Cinco años después de la pandemia, las cadenas de suministro siguen recolocándose y los bancos centrales lidian con una inflación que ha vuelto a despertar.
España no es ajena a ese viraje. El IPC subió al 2,3% interanual en junio, rompiendo tres meses de tregua inflacionista, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Mientras tanto, la búsqueda de refugios alternativos a las monedas fiat ha reavivado el debate sobre el papel de Bitcoin y el resto del ecosistema cripto en un mundo cada vez más fragmentado.
El modelo de globalización que dominó la década posterior a la crisis de 2008 perseguía la eficiencia extrema. Producir donde era más barato y enviar al mundo entero. Hoy la lógica es otra. Entre enero y abril de 2025, el 35% del gas que entró en el sistema español llegó de Estados Unidos, frente a poco más del 20% un año antes, según Enagás.
Al mismo tiempo, la cuota rusa cayó al 13,3%. El nearshoring no solo busca estabilidad energética, también protege a la industria de cuellos de botella como los vividos con los semiconductores o los fertilizantes. En este terreno movedizo, los inversores han ampliado su radar más allá del oro y de los bonos ligados a la inflación.
El interés por las nuevas criptomonedas, proyectos emergentes que prometen soluciones de pago, gobernanza o tokenización de activos, se ha disparado, alimentado por los rendimientos récord de Bitcoin y por la posibilidad de diversificar carteras sin pasar por el sistema bancario tradicional.
La fragmentación geopolítica también altera los flujos de capital. Un informe del Banco de España apunta que el 88% de la inversión extranjera directa (IED) que recibe el país procede ya de socios occidentales (Estados Unidos y la UE), frente a un 1,5% ligado a China y Rusia.
La lectura, por un lado, es que la economía española reduce su exposición a focos de riesgo. Pero por otro, crece la necesidad de puentes financieros neutros capaces de sortear tensiones comerciales. Ahí encajan los criptoactivos. España se ha convertido en el segundo mercado con mayor adopción de criptomonedas en Europa.
Quedando solo por detrás de Reino Unido, según datos de Chainalysis. No se trata solo de trading especulativo. Empresas de transporte y plataformas de freelance ya liquidan parte de sus operaciones en USDT o USDC para acelerar pagos internacionales, y hay proyectos-pilotos con contratos inteligentes que reducen costes de cobertura cambiaria.
El avance no pasa desapercibido para los supervisores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó sus directrices provisionales para aplicar el reglamento europeo MiCA, que entra en vigor escalonadamente hasta diciembre de 2025. Las nuevas pautas obligan a los proveedores de servicios cripto a advertir de los riesgos de inversión.
Y también a inscribirse en un registro público, so pena de sanciones de hasta 15 millones de euros. A falta de un marco fiscal homogéneo en la UE, Hacienda mantiene la tributación de plusvalías en el IRPF y exige declarar saldos superiores a 50.000 euros en criptoactivos mediante el modelo 721.
Un requisito que, paradójicamente, incentiva el traslado de operaciones a jurisdicciones con menor carga administrativa, reforzando la lógica de un mercado sin fronteras dentro de un mundo cada vez más parcelado. La fragmentación geopolítica añade otro matiz.
Las propuestas federales y estatales permiten a los Estados crear reservas estratégicas de Bitcoin, ya ha provocado trasvases de capital hacia la criptomoneda como cobertura frente a sanciones o bloqueos. En Europa, el mismo se observa en tesorerías privadas que buscan diversificar fuera de las divisas tradicionales.
Un estudio presentado por Binance muestra que la base de usuarios cripto en España ha pasado del 4% en 2022 al 9% en 2024. El perfil medio es un hombre de 26‑45 años, autónomo (44%) y con enfoque de largo plazo. El 74% declara mantener sus tokens más de un año.
Hay además el peso femenino, un 18 % del total, la tasa más alta de Europa. Y el hecho de que uno de cada cinco criptoinversores españoles destine más de la mitad de su cartera a estos activos, un porcentaje que no se ve en Alemania o Francia. Ese salto cuantitativo ha ido de la mano de un avance regulatorio que, aunque exigente, otorga certidumbre.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores publicó en junio sus primeras directrices MiCA. Registro obligatorio de los proveedores y advertencias explícitas de riesgo en cualquier campaña publicitaria.
El supervisor deja claro, además, que los criptoactivos con respaldo de commodities o algoritmos propios quedan bajo normas distintas a las e‑money tokens, reforzando la seguridad jurídica y favoreciendo la entrada de bancos como BBVA, pionero local en custodia y compraventa, o de fintechs españolas que ofrecen nóminas parciales en USDC.
