Las indemnizaciones por ataques de osos y buitres en Navarra han aumentado con una nueva Orden Foral del departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, que ha aprobado cuantías más altas y un procedimiento más sencillo para compensar los daños causados por fauna silvestre no cinegética en el ganado.
El Gobierno de Navarra ha explicado que esta normativa busca ordenar y evaluar de forma coordinada los daños provocados por este tipo de ataques. El objetivo es ofrecer un marco más claro, completo y seguro para las personas que trabajan en la ganadería extensiva.
La nueva regulación ha incluido los daños causados por grandes carnívoros, estén o no amenazados, como el oso o el lobo, aunque este último está actualmente extinto en Navarra. También ha incorporado de forma específica los daños del buitre leonado, con un procedimiento novedoso basado en la apreciación de indicios.
La Orden Foral ha integrado además los daños de otras especies silvestres protegidas, como el águila real. Con esta actualización, Navarra sustituye las normativas parciales que existían hasta ahora sobre daños provocados por estas especies.
Las indemnizaciones por ataques de osos y buitres se han actualizado al alza para compensar a quienes se dedican a la ganadería extensiva. El Ejecutivo foral ha destacado que Navarra cuenta con los importes globales más altos en comparación con comunidades y provincias con situaciones similares.
El nuevo sistema también ha previsto un procedimiento más ágil para cobrar las ayudas. Medio Ambiente ha señalado que se aplicará un modelo simplificado, parecido al que ya se ha probado con los daños causados por el oso.
Además, las personas titulares del ganado afectado contarán con el apoyo de profesionales del Guarderío de Medio Ambiente. Este acompañamiento será tanto sobre el terreno como en la parte administrativa de la tramitación.
Estas ayudas son una medida compensatoria que se activa cuando se produce un ataque. Sin embargo, el departamento ha recordado que también se han impulsado medidas preventivas a través de la PAC.
Entre ellas figuran la contratación de pastores de apoyo para el manejo de los rebaños, la instalación de cercados eléctricos, estructuras de pernoctación y dispositivos geolocalizadores. También se han incluido mejoras de espacios ganaderos, desbroces, arreglos de cabañas y sistemas de información como la web del oso.
La cuantificación de los daños tendrá en cuenta distintos factores. Entre ellos, el número de animales afectados, su especie, su aptitud, su edad y si la explotación había adoptado medidas de prevención para evitar o reducir el impacto de los ataques.
A partir de esos criterios, las indemnizaciones se calcularán en función del valor medio de mercado de cada ejemplar. También se tendrán en cuenta los gastos generados por el ganado herido o por los abortos derivados del ataque.
La normativa ha recogido igualmente el concepto de lucro cesante. Es decir, los beneficios que el animal habría aportado al ganadero si no se hubiera producido el ataque, tanto en carne como en producción de leche.
Otro de los conceptos incluidos está vinculado a la cantidad de trabajo necesaria para compensar los problemas generados en la gestión del rebaño. En este apartado entran situaciones como la dispersión de ejemplares, el estrés de las especies o el pastoreo de recuperación.
Esta categoría se aplicará únicamente a daños causados por grandes carnívoros y buitres. Los daños sufridos por instalaciones físicas de ganadería se seguirán indemnizando, como hasta ahora, en base a las valoraciones realizadas por los servicios técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente.
El Gobierno foral ha indicado que las cuantías de Navarra son las más altas en conjunto respecto a otras cinco comunidades autónomas o provincias próximas con casuísticas similares. La comparación excluye Galicia e incluye la Cornisa Cantábrica, La Rioja y Bizkaia.
También ha subrayado que las ayudas de Navarra tienen el ámbito más amplio en número de especies cuyos daños generan derecho a indemnización. Este respaldo económico pretende apoyar la ganadería extensiva, considerada clave para la conservación del medio natural y la biodiversidad.
El aumento de las cuantías es general. Además, las explotaciones que hayan integrado medidas de protección ofrecidas por la Dirección General verán incrementadas sus indemnizaciones en un 25%, con independencia del tipo de ganado afectado.
En el caso de los daños provocados por grandes carnívoros, un supuesto simple sin medidas de protección pasa de 441 a 613 euros, lo que supone un 39% más. Si la explotación cuenta con medidas de protección, la cantidad asciende a 718 euros.
En el supuesto más cuantioso de la tabla para esa categoría, la ayuda pasa de 2.775 a 4.328 euros. Esto representa un incremento del 55,9% respecto a las indemnizaciones anteriores.
En los ataques de buitres, Navarra y Bizkaia son las únicas provincias del entorno que admiten como indemnizables los ataques de estas aves. En este caso, el Ejecutivo ha señalado que las cuantías de la Comunidad foral son más altas.
Como ejemplo, para un ataque a una vaca pirenaica de 4 años con ternero, Bizkaia valora los daños en 2.486 euros. Navarra fija para ese mismo supuesto una indemnización de 3.237 euros.
El procedimiento comenzará con el aviso de la persona interesada, o de quien esta autorice, al Guarderío de Medio Ambiente. Ese aviso deberá realizarse en un plazo máximo de 24 horas desde la detección del daño.
La comunicación podrá hacerse llamando directamente al guarda de la demarcación del municipio. También se podrá contactar con la Central de Medio Ambiente en el teléfono 646 594 948 o en el correo [email protected].
La central atiende ambos canales de lunes a domingo, de 8 a 22 horas. Tras el aviso, el guarda desplazado al lugar ofrecerá ayuda al ganadero para rellenar el parte del incidente y realizar los trámites necesarios.
Por primera vez, en caso de ataques de buitre, el personal del Guarderío estará habilitado para colaborar en la búsqueda y comprobación de indicios suficientes. La plantilla ha recibido formación específica para estos supuestos, en los que suelen quedar pocos restos apreciables.
La persona afectada deberá formalizar por escrito la solicitud de indemnización ante la Dirección General en el plazo de quince días desde la detección del ataque. Para ello podrá contar de nuevo con la ayuda del Guarderío de Medio Ambiente.
Después, la administración estudiará la solicitud y la documentación aportada. Si procede, abonará la indemnización correspondiente; si la petición se considera insuficientemente acreditada, abrirá un plazo de 10 días para presentar más documentación.
En caso de resolución negativa, la persona solicitante dispondrá de un plazo de alegaciones de 15 días. Durante ese periodo podrá aportar nueva documentación antes de que se dicte una resolución final motivada.