Tres semanas después de su propuesta de sanción, el Comité de Garantías y Disciplina de UPN ha ratificado la sanción de suspender de militancia a los diputados Carlos García Adanero y Sergio Sayas por no haber acatado la orden del partido de apoyar la reforma laboral de Pedro Sánchez y Podemos en el Congreso.
La suspensión de militancia es durante 2 años y 6 meses. Asimismo, les impone la sanción accesoria de inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo.
Javier Esparza negoció con Moncloa el voto afirmativo de los dos diputados de UPN, a los que se les ordenó que votaran sin conocer los detalles de las negociaciones, por lo que decidieron mantener su voto en contra. La reforma laboral se aprobó igualmente por el voto de un diputado del PP, que alegó haberse equivocado.
Sayas y Adanero presentaron alegaciones asegurando que su posicionamiento no contravenía ningún punto de los estatutos del partido que motivara la suspensión de militancia y mucho menos su expulsión, algo que propuso la dirección de UPN y que ratificó la Ejecutiva y el Consejo Político.
Sin embargo, el Comité de Garantías y Disciplina de UPN no ha tenido en cuenta estas alegaciones de los dos diputados y ha mantenido que lo ocurrido es una falta tipificada como "grave" en los estatutos, que contempla una suspensión de militancia de entre 1 y 3 años de duración.
Los dos diputados tienen ahora la posibilidad de recurrir la sanción de manera interna ante el Consejo Político si desean posteriormente llevar el caso ante la justicia ordinaria, algo sobre lo que ambos ya aseguraron que habrían en caso de que se mantuviera el fallo. Para ello tienen que hacerlo en el plazo de 10 días hábiles a partir de mañana miércoles.
Tanto Sayas como Adanero han mantenido que no habían incumplido los estatutos del partido y esa fue una de sus principales líneas de defensa en sus alegaciones. "No hemos ido en contra de los principios y valores de UPN, al revés, todo lo contrario, hemos defendido los principios y valores de UPN", mantuvo Adanero.
"Voy a ir a por todas para defender mi permanencia en el partido, es un partido en el que creo, es un partido en el que quiero seguir y creo que no hay ninguna razón que pueda justificar ni una expulsión, ni un cese de militancia, ni sanción de ningún tipo porque en ningún caso hemos incumplido los estatutos del partido", dijo Sergio Sayas cuando conoció la propuesta de sanción.
Según ha informado en un comunicado UPN, "las sanciones están previstas en el artículo 108.2 a) y b) de los Estatutos de UPN y corresponden a una infracción grave, que viene tipificada en el artículo 108.1 j)". En concreto, recoge que "cualquier actuación política que vaya en contra de las decisiones aprobadas por los órganos del Partido, y expresamente el incumplimiento del deber de voto oficial en las instituciones, establecido reglamentariamente".
Asimismo, el comunicado señala que la resolución del Comité de Garantías y Disciplina muestra que, “lo que resulta indubitado y, por lo tanto, probado, es que el Comité Ejecutivo acordó delegar en los cargos unipersonales de UPN la negociación y en su caso, acuerdo, con el Gobierno de España en relación con la postura del partido en la convalidación del Real Decreto-ley que modificaba la reforma laboral. Ningún miembro presente se opuso a dicha delegación”.
“Concluimos que el procedimiento para decidir la posición del voto de UPN en la convalidación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, cumplió con las exigencias estatutarias”, añade la resolución.
Además, para el Comité de Garantías y Disciplina, “queda probado que los diputados, Sres. Sayas López y García Adanero, en ningún momento informaron a la dirección de UPN de que su voto en la convalidación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, iba a ser negativo, contraviniendo así la postura oficial acordada por el presidente, vicepresidente y secretaría general, de votar afirmativamente la convalidación del Real Decreto-ley”.
“Entendemos que ha existido un ánimo por parte de los dos diputados de desobedecer la orden de votar afirmativamente, pero no sólo eso, si no que, además, decidieron votar de forma contraria el día anterior y no comunicar su decisión a la dirección de UPN”, concluye.
Respecto a la graduación de la propuesta de sanción y principio de proporcionalidad, el Comité de Garantías y Disciplina entiende que “nos encontramos ante una infracción de carácter grave y no leve, por el hecho de haber decidido ocultar la realidad del sentido de su voto a la dirección de UPN. Dicho extremo convierte la infracción de leve (art. 107.1 j) en grave, puesto que la ocultación de su decisión ha causado un evidente perjuicio público para UPN. Dicha decisión es imputable únicamente a los Sres. Diputados, pues podrían haber optado por comunicar su decisión, habiendo constituido en dicho caso una infracción leve”.
El Comité Ejecutivo de UPN ha pedido esta tarde de martes que se acate la decisión del Comité de Disciplina y ha rechazado “entrar en ningún tipo de provocación o confrontación interna".
“Se trata de un órgano independiente, que actúa con imparcialidad y cuya labor en este proceso ha sido acorde con lo que establecen los estatutos. El procedimiento se ha llevado a cabo de un forma rigurosa e intachable”, ha destacado UPN en un comunicado.
Los integrantes del Comité Ejecutivo han considerado que “se podrá o no compartir su decisión fundamentada y adoptada con base en los propios estatutos, en el Derecho, en la legalidad vigente y en la jurisprudencia y doctrina del Tribunal Supremo, pero debemos exigir respeto al conjunto de los órganos del partido, y en concreto, al citado Comité de Garantías y Disciplina, porque es lo exigible desde un punto de vista ético, legal y democrático en ésta y en cualquier organización”.
Asimismo, han subrayado que UPN "es un partido democrático que se rige según las normas, los procedimientos y el ideario aprobado por el conjunto de la militancia, desde el más escrupuloso cumplimiento de la legalidad. No vamos a permitir que eso se pongan en cuestión por actuaciones individuales y personalistas que contravienen la voluntad de la militancia democráticamente expresada y las decisiones de los órganos del partido sustentadas en esa voluntad”.
“Lamentamos profundamente que se insulte, se pretenda deslegitimar y se falte al respeto al presidente, a la dirección, al Comité Ejecutivo, al Consejo Político y al Comité de Garantías y Disciplina; en definitiva, a los órganos que emanan de la voluntad del conjunto de la militancia”, ha añadido.
Al respecto, ha rechazado “entrar en ningún tipo de provocación o confrontación interna; vamos a seguir defendiendo la unidad y el respeto dentro de nuestro partido”.
Cualquier miembro de UPN, destaca esta formación, "puede opinar libremente sobre la cuestión o materia que quiera" y por ello "hay cauces estatutariamente establecidos para manifestarse en libertad y sin imposiciones", pero también es un principio básico "respetar las normas que entre todos nos hemos dado" y "actuar en la actividad política y en el desempeño de los cargos públicos conforme a fundamentos legales, éticos y morales”.
En este sentido, ha resaltado que “la mentira y el engaño tanto al conjunto de la sociedad navarra y española como a los propios órganos del partido no son comportamientos aceptables en un partido como UPN”.
Finalmente, el Comité Ejecutivo de UPN ha mostrado su desacuerdo con las acusaciones vertidas contra el presidente del partido, Javier Esparza, a quien ha mostrado su apoyo y respaldo “en estos momentos en los que está en juego la credibilidad y la imagen pública de UPN”.
Así, ha concluido que “UPN cumple siempre la palabra dada, porque es un partido leal y responsable. Reivindicar el valor de la palabra dada y de la verdad en la actividad política es y va a ser nuestra guía”.
