• jueves, 16 de octubre de 2025
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SOCIEDAD

Convocan cuatro semanas de huelga en un centro hospitalario de Navarra: "Han impuesto un modelo de monopolio"

Según las trabajadoras, han sufrido pérdida de empleos, empeoramiento del servicio y mayor precariedad laboral en el último año.

Trabajadoras del centro Centro Hospitalario Benito Menni - Hospitalarias Navarra en una rueda de prensa anterior. ELA
Trabajadoras del centro Centro Hospitalario Benito Menni - Hospitalarias Navarra en una rueda de prensa anterior. ELA

Las trabajadoras del centro Benito Menni de Elizondo han iniciado una nueva fase de huelga que se prolongará hasta el 7 de noviembre, en protesta por el deterioro del servicio y sus condiciones laborales. Con esta convocatoria, el personal suma ya 88 jornadas de paro desde el inicio del conflicto con la Congregación de Hermanas Hospitalarias, entidad gestora del centro.

El conflicto laboral se remonta a hace casi un año, cuando la empresa, con el visto bueno del Gobierno de Navarra, decidió cerrar uno de los tres edificios del complejo sanitario. Según las trabajadoras, esta medida ha tenido consecuencias graves: pérdida de empleos, empeoramiento del servicio de salud mental y mayor precariedad laboral entre la plantilla.

Desde entonces, denuncian que la dirección de Hermanas Hospitalarias no ha querido reunirse con sus representantes para abordar las consecuencias del cierre ni para avanzar en la negociación del convenio colectivo. Tampoco el Gobierno foral habría intervenido para revertir la situación, pese a haber acordado con la empresa un nuevo uso para el edificio clausurado, una decisión que los sindicatos califican de “complicidad”.

Las trabajadoras consideran que el Ejecutivo navarro ha consolidado un modelo de monopolio en la atención a la salud mental, al otorgar la gestión exclusivamente a la Congregación de Hermanas Hospitalarias, priorizando —afirman— los intereses privados frente a la calidad asistencial y los derechos laborales.

En este contexto, el comité de empresa reclama una negociación real que permita revertir los efectos del cierre, mejorar las condiciones laborales y garantizar un servicio público de calidad en la comarca de Baztan-Bidasoa. Además, exigen que el Gobierno asuma su responsabilidad en la gestión de un servicio esencial financiado con dinero público y actúe para frenar la precarización y la despoblación en la zona.

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