La iniciativa de Alberto Catalán plantea cambios en el Estatuto del Empleado Público y en la Ley de Subvenciones para bloquear contrataciones dirigidas a menores cuando existan condenas por terrorismo.
UPN ha registrado este martes en el Congreso una proposición de ley para evitar que personas condenadas por terrorismo puedan ejercer trabajos en contacto directo con menores. La iniciativa ha sido presentada por el diputado navarro Alberto Catalán, quien ha defendido que la norma busca impedir que se repitan casos como el del profesor condenado por pertenecer a ETA contratado hace unos meses en un instituto de Tudela.
Catalán ha explicado que la sociedad debe garantizar que quienes hayan sido condenados por delitos de terrorismo no puedan ser contratados en ámbitos educativos ni ocupar puestos financiados con dinero público dirigidos a menores. Ha sostenido que estos perfiles resultan incompatibles con los valores democráticos y con el papel formativo que se desempeña ante niños y jóvenes.
La proposición plantea establecer en el Estatuto del Empleado Público un nuevo requisito para acceder a puestos, fijos o temporales, que supongan contacto habitual con menores: no haber sido condenado por sentencia firme por delitos de terrorismo recogidos en el Código Penal. La medida también equipara resoluciones judiciales firmes de otros Estados miembros de la Unión Europea.
El texto incorpora además una modificación de la Ley General de Subvenciones. Su objetivo es bloquear la financiación pública a proyectos o actividades destinados a menores cuando la persona beneficiaria, o entidades que contraten o subcontraten a dicha persona, hayan sido condenadas por este tipo de delitos.
Según ha señalado Catalán, la deslegitimación del terrorismo es un elemento clave en la educación de las generaciones presentes y futuras. Ha recalcado que “no resulta lógico encargar estas tareas a personas condenadas por delitos relacionados con el terrorismo”, aludiendo al impacto que tiene en la sociedad y, especialmente, en las víctimas.
UPN ha llevado esta iniciativa al Congreso después de que, el pasado abril, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin rechazaran en el Parlamento de Navarra las dos propuestas regionalistas destinadas a impedir que exetarras impartieran clase. Catalán ha pedido al resto de partidos que apoyen esta nueva proposición y ha lamentado la postura mantenida por el PSN, confiando en que el PSOE pueda reconsiderarla.
El diputado regionalista ha afirmado que UPN seguirá actuando con una “actitud propositiva” para abordar un problema que, según sostiene, preocupa “a una parte importante de la sociedad navarra”. Ha insistido en que la formación no renunciará a trabajar para evitar que se repitan “situaciones indeseables”.
Catalán ha concluido defendiendo que un historial vinculado a acciones terroristas debe inhabilitar moral y éticamente para impartir docencia. Ha criticado que la normativa actual no haya permitido impedir que personas con este tipo de condenas puedan estar ejerciendo la enseñanza, algo que considera contrario a la convivencia y “humillante” para las víctimas.
