El senador socialista Javier Remírez protagonizó uno de los momentos más destacados de la comisión de investigación del Senado celebrada el pasado 22 de julio, cuando decidió no formular ni una sola pregunta al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, citado para explicar su relación con la empresa Servinabar y los pagos que recibió durante dos años. Remírez justificó su postura asegurando que el grupo socialista confiaba plenamente en la honorabilidad del exalto cargo: " Creemos no solo en su profesionalidad, sino también en su honestidad", afirmó.
La intervención llamó la atención porque Fernández había sido convocado para aclarar los motivos por los que cobró más de 68.000 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023, además de retenciones por 40.800 euros en 2022, procedentes de Servinabar, la empresa vinculada al ex número dos del PSOE, el navarro Santos Cerdán, y al empresario Antxon Alonso, investigados en el Tribunal Supremo dentro del caso Koldo.
Durante la sesión, Fernández se acogió a su derecho a no declarar, lo que impidió obtener respuestas sobre su trabajo para Servinabar, sobre su relación profesional con Antxon Alonso y sobre las razones que le llevaron a incorporarse a una compañía de estructura mínima y con sede operativa en un pequeño despacho de la calle San Nicolás, número 1, en Pamplona.
La senadora de UPN María Caballero le preguntó expresamente si llegó a coincidir allí con otros empleados, entre ellos la pareja del parlamentario socialista Ramón Alzórriz, pero el exdirigente público mantuvo su silencio. También evitó pronunciarse sobre los motivos por los que recibió retribuciones de la empresa en plena investigación de la trama de comisiones.
La decisión de Javier Remírez de no interrogar a Fernández fue interpretada como un mensaje político dentro de la comisión, más aún porque el senador mantiene una relación de amistad con Santos Cerdán, figura clave en la estructura federal del PSOE y directamente vinculada a la sociedad Servinabar.
Antes de dar el salto a la política nacional, Remírez fue vicepresidente del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia, Justicia e Interior con María Chivite, etapa en la que consolidó su posición como uno de los dirigentes socialistas de mayor confianza interna.
Vicente Fernández fue nombrado presidente de la SEPI por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2018 y dimitió en 2019 tras quedar imputado en el caso Aznalcóllar, del que fue absuelto la semana pasada por la Audiencia Provincial de Sevilla. Su relación con Servinabar volvió a situarle en el centro de la atención política cuando se conoció que había percibido ingresos relevantes de la empresa en los últimos años.
El Senado buscaba aclarar la naturaleza de esa relación, pero la falta de respuestas de Fernández y la decisión del PSOE de no interrogarlo dejaron varios interrogantes sin resolver.
