Un joven acusado de participar en los disturbios ocurridos durante el Chupinazo de los Sanfermines de 2025 se enfrenta a una pena de prisión de 5 años y a la posibilidad de no poder estar en las fiestas de Pamplona en las próximas ediciones. La causa ha tenido un avance importante después del auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, que aprecia indicios de criminalidad para sentar en el banquillo a tres implicados por delitos de atentado, desórdenes públicos, lesiones y daños.
Los hechos, recogidos en el escrito de la representación de uno de los policías que ejerce la acusación particular, tuvieron lugar el 6 de julio de 2025, entre las 11:30 y las 11:45 horas, en las inmediaciones de la Cuesta de Santo Domingo a solo unos minutos de que se disparara el cohete anunciador de las fiestas de Pamplona. Según el relato recogido en el escrito, un grupo numeroso de personas actuó de forma coordinada y planificada con el objetivo de reventar el filtro de seguridad y acceder de forma violenta a la plaza Consistorial, en ese momento ya ocupada por miles de personas.
Según el texto, los participantes vestían de manera similar, con gorros blancos, gafas de sol y prendas con la ikurriña, con la intención de dificultar su identificación. Después de arrollar el primer cordón de la Policía Municipal, el grupo se enfrentó a una segunda barrera formada por la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, lo que generó una situación de riesgo evidente y de pánico en una zona que ya se encontraba abarrotada de personas para presenciar el inicio de las fiestas.
En el núcleo de la acusación figura la agresión sufrida por un agente de esta unidad policial. Durante el forcejeo, el principal acusado le habría propinado dos fuertes rodillazos a la altura de las costillas. A partir de ahí, y en un ambiente descrito como hostil por la presencia de una masa que profería insultos y trataba de impedir las detenciones, el agente sufrió cervicalgia, traumatismo en el hemitórax derecho y diversas escoriaciones.
Esas lesiones supusieron para el policía diez días de perjuicio personal básico. Además, durante la misma intervención resultaron lesionados otros dos agentes de la misma unidad. El escrito de acusación, dirigido por el letrado Guillermo Chaverri, enmarca estos hechos en un contexto de tensión originada por los radicales y que derivó en la actuación policial desarrollada en Santo Domingo.
La acusación particular califica lo ocurrido como un delito de atentado a agentes de la autoridad, un delito leve de lesiones y un delito de daños. Por el primero de esos delitos se solicitan tres años de prisión, mientras que por el delito de daños se reclaman otros dos años de cárcel y una multa de 24 meses con una cuota diaria de 25 euros.
La petición por daños se apoya en que, durante la agresión, el teléfono móvil particular del agente, un iPhone, cayó al suelo y quedó completamente inutilizado en su pantalla y en su cámara. La acusación también interesa la aplicación de la circunstancia agravante de uso de disfraz o de aprovechamiento de las circunstancias de la masa.
Más allá de la pena de prisión, la representación del agente ha solicitado una medida de especial: la prohibición de que el acusado acuda a las fiestas de San Fermín durante los próximos cinco años.
Para el juicio se han propuesto como prueba el visionado de las cámaras de seguridad y el testimonio de hasta once agentes de distintos cuerpos. También ha requerido al procesado la prestación de una fianza para asegurar esas cantidades, con apercibimiento de embargo en caso de no hacerlo.
Junto al principal encausado, el auto judicial ordena continuar también el proceso contra otros dos jóvenes identificados por agredir presuntamente a otros efectivos policiales durante esa misma actuación en la cuesta de Santo Domingo.
