es inadmisible que la empresa donde el Gobierno de Navarra está poniendo mucho dinero a través de Sodena acepte que alguien con delitos de sangre a sus espaldas y que ha formado parte de la banda terrorista esté en un Consejo de Administración". "Ahí, la Administración se tiene que plantar", ha aseverado.
El parlamentario de Vox, Emilio Jiménez, ha señalado que "la legalidad debe ir unida a la moralidad". "Es una inmoralidad que metan e incluyan a un asesino; ahora se intentan lavar las manos hablando de legalidad", ha criticado, para rechazar que "ustedes lo ocultaron de entrada". "Es cinismo puro y duro", ha opinado, para preguntar si "Volvo rescindió su contrato con Sunsundegui" por este nombramiento y "si cree que este acto deleznable beneficia la marca navarra".
El socialista Javier Lecumberri ha señalado que "existe una legalidad vigente, nos guste o no", si bien ha remarcado que les da "asco" que este "personaje" esté en el Consejo de la empresa. "Nos guste o no la representación de los trabajadores que son accionistas, si cumple los requisitos legales, no se puede vetar", ha dicho, para exponer que "un grupo importante de los trabajadores intentó evitar que fuera este personaje quien les representara".
Ha manifestado que, no obstante, "no se puede pedir o exigir al Gobierno que realice acciones que legalmente no puede realizar como es vetar a un miembro elegido por un porcentaje de los trabajadores accionistas". "La actuación del Gobierno de Navarra es correcta", ha dicho.
Desde las filas de EH Bildu, Adolfo Araiz ha indicado, por su parte, que "el derecho de los trabajadores a elegir a sus representantes no se puede poner en cuestión" y ha defendido "el derecho al trabajo de cualquier persona, se llame Vixente Nazabal o se llame como se llame". "Después de 28 años, de una persona que ha salido de la cárcel están insistiendo que no tiene derecho al trabajo", ha criticado, para afirmar que a él le preocupa el futuro de Sunsundegui y "cómo vamos a buscar una solución".
Mikel Asiáin, de Geroa Bai, ha indicado que "no guste o no nos guste, ha sido elegido democrática y legalmente por los trabajadores de esa empresa, por un grupo trabajador mayoritario de esa empresa que fue quien eligió a ese señor para un puesto de una empresa privada que efectivamente recibe dinero público". Y ha añadido que "todas las personas nombradas como administradoras del Consejo de Sunsundegui cumplen con los requisitos legales establecidos en la ley de Sociedades de Capital".
Finalmente, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha afirmado que, en este tema, "hay dos debates, uno el ético y otro debate es más procedimental". "En cuanto al debate ético, podemos decir que no nos gusta un pelo el nombramiento del señor Nazabal", ha dicho, para preguntarse si se podía impedir y "yo creo que legalmente es complicado". "Si lo hubiera querido impedir, seguramente, hubiéramos tenido una crisis política, también jurídica, porque tengo mis serias dudas de que, a base de la legalidad vigente, lo hubiera podido prohibir", ha señalado.
LA REACCIÓN DE VOX A LAS DECLARACIONES DE IRUJO
El parlamentario de VOX, Emilio Jiménez, ha sido muy crítico con las declaraciones del consejero de Industria, Mikel Irujo, y del director general de la empresa pública Sodena, Iñaki Larraya, quien también ha hablado este viernes sobre la situación en Sunsundegui.
Juménez ha dado un toque de atención a esos dirigentes públicos por escudarse en esa legalidad para avalar ese nombramiento. “Nosotros también estamos de acuerdo con la legalidad, pero debe ir unida a la moralidad. Y es una inmoralidad que ustedes incluyan a un asesino en el consejo de administración. Han sido ustedes, y ahora intentan lavarse las manos. Lo ocultaron de entrada y hablan de respeto, sin embargo, les recuerdo que el código de conducta de las sociedades públicas habla de evitar cualquier conducta que pueda dañar la imagen y reputación. Ustedes destituyen al consejero administrador, imponen un nuevo consejo de administración y hablan de respeto a los procesos legales de la empresa. Eso es cinismo puro y duro”.
Para el parlamentario de VOX, “parece que el Gobierno de Navarra ha traspasado el umbral de las leyes morales. ¿Por qué fuerza le han llevado a incluir a este etarra asesino? Hoy hay casi 400 familias que todavía no saben quién mató a su familiar. E incluir en una empresa que se está ahogando, financiada con dinero público, a un asesino en su consejo de administración es la imagen que estamos dando a Navarra y a España”.
Por todo esto, Jiménez ha solicitado la dimisión de ambos directivos, “porque han perjudicado y mucho a Navarra”. Y ha apuntado también a la presidenta del Gobierno: “Consideramos que la presidenta Chivite, como presidenta del CPEN, también concurre en estos hechos deleznables”.
Desde la Agrupación Parlamentaria VOX se han preguntado dónde está el dinero de Sunsundegui. “Es un despropósito porque el largo itinerario de esta empresa no ha funcionado. Ha sido un grifo abierto de millones”, ha señalado Jiménez. “Fuimos los únicos que votamos en contra de la concesión del segundo préstamo. El informe de KMPEG hablaba de sobreendeudamiento y falta de tesorería. Y, viendo el historial de la empresa, con años de descontrol y despilfarro, Sodena firma por unanimidad la concesión de los préstamos. Se ha mantenido artificialmente a la empresa”, ha añadido.
Según el parlamentario, “ha habido negligencia por parte de Sodena, por parte de la consejería y seguramente por parte de la presidenta Chivite, que entiendo que concurre en culpa. Porque si empezamos a sumar millones seguramente alguien debe dar la cara y asumir responsabilidades, no políticas, incluso habría que mirar otras”.
LAB y la desindustrialización de Navarra
Por último, Emilio Jiménez ha lanzado un dardo al sindicato LAB, el sindicato abertzale vinculado a la banda terrorista ETA, como posible causa de la conflictividad en las empresas industriales en las que están representados en los comités: “No quiero entrar en las causas de la paulatina desindustrialización de esta zona, pero sí es curioso que en muchas empresas hay una representación de LAB; y a veces nos preguntamos por qué intereses están luchando”.