Las iniciativas para endurecer los requisitos de acceso y las obligaciones laborales vuelven a fracasar en la Cámara foral, donde los grupos mantienen importantes diferencias sobre el futuro de la prestación.
El Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves 29 de octubre las propuestas de UPN y PP para reformar la renta garantizada, una prestación que ha vuelto a enfrentar a los grupos políticos. Las dos iniciativas han sido tumbadas por la mayoría de la Cámara, mientras que Vox se ha desmarcado de ambas formaciones y ha reclamado directamente la supresión de la ayuda autonómica al considerar que duplica el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
El debate ha puesto de manifiesto las diferencias entre los partidos sobre el futuro de la renta garantizada en Navarra. UPN y PP pretendían endurecer las condiciones para acceder a ella y reforzar las obligaciones laborales de los beneficiarios, mientras que Vox ha defendido eliminarla como prestación independiente. Por su parte, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han rechazado las reformas planteadas.
Las dos proposiciones de ley ya habían sido rechazadas el curso pasado. Sin embargo, UPN y PPN han decidido volver a presentarlas después de que el Gobierno de María Chivite reconociera el pasado septiembre que no existía acuerdo entre sus socios para modificar la renta garantizada.
La propuesta de UPN planteaba que los solicitantes debieran encontrarse en situación administrativa regular y carecer de antecedentes penales por determinados delitos graves. También establecía un límite ordinario de tres años para cobrar la prestación.
Además, los regionalistas proponían que la cuantía de la ayuda disminuyera progresivamente con el paso del tiempo. Con ello pretendían evitar situaciones de dependencia permanente y favorecer la incorporación de los perceptores al mercado laboral.
Otra de las medidas consistía en hacer obligatoria desde el primer momento la participación en un programa personalizado de inclusión sociolaboral, con acompañamiento y seguimiento individualizado. La iniciativa incorporaba también nuevas obligaciones, entre ellas aceptar ofertas de empleo adecuadas.
La propuesta de UPN únicamente ha recibido el respaldo del Partido Popular. Han votado en contra PSN, EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y Vox, mientras que la parlamentaria no adscrita Maite Nosti se ha abstenido.
Por su parte, el PPN pretendía elevar de dos a cuatro años el requisito de residencia legal y efectiva en Navarra para acceder a la renta garantizada. Su proposición también establecía un itinerario obligatorio de inserción laboral coordinado entre el Servicio Navarro de Empleo y los servicios sociales.
Este recorrido incluiría acciones de formación o la posibilidad de acceder a ofertas de trabajo. Los populares planteaban que quienes rechazaran el itinerario de inserción o una oferta laboral dejaran de percibir la prestación.
La propuesta del PPN ha sido rechazada con los votos contrarios de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Los populares solo han conseguido el apoyo de Maite Nosti, mientras que Vox se ha abstenido.
El portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha aprovechado el debate para defender una posición diferente a la de UPN y PP. Su formación considera que la renta garantizada debería desaparecer como prestación autonómica independiente porque ya existe el Ingreso Mínimo Vital, de ámbito estatal.
Jiménez ha argumentado que mantener ambos sistemas supone una duplicidad administrativa y un consumo innecesario de recursos públicos. “¿Para qué queremos mantener dos sistemas de prestaciones que persiguen una finalidad similar? ¿Por qué seguimos creando estructuras autonómicas en lugar de simplificar el sistema y exigir que funcione?”, ha preguntado.
El portavoz de Vox ha afirmado que cada nueva estructura y cada procedimiento administrativo consume recursos que podrían destinarse a otras necesidades. En este sentido, ha recordado las dificultades de numerosas familias navarras para pagar el alquiler, afrontar la compra de alimentos o asumir gastos imprevistos.
La formación también ha criticado al Gobierno de Chivite por haber anunciado una reforma de la renta garantizada que finalmente no ha conseguido sacar adelante. Jiménez ha acusado al Ejecutivo y a sus socios de mantener un modelo que, a su juicio, presenta falta de controles y escasos resultados de inserción laboral.
Vox ha cuestionado que se sigan multiplicando los programas y las prestaciones sin garantizar que las personas que pueden trabajar accedan efectivamente a un empleo. También ha reclamado controles más rigurosos para verificar el cumplimiento de los requisitos y evitar un uso indebido del dinero público.
En materia migratoria, Jiménez ha advertido de que las políticas sociales no pueden diseñarse sin tener en cuenta la realidad de la inmigración. Ha señalado que determinadas decisiones pueden generar, a su juicio, un “efecto llamada” y ha defendido que las ayudas públicas prioricen a los españoles que las necesitan, siempre dentro del marco legal aplicable.
Frente a las iniciativas de UPN y PP, Vox propone suprimir la prestación autonómica separada y simplificar el sistema de protección social. También reclama que las ayudas estén vinculadas, cuando sea posible, a la formación, la búsqueda activa de empleo y el cumplimiento de obligaciones verificables.
