Duro rapapolvo en el pleno del Parlamento de Navarra a cuenta de la política de vivienda del Ejecutivo foral. El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha acorralado a la consejera Begoña Alfaro exhibiendo las "demoledoras conclusiones" del último informe de la Cámara de Comptos, que a su juicio certifica "una cadena de negligencias previsibles y decisiones sectarias" que han agravado la crisis habitacional en la Comunidad Foral.
Apoyándose en los datos oficiales del órgano fiscalizador, el representante regionalista ha denunciado que la oferta actual de vivienda protegida gestionada por el Departamento solo es capaz de cubrir un 3% de la demanda, dejando a un 97% de los solicitantes desatendidos a pesar de contar con ingresos laborales. "Por su empeño en no desarrollar planes aprobados, han privado a 20.000 personas de su derecho a una VPO", ha aseverado.
El choque más tenso de la sesión de control se ha producido al analizar el impacto de la declaración de las zonas de mercado tensionado y los topes a los precios del arrendamiento. Citando textualmente la página 54 de la auditoría de Comptos, Sánchez de Muniáin ha destacado que tras la aplicación de estas regulaciones los contratos de alquiler han sufrido un desplome del 44% en Navarra.
"Ya no se trata de las cifras de los portales inmobiliarios que ustedes despreciaban; ahora es el máximo órgano fiscalizador de Navarra el que constata el hundimiento de la oferta. ¿También van a decir ahora que la Cámara de Comptos trabaja para los fondos buitre?", ha recriminado el parlamentario a la consejera.
Durante su turno de palabra, el parlamentario de UPN ha repasado la lista de deficiencias administrativas señaladas por la auditoría, acusando al departamento de "desidia e inoperancia". Entre ellas, ha destacado que el Consejo de Navarra de la Vivienda se mantuvo inactivo entre 2020 y 2024 en plena escalada de precios.
A ello ha sumado la falta de actualización del registro oficial de solicitantes, la ausencia de fiscalización y convenios con las entidades sociales que gestionan pisos públicos, y el incumplimiento de las funciones del servicio de mediación para evitar desahucios e impagos hipotecarios. "Esta auditoría refleja que no estamos ante errores aislados, sino ante la historia de un fracaso social anunciado a voces", ha concluido.
