El anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2026 ha suscitado críticas tanto del sindicato LAB como de la Confederación Empresarial de Navarra (CEN), que, aunque desde enfoques muy distintos, coinciden en señalar carencias en el planteamiento del Gobierno foral.
Por un lado, LAB ha reclamado al Ejecutivo de María Chivite “corregir” unas cuentas que, a su juicio, “alejan a Navarra de Europa” en materia de sanidad y educación. Según el sindicato, el texto refleja una “falta de progresividad fiscal” que impide redistribuir la riqueza y fortalecer los servicios públicos.
LAB ha subrayado que el ingreso tributario previsto (19,18% sobre el PIB) queda lejos de la media europea, situada por encima del 26%, lo que supondría unos 1.880 millones de euros más para destinar a políticas sociales. Ha denunciado además que “los empresarios en Navarra pagan cinco veces menos que los trabajadores” a la Hacienda Foral, y ha alertado de los “discursos populistas de extrema derecha y empresariales” que, a su entender, “debilitan los servicios públicos”.
En materia sanitaria, LAB ha criticado que el gasto en salud (5,28% del PIB) siga bajando ligeramente, lo que “no responde a las necesidades de Osasunbidea”. En educación, aunque el aumento es del 2,97%, el sindicato considera que la inversión sigue siendo insuficiente: representa el 3,61% del PIB frente al 4,7% de la media europea. También ha exigido una “política industrial para la transición ecosocial” que priorice el empleo y la clase trabajadora, frente a lo que considera un uso de fondos públicos “para asegurar la rentabilidad del capital”.
En contraste, la CEN ha valorado que, pese a su carácter expansivo, el anteproyecto “no refleja de forma suficiente el papel clave de la empresa” en la creación de riqueza, empleo y bienestar. Ha recordado que el presupuesto alcanza los 6.741 millones de euros, un 4,8% más que en 2025, pero “solo el 3% revierte de forma directa en la empresa”, a pesar de que el tejido empresarial aporta “en torno a un tercio de los ingresos públicos”.
La patronal ha alertado del aumento del gasto en personal público, que ha crecido un 73% en diez años, y del gasto en empresas públicas, que se ha triplicado desde 2016. A su juicio, esto “dificulta la competitividad del sector privado” y evidencia la necesidad de una Administración “más ágil y eficiente”.
Pese a las críticas, la CEN ha valorado positivamente la mayor dotación en I+D+i, las inversiones en infraestructuras estratégicas —como la Segunda Fase del Canal de Navarra y la conexión ferroviaria con Landaben— y el aumento del presupuesto del Departamento de Industria (+40,9%). No obstante, ha advertido de que las ayudas a la inversión empresarial siguen siendo insuficientes y ha mostrado preocupación por el reparto de los fondos europeos MRR, que considera demasiado centrados en el sector público.
La organización empresarial ha pedido una política más “enfocada al impulso de la empresa”, incluyendo medidas como la cuota cero para nuevos autónomos para frenar la pérdida de trabajadores por cuenta propia. Su presidente, Manuel Piquer, ha defendido que “fortalecer a las empresas es la mejor forma de garantizar el bienestar de toda la sociedad navarra”.
