UPN ha mostrado su "enérgico rechazo" ante la decisión del Gobierno vasco de conceder de manera "prematura" el paso al tercer grado penitenciario a presos por terrorismo, entre ellos, Mikel Arrieta, autor de cuatro asesinatos.
Desde la formación regionalista han advertido de que, "aunque el Gobierno vasco ha afirmado la legalidad del procedimiento, existen serias dudas de que esto esté siendo realmente así".
A este respecto, UPN ha recordado en un comunicado el caso de Unai Fano, "a quien la Audiencia Nacional había revocado la concesión del tercer grado al considerar que su carta de arrepentimiento tenía un propósito utilitarista, es decir, obtener el tercer grado, así como demostrar una tendencia a minimizar los delitos que había cometido".
"Menos de un mes después, el Gobierno vasco encuentra, en cambio, 'claras' sus muestras de empatía hacia las víctimas y le concede el tercer grado", han apuntado los regionalistas.
Además, desde UPN han hecho referencia al informe de la Guardia Civil, recientemente publicado, "según el cual se habrían producido estrechos contactos entre Instituciones Penitenciarias y el entorno de la izquierda abertzale para tratar el futuro penitenciario de terroristas presos y anticiparles los siguientes movimientos penitenciarios".
Así, UPN ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que "revise detalladamente toda la documentación de la concesión del tercer grado penitenciario a estos terroristas de ETA y se cerciore de que no se está produciendo fraude de ley y un trato de favor a dichos reclusos".
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, también ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que revise las progresiones de grado a presos de ETA concedidas por el Gobierno Vasco al entender que ninguno de los que han accedido al tercer grado "tiene intención de reinsertarse".
Covite ha hecho público un comunicado en el que explica que ha estudiado "detenidamente los casos de los ocho presos de ETA a los que el Gobierno vasco ha otorgado el tercer grado" y asegura que se trata de miembros de la banda terrorista "orgullosos de su pasado criminal y que cuentan con todo el apoyo logístico y propagandístico de la izquierda abertzale".
Han acusado al Gobierno Vasco de "mentir" por haber asegurado a la asociación "que sólo iba a conceder terceros grados a aquellos presos que tuvieran una clara voluntad de reinserción y de desvinculación ideológica de ETA, tal y como establece la Ley".
La presidenta del colectivo, Consuelo Ordóñez, recalca que nunca se han "fiado de las intenciones del Gobierno Vasco. "Mientras ETA mataba no querían ser carceleros y ahora que ETA no mata, nos temíamos que buscasen trampas y vías rápidas para que salieran de la cárcel en cuanto tuvieran la transferencia de prisiones. Este primer movimiento del Ejecutivo vasco no ayuda a que nuestras sospechas amainen", destaca.
Y agrega que confían "plenamente en el trabajo que está haciendo la Fiscalía". "Estamos tranquilos porque la última palabra sobre las progresiones de grado y las liquidaciones de condenas de los presos de ETA la tiene el tribunal sentenciador, es decir, la Audiencia Nacional, y no los gobiernos, ni el central ni el vasco", ha afirmado Ordóñez.
