El Gobierno de María Chivite ha decidido resolver el contrato de las obras de duplicación de los túneles de Velate, adjudicado a una UTE en la que participa la empresa Servinabar, vinculada al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. La decisión se ha adoptado mediante un “desistimiento expreso” de las partes, cuando los trabajos están ejecutados al 52 % y su finalización se retrasa hasta 2030.
La ruptura del contrato pone fin a una adjudicación de 62,8 millones de euros, 76 millones con IVA, concedida en diciembre de 2023 a la unión temporal de empresas formada por Acciona, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar 2000. Sin embargo, el Gobierno de Navarra todavía no ha aclarado cuánto costará completar la infraestructura ni qué consecuencias económicas tendrá esta decisión.
La adjudicación de Velate está incorporada a la investigación de la Audiencia Nacional sobre la presunta trama de corrupción del caso Koldo/Cerdán. Además, la Oficina de Anticorrupción de Navarra ha emitido un informe en el que considera que el procedimiento de adjudicación era nulo de pleno derecho.
El contrato también está marcado por la relación de Santos Cerdán con Servinabar. Según la documentación localizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el ex dirigente socialista ostentaba el 45 % de las participaciones de esta empresa.
La investigación judicial ha puesto el foco en posibles irregularidades en la contratación, entre ellas los problemas de custodia de las ofertas y la existencia de votos particulares de técnicos durante el procedimiento de adjudicación. También se ha investigado el destino de fondos de la UTE que terminaron en cuentas y tarjetas vinculadas a Cerdán y personas de su entorno.
Uno de los episodios más controvertidos ha sido el intento de aprobar un modificado de las obras por 8,5 millones de euros, que suponía un incremento del 11 % sobre el presupuesto. La Intervención General del Gobierno de Navarra formuló un reparo suspensivo al considerar que no se cumplían los requisitos legales necesarios.
Los servicios jurídicos también desaconsejaron el modificado. Pese a estas advertencias, se firmó una orden para continuar los trabajos conforme al nuevo proyecto, una decisión cuya responsabilidad política sigue sin aclararse.
En este punto, UPN ha exigido explicaciones al Gobierno de Chivite sobre quién autorizó la continuidad de los trabajos. Los regionalistas han preguntado si la decisión correspondió al consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, o a la propia presidenta del Ejecutivo foral.
Mientras tanto, las obras de los túneles de Velate llevan meses paralizadas y únicamente se ha ejecutado el 52 % del proyecto. La solución elegida por el Ejecutivo consiste ahora en extinguir el contrato mediante el desistimiento expreso, una fórmula a la que la UTE adjudicataria no se ha opuesto.
La resolución conlleva la puesta en marcha de un plan de cierre temporal de las obras y el inicio del plazo de garantía de tres años para los trabajos ya ejecutados. También deberá elaborarse la certificación final correspondiente a la parte de la infraestructura que se ha construido.
Una vez completados estos trámites, el Gobierno de Navarra tendrá que preparar una nueva licitación para terminar la duplicación de Velate. El horizonte de finalización se sitúa ahora en 2030, lo que supone otros dos años de retraso respecto a las previsiones anteriores.
La decisión tampoco ha despejado las dudas sobre el coste económico de la paralización y la futura contratación. A los millones ya adjudicados se suman las incógnitas sobre el precio de los trabajos pendientes, las posibles consecuencias de la resolución y el riesgo de nuevos procedimientos judiciales.
El presidente de UPN, Javier Esparza, ha cuestionado la decisión del Ejecutivo de María Chivite. “Resolver el contrato no resuelve el problema”, ha advertido, al tiempo que ha denunciado que “se sigue sin decir la verdad” sobre lo ocurrido con esta adjudicación.
Esparza ha exigido conocer cuánto costará todo el proceso, si la terminación de las obras supondrá un encarecimiento respecto al contrato original y si la resolución puede acabar judicializada. También ha recordado que UPN ya había reclamado explicaciones económicas cuando se paralizaron los trabajos.
Los regionalistas sostienen que aquellas preguntas siguen sin respuesta y reclaman al Gobierno de Chivite que detalle las consecuencias económicas de romper el contrato de una infraestructura estratégica para Navarra, cuya adjudicación continúa bajo investigación judicial.
