La Fiscalía Europea ha solicitado al Supremo aclarar si en el caso Cerdán y Ábalos se investigan contratos financiados con dinero comunitario, lo que podría cambiar la competencia.
La Fiscalía Europea (EPPO) ha solicitado al Tribunal Supremo que aclare si en la investigación abierta contra Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García se están analizando contratos financiados con fondos europeos.
En un escrito remitido el 24 de septiembre, las fiscales Olga Muñoz Mota y Laura Pellón Suárez de Puga pidieron al magistrado instructor Leopoldo Puente que detalle “sin dilación” el objeto de la causa, identificando los contratos, adjudicaciones o subvenciones que se encuentran bajo investigación.
Recordaron además que, si se confirma que los fondos proceden de Europa, la competencia correspondería a la Fiscalía Europea.
Fuentes de la defensa de Cerdán han señalado que, de momento, el organismo no ha ejercido su derecho a reclamar el caso, aunque en caso de hacerlo el Supremo debería apartarse o plantear un conflicto de competencias. Esto podría fragmentar aún más el conocido como 'caso Koldo', que ya se instruye en varias sedes judiciales.
La investigación estalló en febrero de 2024, cuando la Audiencia Nacional ordenó registros en los domicilios de García y otros investigados en relación con contratos de material sanitario adjudicados en pandemia a una empresa vinculada al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.
En noviembre de 2024, el Supremo abrió causa a Ábalos por su condición de aforado, y desde entonces ha indagado en su papel, así como en supuestas contrataciones irregulares de su expareja Jésica Rodríguez en empresas públicas, aunque este asunto fue derivado a la Audiencia Nacional.
La instrucción se amplió en junio de 2025, tras un informe de la UCO de la Guardia Civil que apuntó a una presunta trama de comisiones ligadas a obra pública y situó a Cerdán en un “papel principal”. Desde entonces, el dirigente socialista permanece en prisión provisional, investigado por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
Ante la complejidad de la causa, el magistrado Puente decidió abrir una pieza separada dedicada a los presuntos amaños en obra pública, al considerar que esta parte se encuentra aún en una fase inicial, mientras que el resto de las pesquisas están próximas a cerrarse.