La formación defiende además establecer consecuencias ante el fraude o los incumplimientos injustificados. Su planteamiento pretende, según ha explicado Jiménez, que las prestaciones favorezcan la recuperación de la autonomía personal y no se conviertan en una situación de dependencia permanente.
Respecto a la iniciativa del Partido Popular, Jiménez ha reconocido que algunas medidas de activación laboral y seguimiento pueden resultar útiles. Sin embargo, ha rechazado respaldar una reforma que mantiene la existencia de una prestación autonómica adicional al IMV.
Sobre la propuesta de UPN, el portavoz de Vox ha señalado que comparte parte de su diagnóstico acerca de la falta de controles y los incentivos insuficientes para trabajar, pero no la solución planteada. “Ustedes quieren limitar y endurecer la Renta Garantizada; nosotros queremos dejar de mantenerla como prestación autonómica independiente”, ha declarado.
Jiménez ha insistido en que la solidaridad debe acompañarse de responsabilidad, controles y obligaciones para quienes puedan incorporarse al mercado laboral. “La idea no es dejar a nadie sin comer, la idea es poner orden y que el dinero de los navarros sea bien gestionado, como gestiona cualquier ama o amo de casa”, ha señalado.
“No se trata de cambiar el nombre del sistema, sino de cambiar el rumbo de la política social. Y ese cambio empieza por dejar de mantener dos sistemas paralelos y por poner el esfuerzo, el trabajo y las necesidades de los españoles en el centro”, ha defendido.
La parlamentaria de UPN Raquel Garbayo ha explicado que su grupo ha vuelto a presentar la misma proposición porque “cree en lo que está defendiendo”. Ha criticado que se estén destinando importantes recursos públicos a la renta garantizada sin obtener resultados acordes con los objetivos perseguidos.
“Cuando no se consiguen los resultados, lo responsable es reconocerlo y corregir aquello que no está funcionando”, ha señalado. Garbayo ha defendido que está “más que demostrado que la renta por sí sola no acaba con la desigualdad”, por lo que considera necesaria una reforma profunda del actual modelo.
No obstante, UPN ha rechazado la iniciativa del Partido Popular porque, según ha explicado Garbayo, plantea “serias dudas” sobre el autogobierno de Navarra y las competencias exclusivas de la Comunidad foral en materia de servicios sociales.
El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que el éxito de las políticas sociales no debe medirse únicamente por el dinero que se invierte, sino por “las vidas que consigue cambiar”. Ha calificado el actual modelo de “fracaso” y ha considerado que su reforma es “más que necesaria”.
García ha reprochado al Gobierno de Navarra que prometiera modificar el sistema sin haber alcanzado un acuerdo para hacerlo. “Han vuelto a mentir a la sociedad navarra”, ha asegurado.
El parlamentario popular ha respaldado la propuesta de UPN pese a considerar que “se queda a mitad de camino”. A su juicio, incorpora algunas mejoras respecto a la legislación vigente, aunque no alcanza la profundidad de los cambios que propone su formación.
La parlamentaria del PSN Olga Chueca ha calificado la iniciativa de UPN de “clasista y discriminatoria” y ha acusado a los regionalistas de haberse “dejado arrastrar por la ultraderecha”.
Chueca ha reconocido, sin embargo, que es necesario reformar la renta garantizada para mejorar su eficacia, reforzar la inclusión y avanzar en la coordinación con el Ingreso Mínimo Vital. También ha defendido mantener la protección económica para las personas que realmente la necesitan.
“La reforma de la ley foral sigue siendo necesaria, pero desde luego no de cualquier forma y no cualquier reforma como la que nos traen hoy aquí”, ha señalado la parlamentaria socialista.
Desde EH Bildu, Javier Arza ha considerado que la propuesta de UPN se resume en crear inspectores, endurecer los requisitos de acceso y limitar a tres años el cobro de la prestación.
Arza ha asegurado que su formación apoyará las mejoras que permitan agilizar la ayuda, facilitar su compatibilidad con el IMV y reforzar el derecho a la inclusión. “No apoyaremos reformas que supongan un recorte de derechos y un debilitamiento en la capacidad protectora de la renta garantizada”, ha afirmado.
Por parte de Geroa Bai, Isabel Aranburu ha criticado a los partidos de derechas por intentar modificar el modelo sin aportar, a su juicio, razones suficientes. Les ha acusado de promover la idea de que “se dilapida el dinero” y de presentar a los perceptores como “una cuadrilla de vagos y maleantes”.
Aranburu ha asegurado que su grupo continuará defendiendo tanto la renta garantizada como el derecho a la inclusión y a la prestación económica. También ha reiterado su intención de seguir trabajando para reforzar la protección social que ofrece este sistema.
Por último, el parlamentario de Contigo-Zurekin Carlos Guzmán ha calificado la propuesta de UPN de “hachazo social” inspirado, según sus palabras, en el ideario más reaccionario de la extrema derecha.
Guzmán ha acusado a las formaciones de derechas de criticar duramente la renta garantizada y ha considerado que sus iniciativas dejan de lado el derecho a la inclusión y los procesos de intervención social que deben acompañar a las personas beneficiarias.
