La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que mantenga las penas a los condenados por el denominado 'caso Osasuna' al considerar probado que miembros de la Junta Directiva del Club Atlético Osasuna acordaron primar a los exjugadores del Betis Antonio Amaya y Xabi Torres para "alterar los resultados de la competición deportiva".
La fiscal Paloma Abad ha incidido en que en 2010 se introdujo el artículo 286 bis cuarto en el Código Penal para "valorar" y "proteger la limpieza y los valores que el deporte transmite" y ha subrayado que la sentencia del 'caso Osasuna' fue la primera en España que condenó por el delito de corrupción deportiva.
"Aquí los hechos a los que se refiere la sentencia son los correspondiente al pago de primas a terceros. No es un asunto de amaños de resultados que puedan perjudicar a las apuestas. No se trata de primas a sus propios titulares. Estamos hablando de primar a un tercero; es decir, de intervenir en el normal funcionamiento del resto de los equipos con una finalidad", ha dicho.
El Ministerio Público se ha pronunciado en el marco de la vista que se ha celebrado este miércoles en el Supremo para escuchar los recursos de ocho de los nueve condenados contra la sentencia de la Audiencia de Navarra.
La sentencia establecía que los dirigentes de Osasuna pagaron "un total de 650.000 euros" a los jugadores del Betis para "incentivar su victoria ante el Real Valladolid en la jornada 37 de la temporada 2013/2014" y para que se dejasen "ganar en el partido que les enfrentó contra Osasuna en la jornada 38".
En la vista pública, presidida por el magistrado Julián Sánchez Melgar, las defensas se han pronunciado en contra de la sentencia que dictó penas que oscilaron entre los 8 años y 8 meses de prisión y el año de cárcel por delitos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, falsedad contable y corrupción deportiva.
Las acusaciones ejercidas por el Club Atlético Osasuna y la Liga Nacional de Fútbol Profesional han coincido con el criterio de la Fiscalía y han pedido al Supremo que mantenga las condenas.
Al inicio de la vista, el abogado de Ángel Vizcay ha asegurado que su cliente debe ser absuelto porque con la condena del 'caso Osasuna' se vulneraron sus derechos fundamentales, incluidos el derecho a la tutela judicial efectiva y el de presunción de inocencia.
La Audiencia de Navarra impuso la condena más grave a Vizcay: 4 años y 3 meses por apropiación indebida; 2 años y 9 meses por dos delitos de falsedad en documento mercantil en concurso ideal con un delito de falsedad contable; y 5 meses por corrupción deportiva. En total, 8 años y 8 meses de prisión.
El letrado ha defendido que la motivación de la sentencia "no está fundada debidamente" y que, además, es "arbitraria y errónea en la valoración de la prueba". A su juicio, "no existe un delito continuado de apropiación indebida en cuanto a las pruebas" que recoge la resolución. Sobre este extremo, ha incidido en que "no puede ser condenado por apropiación indebida quien no se ha apropiado de nada".
Asimismo, ha denunciado una que "no hay una prueba suficiente de cargo" para vulnerar el derecho a la presunción de inocencia de Vizcay ni pruebas de que participara en el delito de falsedad documental que se le atribuye. Ha insistido, además, en que "por encima" del exgerente de Osasuna había "un directo general y una junta directiva". "El señor Vizcay era un instrumento ciego a las órdenes de sus superiores", ha dicho.
Al hilo, ha puntualizado que "si todo lo que se ha hecho ha sido en beneficio del propio Osasuna y no ha habido enriquecimiento, el Osasuna no debe ser indemnizado", como, a su juicio, tampoco debe serlo el expresidente del club Miguel Ángel Archanco.
En el marco de la vista, las defensas de los exjugadores del Betis Xabier Torres y Antonio Amaya han subrayado ante el tribunal que ninguno de los dos jugaron en los partidos que, según la sentencia, se amañaron. Ambos fueron condenados a un año de prisión y a dos de inhabilitación para la actividad de fútbol profesional por un delito de corrupción deportiva.
El abogado de Torres ha asegurado que se ha vulnerado la presunción de inocencia de su cliente y que se ha valorado la prueba de forma errónea. Ha insistido en que el jugador en diciembre de 2013 --meses antes de los hechos-- sufrió una "lesión muy grave" que le impidió jugar los partidos señalados. "No siendo autor del delito, porque no participó en ninguno de los encuentros, lo único que cabe es dictar una sentencia absolutoria", ha dicho.
El letrado de Amaya, además de subrayar que su cliente no jugó los partidos, ha incidido en que "no existe ninguna prueba de cargo", en que "no se pueden sacar certezas de meras sospechas" y en que "ni un solo testigo ha dicho que se amañó el partido".
El abogado también ha destacado las estadísticas deportivas. "Osasuna ni aun ganando tenía posibilidades de salvarse", ha dicho al tiempo que ha asegurado que el Betis jugó mejor. "No hay ningún amaño de partidos", ha añadido para luego preguntar "cómo va a ser un fraude primar por ganar".
La letrada a cargo de la defensa del entonces presidente de Osasuna Miguel Ángel Archanco ha alegado también una vulneración del derecho de su cliente a tener un proceso con todas las garantías.
Archanco fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión: 3 años y 8 meses por un delito continuado de apropiación indebida; a 2 años por un delito de falsedad en documento mercantil en concurso ideal con un delito de falsedad contable; y a 1 año de prisión por un delito de corrupción deportiva.
Su defensa ha asegurado que fue juzgado por un tribunal "elegido 'ad hoc'" que se constituyó de forma "opaca", por lo que, a su juicio, "no goza de la imparcialidad y la independencia que debía tener".
La defensa del entonces tesorero de la junta directiva Sancho Bandrés ha coincidido con este argumento y ha alegado también la vulneración del derecho de su cliente a un proceso con todas las garantías por el modo en el que fue elegido el tribunal que dictó la sentencia. El letrado, además, ha asegurado que "todo lo que en la sentencia se dice para justificar el delito contable son meras conjeturas".
Al margen, la abogada de Archanco ha manifestado que se produjo una vulneración de derechos al haberse permitido que la liga de fútbol interviniese en el proceso como acusación particular.
"No estaba legitimado", ha dicho, al tiempo que ha defendido que en caso de aceptarse su participación en el procedimiento debía haberse hecho bajo la figura de la acusación popular. "No es ni ofendido ni perjudicado por el delito de apropiación indebida, ni por la falsificación mercantil ni por corrupción deportiva", ha añadido.
La letrada ha insistido también en que la prueba por la que se ha condenado a Archanco ha sido "insuficiente e indebidamente razonada".
Por su parte, la defensa del exvicepresidente de la junta directiva de Osasuna Juan Antonio Pascual ha asegurado que se condenó a su cliente sin que existiera "prueba suficiente" de su participación en los delitos que se le atribuyen y ha incidido en que "no se puede permitir" que se le condene por pertenecer a la junta directiva del club.
Asimismo, se ha pronunciado el abogado del exdirectivo Jesús Peralta, quien ha reprochado que se haya tratado a su cliente igual que al exgerente del club que, según ha incidido, tuvo una "actuación autónoma". "El señor Peralta no podía extraer dinero de las cuentas. No tenía firma", ha dicho.
La defensa de la inmobiliaria Cristina Valencia también ha presentado recurso al considerar vulnerada su presunción de inocencia.
