El exconsejero del Gobierno de María Chivite investigado por varios delitos de corrupción, Manu Ayerdi, era conocedor de la situación inviable de la empresa Davalor cuando decidió inyectar el primer millón de euros de dinero público en 2015.
Así lo ha reconocido la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia (PNV), en una respuesta escrita dirigida por el Partido Popular a raíz de la aparición de vínculos de empresas del País Vasco implicadas en la deuda de Davalor y con el propio Ejecutivo dirigido por el mismo partido de Manu Ayerdi.
Hace unas semanas este periódico informó sobre las relaciones de empresas controladas por el PNV y Davalor, una de ellas, Vicomtech, impulsada por el actual presidente del partido nacionalista, Andoni Ortúzar. También aparecen como perjudicadas en la quiebra otras dos empresas vascas con vinculación con el Gobierno vasco: Tekniker y Elkargi, que junto a Vicomtech, suman más de 3 millones de euros volatilizados por la empresa Davalor, que buscaba desarrollar una máquina de medición de parámetros visuales que fuese capaz de diagnosticar y tratar problemas funcionales de la vista.
Manu Ayerdi, nada más llegar al Gobierno de Uxue Barkos en 2015, decidió entregar un millón de euros mediante un procedimiento de urgencia y sin respetar los criterios técnicos de Sodena, que concluían que era inviable invertir en una empresa que se encontraba ya cerca de la suspensión de pagos y de la quiebra.
Esa es la misma conclusión a la que había llegado la Sociedad Capital Riesgo del País Vasco (similar a Sodena en Navarra), a la que también recurrió Davalor para tratar de captar inversión pública y conseguir salvar su ya imposible situación financiera.
"La empresa navarra Davalor solicitó colaboración a través de la Sociedad Capital Riesgo para reforzar su estado de financiación, y una vez analizada esta solicitud, la SCR del Grupo SPRI no procedió a tal colaboración", ha reconocido la consejera Arantxa Tapia sobre lo ocurrido en el año 2015.
Pero el asunto no termina ahí, sino que el Gobierno Vasco ha confesado que Tapia, "al tratarse de una empresa navarra", llamó por teléfono a Manu Ayerdi para trasladarle la existencia de esta solicitud, así como la decisión que había adoptado el Gobierno vasco al respecto de no conceder ninguna ayuda.
Hay que tener en cuenta que Vicomtech, una de las empresas perjudicadas, está dirigida por Julián Glorez Esnal, a su vez marido de Arantxa Tapia, todos del mismo partido que Manu Ayerdi, PNV.
La duda que planea ahora sobre los populares del País Vasco es si hubo alguna relación entre las inversiones de las empresas vascas controladas por el PNV, la mala situación económica de Davalor y el dinero público entregado por el nacionalista Ayerdi a los pocos días de llegar al Ejecutivo navarro.
¿Por qué Ayerdi entregó más de 3 millones de euros en cinco préstamos si ya sabía la situación financiera de la empresa? El Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona ya investiga este caso tras la salida de Ayerdi del Gobierno y después de que el Tribunal Supremo haya remitido la causa hasta la Audiencia de Navarra, al dejar de estar aforada la persona investigada.
Hace unas semanas, Manu Ayerdi presentó su dimisión como consejero del Gobierno de María Chivite acorralado por la investigación judicial abierta y obligado por una Ley foral aprobada durante el periodo del Gobierno de Uxue Barkos, cuando él era vicepresidente.
La querella sobre el caso impulsada por UPN señala que Ayerdi, que era vicepresidente del Gobierno de Uxue Barkos y presidente de Sodena, concedió en septiembre de 2015 a Davalor un préstamo de 1.000.000 euros, sin respetar los procedimientos de control internos y los criterios analíticos de Sodena, pese a que conocía que dicha entidad no reunía las condiciones previamente establecidas para su concesión y que se encontraba en situación de insolvencia.
Asimismo, en la querella se asegura que Ayerdi, pese a ser conocedor de la falta de depósito de las cuentas anuales por parte de Davalor y de las deudas que la entidad mantenía con la Hacienda Tributaria de Navarra y con la Seguridad Social –determinantes éstas de la efectiva denegación de subvenciones en los años 2016 y 2017-, no sólo no instó el vencimiento anticipado del anterior préstamo, sino que procedió a conceder cinco nuevos préstamos a Davalor.
El primero, en diciembre de 2016, por importe de 400.000 euros; el segundo, en enero de 2017, por importe de 600.000 euros; y los tres últimos, concedidos los días 11 de abril, 26 de mayo y 31 de agosto de 2017, por importe de 200.000 euros cada uno de ellos.
La querella añade que Davalor en lugar de impulsar el proyecto que motivó la concesión del préstamo destinó el dinero a abonar una importante cantidad a un acreedor, así como a financiar necesidades urgentes e inmediatas derivadas de gastos de personal, cuotas atrasadas a la Seguridad Social y deudas de la sociedad. La entidad fue declarada en concurso, instado por un acreedor en julio de 2018, que fue declarado culpable por no haberlo solicitado en el plazo de los dos meses desde el conocimiento de la situación de insolvencia.
El consejero Manuel Ayerdi reconoció en una comparecencia pública en julio de 2018 que la decisión de invertir en Davalor obedeció a “una corazonada” y que tomó la decisión con un “carácter totalmente personal”.
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